El bálsamo de Fierabrás

Según la leyenda carolingia este bálsamo milagroso, que cura todos los males, lo encuentra Fierabrás durante un saqueo de Roma, en unos barriles que contenían el bálsamo con que se ungió a Jesucristo al descenso de la cruz.

La situación de España, con el déficit público disparado, la economía bajo mínimos, el desempleo en máximos históricos, la prima de riesgo en zona de intervención y el sector bancario en vía de rescate parece pedir una solución milagrosa. Quizá por ello algunos sindicatos, partidos políticos y medios de comunicación proponen su propio bálsamo de Fierabrás: aumentar la inversión y el gasto público para fomentar el crecimiento. Esto, desde mi punto de vista no es una política deseable, ni siquiera posible, por varios motivos.

El primero es que España, en los años del 2002 al 2007, aumentó fuertemente el gasto público y una parte considerable de este aumento no fue a mejorar los servicios al ciudadano, sino a engordar las estructuras administrativas, políticas y sindicales y a pagar gastos innecesarios. Por eso, la prioridad del gobierno debe ser racionalizar el gasto eliminando la parte prescindible.

El segundo es que la inversión pública se rige por criterios políticos además de económicos y por ello suele ser poco eficiente. Buena parte de esta inversión durante la década pasada ha sido inadecuada, y nos ha dejado, por poner un ejemplo, con 47 aeropuertos y 51 universidades públicas, más que Francia o Alemania, muchos de ellos sin apenas usuarios.

El tercero es que el retraso en racionalizar el gasto y la inversión públicos es precisamente lo que nos ha traído hasta aquí. Los déficits de 2008 a 2012, que han duplicado la deuda pública, han coincidido con el aumento del deterioro económico y del paro.

Y el cuarto es, sencillamente, que no podemos. Los inversores ya no nos prestan dinero en condiciones razonables porque dudan de que se les pague. Si España no consigue dejar de gastar más de lo que ingresa, el dinero será cada vez más caro.

Por todo esto, la contención del déficit es insoslayable, y así lo entiende el gobierno, que está tomando una serie de medidas para reducirlo, las últimas el martes pasado, en general en la buena dirección.

La participación de la ciudadanía en esta tarea es primordial, y requiere un esfuerzo de información y comunicación muy superior al que el gobierno está dando. Para empezar, debería haber un responsable de economía que inspirara confianza y explicara cuál es la situación global del país, lo que se está haciendo para corregirla, los objetivos fijados y su cumplimiento con la mayor cobertura y frecuencia posibles. La mala comunicación hace que los inversores estén más retraídos, nuestros socios de la Unión Europea más preocupados y la ciudadanía más descontenta.

El crecimiento tiene que venir de los emprendedores privados

Para ayudar a la comprensión de los problemas a que nos enfrentamos y sus posibles soluciones añado un borrador de plan.

Objetivos. Los obvios: reducir el déficit, detener la caída del empleo, mantener la red de protección social y recuperar la confianza de los inversores, nuestros socios y la ciudadanía.

Para lograrlo necesitamos recuperar el crecimiento, aumentar los ingresos públicos y reducir los gastos. Veamos el plan para cada uno.

Fomentar el crecimiento. El crecimiento tiene que venir de los emprendedores privados nacionales o extranjeros y el papel del sector público debe ser el de ayudarles. Para ello debe:

- Resolver los problemas del sector bancario para que pueda financiar la actividad productiva.

- Buscar esquemas de financiación a las PYMES. El descuento de facturas es primordial, y si los deudores son entidades públicas debería ser automático.

- Reducir los trámites y dificultades a la inversión productiva en cualquier sector: regulaciones, plazos, licencias, tasas, tarifas, horarios, etc.

- Igualar, en todo lo posible y hacia mínimos, la regulación en toda España.

- Completar y aplicar la reforma laboral, para reducir el riesgo de la contratación, crear oportunidades para los jóvenes y aumentar la competitividad de la economía.

- Poner los medios para que la inversión vuelva al sector de la construcción. Para ello el gobierno debe ayudar fiscal y financieramente a la salida de los stocksacumulados, facilitar los proyectos agilizando la concesión de licencias y eliminando la corrupción, reducir el papel de los ayuntamientos y asegurar la seguridad jurídica en los temas urbanísticos.

La puesta en marcha de estas políticas quizás tarde en hacer efecto, pero es la vía para conseguir resultados duraderos.

Aumentar los ingresos. El gobierno debe publicar un presupuesto detallado del montante previsto para los aumentos de ingresos, que incluyen:

- Subidas de impuestos y reducción de desgravaciones: ya están IRPF, IVA, reducción por vivienda, patrimonio, sociedades, etc.

Es un esfuerzo monumental, como monumentales han sido los excesos que nos han traído hasta aquí

- Reducción del fraude: hay sectores económicos enteros que apenas tributan, ni facturan IVA por los servicios que prestan.

- Cobro de servicios: medicinas, enseñanza universitaria, transporte público, museos, autopistas, etc. Sería conveniente un debate público sobre los principios a aplicar.

- Venta de activos públicos no indispensables: desde Aena y Loterías hasta edificios públicos innecesarios.

Reducción de gastos. Las principales partidas del gasto público, sanidad, educación, policía, defensa, que responden a servicios directos a los ciudadanos, deben ser examinados con el doble criterio de eficacia —servicio al menor coste posible— y eficiencia —limitar los servicios especializados donde haya pocos usuarios.

En el resto de los gastos, descontrolados en los años anteriores a la crisis, los ciudadanos esperan del gobierno una reducción drástica. Para ello es indispensable una revisión caso a caso, quizá sobre un presupuesto de base cero, para examinar la necesidad de cada partida.

Sin ánimo de ser exhaustivo se dividen las partidas de gasto que se deben reducir drásticamente en cuatro grupos:

- Gastos duplicados: entre las administraciones central, autonómica y local existen duplicaciones en las estructuras judiciales, legislativas, administrativas y de gestión que hay que reducir.

- Gastos suntuarios: Con los que cada nivel de administración subraya su poder: palacios presidenciales, parlamentos autonómicos, tribunales supremos, aeropuertos, embajadas, televisiones públicas, radios municipales. Multiplicación de universidades, teatros de la ópera, ciudades de la cultura, coches oficiales, conductores, guardaespaldas, jefes de protocolo, etc.

- Gastos ineficaces: Los servicios prestados podrían absorberse por otras instituciones: diputaciones provinciales, empresas públicas estatales, autonómicas y municipales, cámaras de comercio, ayuntamientos en pueblos pequeños, etc.

- Gastos innecesarios: los que no debían ser sufragados por la hacienda pública en ninguno de sus niveles como subvenciones a patronales, sindicatos y religiones, gastos personales de empleados públicos, etc.

Cada uno de estos gastos beneficia a intereses especiales que usarán todos los medios para mantenerlos y eso hace indispensable recabar el apoyo de los ciudadanos a través de la información.

Epílogo. En conjunto, es un esfuerzo monumental, como monumentales han sido los excesos que nos han traído hasta aquí. Ahora es necesario realizarlo con profesionalidad, dejando de lado los intereses de gremio y de partido, y dando participación a los ciudadanos a través de la comunicación.

Es un esfuerzo de todos. El bálsamo de Fierabrás en forma de eurobonos o planes europeos de crecimiento son bienvenidos, pero sólo servirán si todos hacemos los deberes que nos toquen. Quiero pensar que nuestro gobierno tiene un plan global para sacarnos de ésta. Si no lo tiene, mal vamos; si lo tiene, los ciudadanos tenemos derecho a conocerlo.

Pablo Atienza es gestor de inversiones.