Fármacos sin abonar

El plante del laboratorio farmacéutico Roche ante 12 hospitales españoles morosos es altamente preocupante. La firma suiza, especializada en medicamentos oncológicos, ha empezado a exigir a estos centros (todos ellos superan los 700 días de demora en los pagos) que afronten la factura o que reduzcan la deuda contraída para poder seguir suministrándoles sus productos. En algunos de los hospitales afectados ya se han registrado pequeños retrasos —de días— en aplicar el tratamiento que necesitan los pacientes de oncología.

Hasta el momento, Roche, que vende el 80% de sus productos a los hospitales, es el único laboratorio en tomar una medida tan drástica. El resto de las empresas farmacéuticas dicen estar a la espera del plan de pagos a proveedores puesto en marcha por el Gobierno, y que debería empezar a dar sus frutos este mes de junio. Es imperativo que los dé porque la industria evalúa la deuda total contraída por parte de todos los hospitales españoles en 12.000 millones de euros, de los que 6.400 son de medicamentos y 5.600 tienen que ver con aparatos sanitarios, utillaje, vendas, apósitos, etcétera. La situación, por tanto, es crítica y las consecuencias de un fallo en el plan de pagos a los proveedores, inquietantes. La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha asegurado que su departamento controlará los pagos de las medicinas hospitalarias para que no haya desabastecimiento y cree que la solución está en dicho plan.

El problema es que la credibilidad de los gestores políticos de la sanidad pública está bajo mínimos. Mientras la propia industria, el personal sanitario y los pacientes sufren —y explican— las dificultades financieras de los hospitales y los retrasos en los tratamientos, las comunidades autónomas más afectadas minimizan los problemas y niegan cualquier problema de abastecimiento como si el mero hecho de manifestarlo fuera suficiente para que se disiparan los temores que suscita la situación. Pero lo cierto es que todos estos impagos ya están produciendo un cierto deterioro en la calidad asistencial, empezando por la no renovación de aparatos sanitarios imprescindibles hoy para el diagnóstico y el tratamiento de graves enfermedades.

Es urgente la prometida central de compras y, sin duda, dar prioridad a unos proveedores sin los cuales la sanidad pública sufriría un daño irreparable.