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EDITORIAL

Confusión fiscal

La caótica gestión de la amnistía anula el efecto recaudatorio y abre un conflicto con la inspección

La amnistía fiscal propuesta por Hacienda bajo el eufemismo de regularización fiscal está deteriorando la credibilidad de la Administración tributaria debido a un cúmulo de contradicciones interpretativas y de concesiones a los defraudadores. Si la propuesta inicial del departamento de Cristóbal Montoro ya era discutible, en cuanto que, a través de un real decreto, permitía el blanqueo de dinero negro a cambio de un modesto gravamen del 10%, las interpretaciones posteriores de la Dirección General de Tributos definen una amnistía todavía más onerosa para la Hacienda pública y más humillante para los contribuyentes que pagan sus impuestos. Porque lo que se desprende de la interpretación de la Dirección General de Tributos es que en determinadas circunstancias, fácilmente manipulables, el defraudador no tributará el ya escuálido 10% por la renta aflorada sino solo por los intereses y dividendos generados por dichas rentas.

Esta no es la amnistía fiscal (o regularización) planteada por Montoro en el Parlamento. O bien el ministro ocultó el contenido real de la medida o bien la Dirección General de Tributos ha hecho una interpretación complaciente y abusiva de la norma. Al parecer, los contactos de la Subdirección de Ordenación Legal de Hacienda con los despachos de asesores fiscales, encaminados a solicitar a dichas firmas que insten a sus clientes para regularizar los capitales ocultos, detectaron la escasa disposición del dinero negro a blanquearse; y ante el más que probable fracaso de los objetivos de la amnistía (recaudar este año unos 2.500 millones), se ha optado por abaratar las condiciones de la regularización; con la contrapartida de que con tan bajos gravámenes será muy difícil llegar a los 2.500 millones.

Por mera torpeza, la gestión de esta amnistía fiscal linda con el escándalo. Después del informe de Tributos, que, entre otras inconsecuencias mayores, niega que la inspección fiscal pueda comprobar la declaración especial de regularización, o se retracta el ministro o se retracta la Dirección; y ambos deberían explicarse en el Parlamento, que para eso está. Todo ello al margen de que la supuesta regularización fiscal haya sido mal concebida y nadie con experiencia en tributos haya concedido la menor credibilidad al propósito de aflorar 25.000 millones de dinero oculto y recaudar el 10% de lo aflorado.

Da una idea del malestar que provoca esta amnistía el hecho de que los inspectores fiscales, con la jurisprudencia hacendística a su favor, se nieguen a secundar la interpretación de Tributos. El conflicto administrativo ya está aquí, agravado por la presunción de que el Tribunal Constitucional puede anular la medida, aunque solo sea porque se ha tramitado en forma de real decreto. Si había pocas probabilidades de que un defraudador cambiase dinero que tributa a tipo cero por dinero gravado al 10%, la confusión actual reduce prácticamente a cero obtener ingresos significativos por el tortuoso camino de esta amnistía claudicante.

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