Galileo y los terremotos

El 6 de abril de 2009 un terremoto de 6,3 grados en la escala de Richter sacudió la ciudad italiana de L’Aquila y mató a 309 personas. Siete días antes, la Comisión de Grandes Riesgos había tranquilizado a la población indicando que no existía peligro de un gran terremoto. Los siete miembros de esa comisión han sido ahora condenados a seis años de cárcel por homicidio culposo múltiple. La sentencia ha provocado alarma entre los científicos, pues la previsión de catástrofes naturales se mueve en un terreno siempre incierto, pero también entre los políticos: “Tienen razón los que dicen que el único precedente de esta sentencia es el de Galileo”, ha dicho el ministro de Medio Ambiente italiano, que no ha aceptado las dimisiones en la Comisión.

L’Aquila vivía bajo el temor de los temblores desde octubre de 2008. Al intensificarse la alarma, los responsables de Protección Civil decidieron reunir a la comisión en la propia ciudad. Lo hicieron durante 45 minutos, no emitieron informe alguno y tampoco ofrecieron los datos en los que se basaba su valoración. Ahora se ha sabido, a través de una conversación grabada, que el responsable de Protección Civil decidió reunir a la comisión con el propósito de tranquilizar a la ciudadanía.

La sentencia culpa por igual a los responsables administrativos y a los científicos. Pero habría que distinguir entre las funciones de cada uno. No es razonable que los científicos puedan ser sancionados por sus predicciones, a no ser que medie engaño o mala fe. El papel del científico es ofrecer a los políticos datos que les ayuden a tomar sus decisiones, según el conocimiento disponible. En ningún caso deben convertirse en chivo expiatorio. Pero tampoco deberían prestarse a maniobras propagandísticas. Es exigible que cumplan esa función con rigor, aunque la responsabilidad de que este tipo de comisiones funcione es de los políticos.

La sentencia puede tener consecuencias muy negativas. Los científicos siempre están dispuestos a aportar sus conocimientos, pero si de su colaboración puede derivarse una responsabilidad penal, se resistirán a hacerlo cuando no puedan ofrecer certezas. Otro efecto negativo sería que ante la posibilidad de ser imputados por no aquilatar bien el riesgo, los responsables de estas comisiones incurran en actitudes defensivas, recomendando medidas ajustadas al peor escenario posible con el fin de curarse en salud.