Tribuna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Contra los desahucios, una segunda oportunidad

Hay que reformar las leyes para que el marco normativo sea justo y eficaz

El Partido Socialista considera imprescindible dar una respuesta definitiva para corregir los desequilibrios actualmente existentes en el ordenamiento jurídico español respecto al procedimiento de ejecución hipotecaria.

Un procedimiento en donde el deudor es la parte más débil al asumir desproporcionadamente las consecuencias de una asunción de riesgos, cuanto menos imprudente, por parte de las entidades financieras. Un procedimiento regulado en cinco leyes y que, fruto del estudio en profundidad realizado por la Comisión de Expertos del PSOE, ha derivado en la Proposición de Ley de Medidas contra el Desahucio, el Sobreendeudamiento y la Insolvencia que registramos el pasado 24 de octubre en el Congreso de los Diputados.

La crisis económica ha puesto de manifiesto que el desempleo, las circunstancias personales sobrevenidas y los desequilibrios jurídicos existentes provocan que muchas familias se vuelvan insolventes y no puedan hacer frente al pago de sus hipotecas, viéndose privadas de su vivienda y, en muchos casos, con una deuda pendiente de cancelar.

Las medidas adoptadas hasta el momento han sido insuficientes, lo reconocemos, pero reivindicamos el derecho a corregir errores y seguir trabajando. Por eso, hemos planteado una reforma en profundidad, que persigue un objetivo muy claro y se basa en un principio de justicia.

El objetivo es evitar que un cambio sobrevenido en tu situación personal (perder el empleo, un divorcio, una incapacidad laboral, una bajada importante de tu sueldo...) suponga la condena de perder la vivienda y cargar el resto de tu vida con una deuda inasumible.

No se trata de que la gente no pague sus deudas, sino de corregir los abusos que existen hoy en día en el cobro de las mismas

Y el principio es corregir los desequilibrios normativos a favor del acreedor (la entidad financiera) y en contra del deudor, de modo que las entidades financieras asuman también su parte de responsabilidad en la concesión de unos créditos que no debieron superar los análisis de riesgos.

La posición que ha defendido el Partido Socialista en la Comisión Negociadora ha sido la de intentar llegar a un acuerdo con el Gobierno que, por un lado, ofreciera soluciones urgentes para evitar más desahucios de la vivienda habitual a todas las familias vulnerables golpeadas por la crisis y, por otra parte, concretase el alcance y el objeto de las reformas legislativas necesarias para equilibrar los derechos entre el hipotecado y la entidad financiera.

El PSOE ha defendido que el real decreto se tramite como proyecto de ley, con el fin de seguir trabajando con el Gobierno en el desarrollo legislativo y poder incorporar las aportaciones de los demás grupos parlamentarios.

Los casos de las personas que han llegado a una situación de insolvencia por causa sobrevenida y se han visto privados de su vivienda y condenados a pagar una deuda de por vida son producto de una legislación injusta. Por tanto, en contra de lo que sostiene el señor Temboury en su artículo del pasado día 20 publicado en este periódico, es el marco regulatorio general el que está causando las situaciones particulares que queremos evitar. Situaciones que irán a más, dadas las perspectivas de alto desempleo a corto y medio plazo.

No se trata de que la gente no pague sus deudas, sino de corregir los abusos que existen hoy día en el cobro de las mismas.

Desde esa perspectiva, la proposición de ley del Partido Socialista ataca el problema de los desahucios desde tres frentes.

En primer lugar, establecemos medidas para equilibrar la posición del deudor con la del acreedor hipotecario respecto a las tasaciones de vivienda, los abusos en los procedimientos de subastas y los intereses de demora.

En segundo lugar, ampliamos las garantías contenidas en el Código de Buenas Prácticas convirtiéndolo en obligatorio para aquellas entidades de crédito participadas por el FROB y mejorando los requisitos para que más beneficiarios puedan acogerse a las medidas contempladas para la reestructuración de la deuda o la dación en pago y el arrendamiento de la vivienda objeto de dación.

Y, en tercer lugar, establecemos un procedimiento extrajudicial para dar una segunda oportunidad que permita al deudor seguir viviendo en su casa y renegociar la deuda, incentivando que los hipotecados y la entidad financiera lleguen a un acuerdo sensato, posible y realista que permita pagar la vivienda sin perderla. De esta forma, igualamos el derecho que tienen las empresas cuando entran en concurso de acreedores para poder hacer frente al pago de su deuda con el de las personas.

Nuestra propuesta es justa porque evita dramas sociales. Pero también es una propuesta solvente desde el punto de vista económico porque plantea soluciones para pagar las deudas y evitar el sobreendeudamiento futuro; para que nunca más se vuelva a producir una burbuja inmobiliaria y de crédito en España.

No se trata de una acción de caridad para situaciones excepcionales, se trata de reformar las leyes para que nuestro marco normativo sea justo y eficaz. Esta es la intención del Partido Socialista y seguiremos dialogando con el Gobierno y con la sociedad civil para conseguirlo.

Inmaculada Rodriguez-Piñero es secretaria de Economía y Empleo del PSOE.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS