No era solo Grecia

La primera prueba después de las elecciones griegas ha demostrado claramente que la desconfianza sobre la solvencia española no procedía solo de Grecia, sino de la gestión de la crisis bancaria, de la dificultad del Gobierno de transmitir con claridad un plan para la economía y, por supuesto, de la ausencia de decisiones rápidas de las instituciones europeas para calmar las tensiones sobre las deudas: la española se ha colocado en una situación insostenible incluso en el corto plazo. La prima de riesgo llegó ayer hasta los 589 puntos y el diferencial del bono a 10 años, al 7,28%. En estas condiciones, la subasta de letras de hoy y la de bonos del jueves indicarán cuáles son los riesgos que afronta España en caso de que el Tesoro no alcance la financiación que necesita.

Buena parte del creciente riesgo de insolvencia de España e Italia debe atribuirse a la falta de instituciones en la zona euro capaces de afrontar con éxito la presión de los mercados. Solo con un Tesoro único en la eurozona, con un mercado de eurobonos y un programa de homogeneización fiscal, con calendario y actuaciones claras, se podría dotar de credibilidad a una moneda única que no consigue despejar las dudas sobre una ruptura a corto plazo. Pero Alemania impone como condición previa la aplicación de severos programas de ajuste en los países intervenidos (Grecia, Portugal e Irlanda) y en otros que, como España, se aproximan en su rigor. Una de las discusiones de fondo en el G-20 será la posibilidad de flexibilizar los programas de austeridad europeos, de forma que no contribuyan a ahondar la recesión.

La ausencia de mecanismos europeos para actuar contra la crisis de la deuda convierte en decisivo el papel del Banco Central Europeo (BCE). En el caso del rescate bancario español anunciado el 9 de junio, lo más eficaz hubiese sido acompañar la operación con el anuncio de la autoridad monetaria europea de que comprará la cantidad necesaria de deuda española e italiana y, además, con una nueva ronda de liquidez a largo plazo.

Pero el riesgo de intervención de la economía española no procede solo del errático comportamiento de Bruselas, del empecinamiento de la canciller en la austeridad a cualquier precio o de la resistencia del BCE a frenar la especulación en los mercados. Hay también responsabilidades nacionales. El Gobierno no ha conseguido despejar las dudas que pesan sobre el sistema financiero tras el rescate, perdido en las generalizaciones sobre unión fiscal o bancaria y ajeno a las recomendaciones del FMI para que establezca algún tipo de estrategia que supere los recortes del gasto. No se entiende que una semana después de conocida la aportación europea de hasta 100.000 millones para consolidar la banca española todavía no se conozca el esquema de consolidación. ¿Pagarán los bancos, a través del Fondo de Garantía de Depósitos, el dinero inyectado en las entidades nacionalizadas o se cargará en la deuda del Estado? Si sucede esto último, ¿cuál es el plan del Gobierno para reducir el peso de la deuda en los próximos años?

Parecido silencio hay respecto a cuestiones decisivas como la propuesta del Fondo de subir el IVA, reducir el coste de la Administración pública o recortar los gastos fiscales. Formalmente son recomendaciones, pero en realidad describen las escasas opciones que tiene España de cumplir con el objetivo de déficit este año y el siguiente. Cuando Rajoy rechaza tomar estas decisiones está restando credibilidad a su propósito de cumplir con las exigencias europeas. Los inversores advierten que la economía carece de rumbo claro, lo que condiciona cualquier tipo de inversión, y que no opera en coordinación suficiente con Europa.