Demasiadas dudas

La comparecencia de los ministros de Hacienda y Economía, Cristóbal Montoro y Luis de Guindos, al término del Consejo de Ministros que aprobó los Presupuestos para 2013, no despejó las serias dudas que existen sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria de este año y el próximo. Guindos anunció un programa de reformas para los próximos meses cuyo propósito es aumentar la competitividad de la economía, pero no pasó de la declaración, y hoy es imposible saber si tendrán algún efecto dinamizador sobre la economía. Las dudas presupuestarias nacen de la evidente infravaloración que hace el Gobierno de los efectos de la crisis sobre las cuentas públicas y de la distancia entre la enorme cuantía del ajuste que es necesario ejecutar para conseguir un déficit del 4,3% sobre el PIB en 2013 y las medidas de recorte del gasto y aumento de ingresos planeado en el presupuesto.

Que el Gobierno subestima el impacto de la crisis se demuestra en el cálculo de crecimiento para el año próximo (-0,5%), una “suave desaceleración”, según Montoro. Es más probable que la contracción del PIB se aproxime al 1%, en cuyo caso las previsiones de empleo y de ingresos fiscales, poco realistas incluso con la hipótesis de -0,5%, sencillamente se desvanecerán. De hecho, la primera duda, que puede condicionar la estrategia presupuestaria, la de estabilidad financiera y la de negociación con Europa, es si el déficit bajará en 2012 hasta el 6,3% del PIB; es posible que acabe incluso hasta un punto por encima de esa cifra.

El problema para Hacienda es que las previsiones de contracción del gasto quizá puedan concretarse a duras penas, pero las previsiones de crecimiento de ingresos son muy dudosas, debido a la recesión, al recorte de gasto público y a que el margen de maniobra tributario convencional está agotado. De las nuevas medidas tributarias que presentó ayer Montoro, apenas el límite de amortización en el impuesto sobre sociedades dará algo de oxígeno al Gobierno. El cálculo de recaudación por el resto de medidas es voluntarista. El Gobierno debería recurrir a la supresión de un grupo amplio de deducciones; pero como esta decisión tiene un coste político elevado, se retrasará hasta que la fuerza de los hechos la haga inevitable.

El Presupuesto de 2013 refleja además un hecho devastador y alguna inconsecuencia política. Los gastos financieros aumentarán el año próximo en 10.000 millones, hasta llegar a los 38.000 millones. Esta cantidad define con precisión abrumadora el coste de la desconfianza de los mercados sobre la deuda española y bloquea cualquier acción pública para estimular la economía. En cuanto a la inconsecuencia, se manifiesta en dos decisiones fundamentales. Se ha decidido subir las pensiones, a pesar de que hay un compromiso de mantener el gasto en prestaciones sociales en el 15,9% del PIB; al mismo tiempo, se anuncia que se recurrirá al Fondo de Garantía de Pensiones para hacer frente al gasto asumido. No parece una política prudente y, en todo caso, confirma que el compromiso con la estabilidad presupuestaria está subordinado a los intereses electorales. Lo mismo cabe decir de la congelación de sueldos de la Administración al tiempo que se restituye la paga de Navidad en 2013. La política de recortes en pensiones o en sueldos de funcionarios podría quizá haberse evitado con una gestión mejor de la crisis; pero si el Gobierno la acepta como la única solución, debe aplicarse con coherencia.

La escasa información facilitada ayer no parece suficiente para tranquilizar a los mercados y a los ciudadanos. Quizá mejore cuando las medidas se conozcan en detalle; pero, por el momento, ratifican la impresión de que las políticas de ajuste tienen unas probabilidades de éxito limitadas y que no existe el mínimo indicio de una estrategia de recuperación.