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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Comisario atrapado

Bruselas impone un alto nivel de integridad, pero necesita mecanismos más transparentes

La dimisión de un comisario europeo, el maltés John Dalli, no tiene precedentes en las instituciones europeas. Hay que remontarse a la renuncia del equipo completo de Jacques Santer, en 1999 y tras la negativa de la comisaria francesa Édith Cresson a dejar el puesto, para encontrar un caso lejanamente similar. Dalli, responsable de Salud, ha sido acusado por la oficina antifraude europea, OLAF, de permitir que un empresario amigo intercediera en su nombre para retocar el proyecto de endurecer la legislación antitabaco. La mera demostración de su pasividad, puesto que no se ha demostrado delito alguno, ha sido suficiente para que el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, haya podido forzar la caída del maltés.

Fue justamente el escándalo de la Comisión Santer el que posibilita ahora que Barroso pueda deshacerse de un miembro de su equipo. No obstante, los presidentes de la Comisión ni tienen la potestad de formar su propio equipo ni destituir a ninguno de ellos. A falta de una vuelta de tuerca que refuerce la representatividad —y por tanto el margen de maniobra— de las instituciones europeas, Barroso, como sus antecesores, debe aceptar al comisario que designa cada país y solo puede pedir la dimisión de uno de ellos. El Parlamento Europeo sí puede forzar la caída de la Comisión en su conjunto —no de un solo miembro— y vetar un nombramiento, lo que hizo con los candidatos Rocco Buttiglione, Ingrida Udre y Rumiana Jeleva.

La dimisión de Dalli es una demostración palpable del alto nivel de integridad que impone la UE. En tal sentido, hay que aplaudir la rápida y contundente reacción de Barroso en un momento de máxima tensión dentro del club por la crisis de la deuda; una crisis que está aumentando de manera preocupante la desafección ciudadana. Es importante mantener ese listón alto, pero también seguir ahondando en la transparencia de las instituciones. El secretismo con el que actúa la OLAF, por ejemplo, no es aceptable. No es lógico que esta pequeña crisis política la haya desencadenado un informe secreto del que solo hay información verbal a la prensa. Tal opacidad solo da lugar a la especulación —como acusar a la industria del tabaco de la salida de Dalli— y a extender la sospecha sobre un sistema de lobbys que funciona en Bruselas con total legitimidad y transparencia.

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