Principio de solución

El ministro de Economía, Luis de Guindos, planteó ayer en el Congreso un plan de salvación de Bankia con dos instrumentos fundamentales. El primero y más importante es la ejecución de dos ampliaciones de capital, la primera en BFA, la sociedad central de Bankia, y la segunda en la propia Bankia, para garantizar con dinero público y privado el saneamiento y solvencia del banco. La primera ampliación persigue el control claro de BFA por parte del Estado, para dotarlo de la capacidad suficiente para suscribir la segunda ampliación, la de Bankia, a la que podrán acudir los accionistas privados mediante derechos de suscripción preferentes. El Gobierno ha optado por inyectar capital público, que es el procedimiento más claro de intervención, y así no dejar ninguna duda sobre su voluntad de consolidar los balances con todos los recursos públicos necesarios.

El segundo instrumento es de gestión: la renovación de los consejos de administración de BFA y Bankia. Según el plan expuesto por Guindos, el nuevo equipo deberá presentar un plan de viabilidad, en el que deberán constar las necesidades de capital. Conviene que ese plan se conozca con rapidez, para despejar de una vez por todas cuál es el coste final del rescate. Pero en el esquema propuesto por Guindos se echa en falta un vector político fundamental, que es una investigación parlamentaria sobre las razones y responsabilidades de la crisis de Bankia, atribuibles a un temerario intervencionismo político por parte de la Comunidad de Madrid, a decisiones financieras erróneas del Gobierno central y a una discutible gestión profesional.

El problema de fondo es el coste de la ampliación de capital en Bankia. Según el plan del Gobierno, las exigencias de capital deberán ser cubiertas por la matriz BFA (con gran mayoría pública, probablemente hasta un 90%) en torno a un 45% y por el resto de los accionistas privados (en torno a un 55%) a través de suscripciones preferentes. Lo más probable es que una parte de los accionistas privados no acudan a esa suscripción, por lo cual BFA deberá cubrir esa ausencia de capital. Conviene concretar rápidamente la renovación de los equipos de gobierno y las necesidades de capital, con el fin de que no se acumulen dudas y recelos sobre la banca española.

A falta de las precisiones de detalle, el ministro aclaró al menos que el saneamiento del banco se hará con inyección directa de capital público. No era esta la posición inicial del Gobierno, a quien la cruda realidad ha obligado a desdecirse y abandonar el recurso a los bonos convertibles. Pero también es la solución más limpia, más transparente y también la que permitirá una actuación más eficaz sobre los balances. También una de las pocas (quizá la única) que puede resultar creíble para los mercados. Pero no debe olvidarse que puede resultar costosa, por encima de los 12.000 millones. Y esta circunstancia conduce a una reflexión política. Quizá el Gobierno español acabe viéndose en la obligación de requerir capital del Mecanismo Europeo de Estabilidad. No sería un desdoro.