Hacia el rescate suave

Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), dejó claro ayer que la entidad no comprará deuda ni aplicará “otras medidas no convencionales” si los países en apuros de solvencia no lo solicitan previamente al Fondo de Rescate Europeo; es decir, si no aceptan una condicionalidad macroeconómica de mayor o menor intensidad como contrapartida a la intervención del BCE. No es extraño que las palabras de Draghi provocaran una convulsión en los mercados (el Ibex cayó el 5,14% y la prima de riesgo española volvió a rondar los 600 puntos) porque de ellas se desprende que, en el futuro, queda cancelada la compra de deuda si no media petición de rescate. En este caso, no se trata de un rescate como el de Grecia, Portugal o Irlanda, sino de la imposición y aplicación de condiciones macroeconómicas estrictas que, en función de lo que se negocie con cada país, podrían implicar la pérdida de autonomía de la política económica nacional.

El Consejo del eurobanco aplicó ayer un doloroso correctivo a quienes suponían que la institución estaba dispuesta a intervenir masivamente y de forma inmediata en el mercado de la deuda para reducir el diferencial asfixiante de la deuda española e italiana respecto de Alemania. La presión del Bundesbank, celoso guardián de la esencia antiinflacionista del BCE, ha impuesto su modelo unidimensional: ajuste del déficit y compra condicionada en el mercado de deuda. Draghi, si acaso, introdujo un pequeño resquicio de flexibilidad (probablemente mal visto por Alemania), al anunciar que “reconsiderará” la preferencia de la deuda que tengan los países con el BCE. Transmite así a los inversores la idea de que no permitirá una declaración de impago de la deuda, puesto que en ese caso el banco asumiría las pérdidas en las mismas condiciones que la deuda privada.

En síntesis, el BCE anunció que las relaciones con los países que tienen dificultades de solvencia cuentan con unas nuevas reglas de juego que estarán vigentes al menos mientras se concretan los poderes del Mecanismo Europeo de Estabilidad. En el caso de España, las consecuencias son muy claras. El Gobierno tendrá que pensar si acude al Fondo de Rescate en solicitud de ayuda y cuándo es el momento de hacerlo, una vez que se ha cerrado la puerta de la intervención directa del BCE en el mercado secundario de deuda. La actitud del presidente del Gobierno a la pregunta directa de si España solicitaría la ayuda del Fondo de Rescate fue decepcionante. Ignoró en la práctica la cuestión mientras a su lado el primer ministro italiano, Mario Monti, respondía correcta y prudentemente que pensaría su decisión.

Después del rescate bancario, el Gobierno repitió con insistencia que la economía española no iba a necesitar un segundo rescate. Pues bien, las condiciones de refinanciación de la deuda española hacen presumir que el Gobierno tendrá que solicitar la intervención del BCE y que romperá una vez más sus enfáticas promesas. La subasta de deuda de ayer consiguió colocar títulos a 10 años al 6,7% y bonos a cuatro años al 6,05%. Una economía en recesión no puede soportar durante mucho tiempo costes financieros del 6%. De hecho, los mercados suponen que España hará uso del camino trazado ayer por Draghi, puesto que la curva de la deuda a dos años, sobre la que actuará el BCE en caso de intervención, se estaba relajando ayer, mientras que los títulos a 10 años exigían una rentabilidad mucho más alta.

El euro no se va a romper, prometió con énfasis Draghi. Las vías de intervención anunciadas ayer parecen garantizarlo. Pero es difícil evitar la percepción de que la moneda única se mantendrá a costa de más ajustes draconianos en España e Italia, cuyas consecuencias sociales son imprevisibles.