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LA CUARTA PÁGINA

La credibilidad de dos presidentes

La brutalidad de la crisis ha hecho mella en todos los Gobiernos que se han enfrentado a ella. Zapatero llegó a aguantar incluso negando largo tiempo su existencia. Los mensajes de Rajoy no han resistido ni unas horas

A Zapatero le costó caro negar la crisis —solo una pequeña, y seguro que breve, desactivación— llegando a calificar al sistema financiero español, acometida ya con éxito la reforma bancaria, como uno de los más sólidos del mundo. El mayor precio, sin embargo, lo pagamos los españoles, al no haber tomado a tiempo las medidas pertinentes.

A pesar de que en las elecciones de marzo del 2008 la oposición hubiese basado su campaña en mostrar que el presidente mentía, tanto al negar la crisis —¿recuerdan el duelo televisivo entre Solbes y Pizarro?— como en que no se estuviese negociando con ETA, el PSOE aumentó sus escaños. Y siguió negando, aunque cada vez con menor ímpetu, hasta que la crisis le explotó en las manos.

¿Cómo se explica que cuando ya había estallado la burbuja inmobiliaria Zapatero negase con tal convicción la evidencia, y sobre todo que, a juzgar por los resultados electorales y las encuestas posteriores, una buena parte de la población le creyera?

Descarto la explicación más común de dar por supuesto un cinismo sin escrúpulos en los políticos y la estupidez más roma en la gente. Más verosímil me parece que la clase política y la población en general compartiesen la opinión entonces dominante de que dejar a los agentes económicos, y en particular a los financieros, moverse sin cortapisas ni obstáculos, aportaba crecimiento y bienestar para todos.

Que la economía capitalista es la única racional y operativa es un dogma indiscutible; de ahí que haya que tomar muy en cuenta lo que digan los economistas, la nueva casta sacerdotal que sabe cómo la mayor parte de la población llegue a disfrutar de un nivel de vida cada vez más alto, creando los puestos de trabajo que reemplacen a los que destruyen el avance tecnológico y la competencia global.

Cuando el discurso oficial se queda sin fuerza las instituciones de repente se descubren desnudas

El que se salga de la corriente principal y se atreva a proponer políticas alternativas se autoexcluye de la clase política mayoritaria. No faltaron avisos de lo que se nos venía encima, pero provenían de personas sin acceso a las zonas cercanas al poder y, en consecuencia, pasaron inadvertidos. También el científico social que desentone de las ideas dominantes tiene altas probabilidades de quedar al margen de la comunidad científica, sin alcanzar las posiciones académicas que respalden las opiniones que manifieste.

Desde los tiempos de Reagan y Thatcher, se impone cada vez con mayor fuerza la idea de que, si los mercados actúan sin cortapisas ni controles estatales, la economía crece a un buen ritmo. Un economista, Alan Greenspan, a la cabeza de la Reserva Federal, durante 18 años, de 1987 al 2006, bajo cuatro presidentes, tres republicanos y uno demócrata, marca la política financiera, eliminando al máximo los controles y manteniendo intereses bajos. Esto trajo consigo una rapidísima expansión del sector financiero que además de proporcionar enormes ganancias a una elite, aprovecha también a los de abajo que, aunque cada vez más endeudados con hipotecas y créditos, pueden disfrutar de un mayor consumo.

Aunque en teoría se sepa que un día estallará, en los momentos de expansión que preceden a la crisis nadie quiere descabalgarse antes de tiempo, perdiendo la oportunidad de seguir ganando dinero. Mientras los beneficios sean altos, el capital fluye, porque, aunque se perciban los síntomas de la crisis, cada cual espera que resistirá al crack, ampliando las ganancias.

Además, en tiempos de las vacas gordas, al atribuirse el origen del bienestar, los gobiernos ganan elecciones, y la gente tolera la corrupción de los de arriba, porque los de abajo se amañan también para sacar partido. De la economía sumergida se benefician los empresarios que no podrían subsistir respetando las leyes, pero también los trabajadores, que con todos sus inconvenientes, es mejor que el paro.

¿Alguien cree que en tal coyuntura —piénsese en el dinero que reparte el boom inmobiliario hasta el 2008— puede haber un Gobierno, no importa si del PP, o del PSOE, que se atreva a cuestionar las bondades del capitalismo financiero, y cumplir con la obligación legal de controlar un proceso que está dando tan magníficos resultados? ¿Cómo no seguir los consejos de los economistas más prestigiosos que por activa y por pasiva remachan que la fuente de la abundancia es un mercado que actúe sin cortapisas?

Pues sí, hay un ilustre economista que en estas mismas páginas ha echado la culpa del desastre, no a las gentes de su gremio que ensalzaron la libertad de los mercados como la última expresión de la racionalidad económica, ni a los que se aprovecharon de esta bacanal para ganar dinero en grandes cantidades; la culpa es de los políticos que convencidos, los pobres, de que cualquier intervención podría atenuar, incluso paralizar proceso tan exitoso, no cumplieron con la obligación legal de vigilar los mercados. Y lo más grave es que, si hoy se exigiese tímidamente un mínimo control, comprobaríamos que, globalizados los mercados financieros, ni siquiera la Unión Europea estaría en condiciones de hacerlo.

No se trata de librar a los políticos de la parte de responsabilidad que sin duda les corresponde, sino de no exculpar a los agentes sociales —financieros y profesionales— de sus graves fallos y falsedades, justificando así que se vayan de rositas, sin pagar el menor precio por sus acciones y opiniones, dispuestos a continuar por una senda que en los buenos tiempos les permite acumular enormes ganancias, y en los de crisis descargar las deudas sobre la mayor parte de la población, aprovechando además la crisis para seguir ganando dinero.

La protesta social aumentará y traerá consigo una polarización hacia los extremos

El domingo 10 de junio, en una entrevista televisada en directo, el presidente Rajoy, con el aspecto desolado de anunciar la muerte de un ser querido, comunica a los españoles el gran éxito personal de haber evitado el rescate de la economía española, gracias a haber negociado, a iniciativa propia, “una línea de crédito” para la banca española de 100.000 millones de euros. Insiste repetidamente en que el apoyo es a los bancos, entidades privadas que pagarán los intereses pertinentes, sin que esto afecte a la deuda soberana, ni a los españoles les vaya a costar un céntimo.

Sean los que fueren los recovecos por los que ha pasado la comunicación televisiva del presidente, ahora me importa tan solo poner énfasis en el cambio que se ha producido en la percepción social de las manifestaciones presidenciales. Zapatero ganó las elecciones del 2008 y resistió largo tiempo negando la crisis, porque, perdone el lector mi ingenuidad, creyó demasiado tiempo en lo que le decían economistas y banqueros.

En cambio, cuando la crisis nos agarrota por todos los costados, las manifestaciones de Rajoy no han aguantado ni unas horas. Después de fuertes presiones de Bruselas, nada de una iniciativa personal, España se ha visto obligada a solicitar una ayuda que, en vez de disipar el riesgo de un rescate, lo aumentó considerablemente, como de inmediato puso de manifiesto la reacción de los mercados.

Cuando las cosas no van tan mal la mayoría propende a creer en las ideas dominantes que legitiman el orden establecido. Cuando la tormenta arrecia, el discurso oficial se queda sin fuerza y cada vez son más los que cuestionan el orden socioeconómico establecido. No es casual que sea entonces cuando las instituciones, que siguen comportándose como lo hicieron en tiempos de bonanza, de repente se descubran desnudas: la Monarquía se resiente de la maldita cacería y de los negocios de Undargarin; el Consejo del Poder Judicial llega a sus mínimos por el comportamiento de su presidente y sobre todo por el de los consejeros que le cubren; el Parlamento desaparece, aplastado por la mayoría del PP que impide cualquier debate.

Esta situación prevalecerá en los próximos meses, tal vez años: una protesta social en constante aumento —la reacción violenta de los mineros asturianoleoneses es un primer anticipo— al que responderá el Estado con mayor represión, y que traerá consigo una polarización hacia los extremos.

Ignacio Sotelo es catedrático de Sociología.

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