Cuentas claras

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dejó pasar una semana, desde el viernes 18 hasta el jueves 26 de mayo, antes de dignarse explicar las desviaciones de déficit público aparecidas en los Planes de Equilibrio Financiero de Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León. Puesto que dichas autonomías presentaban, en lo que parece un ejercicio previo de ocultación interesada, un exceso de déficit de 3.000 millones y Hacienda contabilizaba 4.000 millones más, quedaban 1.000 millones por explicar. A pesar de la demora, las aclaraciones del ministro resultan insatisfactorias y se parecen sospechosamente a una larga cambiada. Anunció el ministro a los técnicos de Eurostat que esos 1.000 millones inexplicados corresponden a la Comunidad Valenciana y son facturas sin pagar, afloradas por el plan de pago a proveedores. Es decir, que los Gobiernos del PP también han guardado “facturas en los cajones”, como despectivamente definió el Gobierno actual los pagos retrasados en comunidades gobernadas por otros partidos.

Lo peor de la explicación del ministro es que mantiene a la opinión pública y a Eurostat en la más absoluta incertidumbre. Porque la revisión del déficit hasta el 8,9% del PIB puede no ser la definitiva; queda a expensas de esas facturas en los cajones y del lógico aumento del déficit valenciano al que se atribuyen los 1.000 millones más. Más dudas para las cuentas autonómicas y el mensaje peligroso de que el Gobierno es incapaz no ya de cuadrarlas, sino ni siquiera de conocerlas con exactitud. “Lo que importa ahora es la transparencia”, respondió Mariano Rajoy cuando se le pidió una aclaración sobre las desviaciones. Pero ni la ocultación del déficit real en Madrid, Valencia y Castilla y León es un ejemplo de transparencia ni lo es la falta de un balance autonómico cerrado de 2011.

El Gobierno ha hecho gala de una incomprensible ligereza a la hora de evaluar las consecuencias de desviaciones presupuestarias tan significativas. Pero en Bruselas no se lo han tomado a broma. Los casos de Madrid, Valencia y Castilla y León dan licencia a la Comisión Europea y a los inversores para pensar que en España existe un déficit oculto y que la calidad de las cuentas públicas es dudosa. El amago del Gobierno catalán de pedir ayuda al Gobierno central para resolver sus problemas financieros y su efecto sobre la prima de riesgo confirman la urgencia de aclarar las cuentas autonómicas y poner fin a este vodevil interminable en el que cada día aparecen nuevas deudas ocultadas, más que ocultas, por gestores que presumían de austeridad.

No hay mal que por bien no venga. Los casos de Madrid, Valencia y Castilla y León desautorizan cualquier nueva apelación del Gobierno a la “herencia recibida” como explicación universal de todos los males económicos. Porque los Gobiernos del PP también han contribuido y contribuyen a la desconfianza exterior sobre España, antes con su legado y ahora con una gestión política de la crisis manifiestamente mejorable.