Europa con fronteras

Los ministros de Interior de los países de la Unión Europea han decidido que los Estados participantes en el Tratado de Schengen deben recuperar el poder de restablecer los controles fronterizos internos, por periodos que pueden prolongarse hasta dos años. Lo condicionan a "circunstancias excepcionales" que no permitan asegurar las fronteras exteriores de la Unión, sobre todo frente a la inmigración irregular. Pero no tiene nada de circunstancial: se trata de una decisión de calado, que cuestiona uno de los avances más importantes en la construcción europea, como es la libre circulación de personas.

Se amplía así considerablemente la excepción que ya se practicaba por motivos de orden público, usada por España durante la reunión del Banco Central Europeo en Barcelona, a principios de mayo. No solo el pasaporte puede volver a ser exigible a los europeos que se mueven entre países donde ahora no es necesario, sino que se resta poder a las instituciones comunitarias. La Comisión Europea intentaba mantener el control sobre el mecanismo de suspensión del tratado, pero los Gobiernos nacionales le han dado un bofetón. No menor del que cree haber recibido el Parlamento Europeo, cuyo presidente, Martin Schulz, protesta contra el cuestionamiento de "un pilar de la UE".

El compromiso adoptado por los ministros viene precedido de declaraciones sobre la porosidad de las fronteras griegas, por las que se estima que decenas de millares de personas se internaron clandestinamente el último año en el territorio de la UE. En otras palabras, los Gobiernos nacionales responden al miedo al extranjero, explotado por la extrema derecha y los populistas, al precio de reconocer que, lejos de estar dispuestos a ceder soberanía para construir una Europa más unida, se mueven en la dirección contraria porque desconfían de los demás.