¿Otra vez asumir obligaciones sin discutir ni votar?

El Gobierno de Mariano Rajoy, que ya logró sustraer al Parlamento español el debate y la votación sobre el pliego de condiciones que acompañó al rescate bancario, intenta ahora reproducir la jugada y evitar que el Congreso pueda discutir o votar las condiciones que acompañarán la solicitud de una nueva línea de crédito preventiva, ahora de carácter general.

 Esta vez, el partido socialista tiene preparada una batería de protestas que pueden desembocar incluso en un recurso ante el Tribunal Constitucional. Esta vez, mantienen en el PSOE, se peleará hasta el final para evitar la vergüenza de que otros Parlamentos de países europeos (como sucedió en Alemania, Holanda o Finlandia) discutan un documento que afecta a la soberanía de España, mientras que los propios diputados españoles permanecen a oscuras.

La mayoría absoluta de que dispone el PP hace todavía más inexplicable la posición del presidente del Gobierno, porque el pliego de condiciones que acuerde con el Eurogrupo puede superar fácilmente cualquier trámite parlamentario. Su negativa a llevar el documento ante el Congreso y a aceptar el debate no está motivada, pues, por la inquietud que pudiera producirle una eventual derrota, sino exclusivamente por la voluntad de mantener el alcance de las obligaciones contraídas fuera del debate público y del conocimiento detallado.

Formalmente, en el rescate anterior, el debate se impidió alegando que no se trataba de un tratado internacional, que debe ser aprobado en el Parlamento, sino un MoU (memorandum of understanding), que es una fórmula distinta, que permite a los Gobiernos esquivar esa exigencia, siempre que reúnan determinadas condiciones legales, como que no supongan cesiones de soberanía.

En el rescate anterior, el debate se impidió alegando que no se trataba de un tratado internacional

Los expertos socialistas aseguran que precisamente en este nuevo caso no será posible recurrir a un MoU, porque las obligaciones pactadas afectarán a la soberanía española. “Si el Gobierno siguiera negándose a llevar el nuevo documento al Congreso, será importante presentar un recurso ante el Constitucional, de forma que sean los miembros del alto tribunal quienes abran ese debate y quienes dictaminen si es posible contraer obligaciones semejantes a las que creemos que va a pactar, sin pasar por el Parlamento”, explica Alfredo Pérez Rubalcaba.

A los socialistas les consta que el Gobierno ha intentado que este nuevo documento sea considerado una adenda del MoU anterior, pero que la Comisión ha rechazado ya esa posibilidad.

El PSOE está implicado en estos momentos en tres batallas electorales, en Galicia, en el País Vasco y en Cataluña (apoyando al PSC). Es posible que sea el voto gallego el que más le inquieta, no por sus propios resultados, sino por la importancia que atribuye a arrebatar la mayoría absoluta al PP e impedir que una eventual victoria de Núñez Feijóo pueda ser presentada como la convalidación de la política de recortes.

Al margen de los tres comicios, los socialistas buscan urgentemente espacios de confrontación política con el Partido Popular que no sean exclusivamente los relacionados con la tensión social en las calles.

La necesidad de revitalizar la vida parlamentaria y de denunciar los intentos del Gobierno por escapar del escrutinio del Congreso es uno de esos espacios posibles. Otro sería la gestión del llamado “banco malo”, la entidad a la que van a ir a parar centenares de hectáreas de suelo sin construir y de suelo construido.

La manera en la que se valoren esos activos y la forma en la que actúe ese banco tendrán importantes repercusiones sociales, que el PSOE quiere poner de relieve ante la opinión pública. Las repercusiones no serán las mismas según el precio al que los bancos afectados puedan vender esos pisos y solares. “No será lo mismo tampoco poner a su frente a gestores empresariales despiadados que a gestores públicos”, mantienen los responsables del PSOE. Lograr atraer la atención de los ciudadanos sobre estos asuntos es una tarea fundamental, aseguran en la oposición.