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El ‘truhán’ Julio Iglesias cantará en Valencia, donde le busca un juez

El cantante actuará en el Palau de les Arts, enfrente del juzgado que no lo encuentra para que declare sobre un pago de casi seis millones de euros

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Julio Iglesias, durante un concierto en Aranjuez (Madrid) en agosto pasado.

El juzgado de instrucción número 19 de Valencia busca desde hace casi dos años a Julio Iglesias para que dé cuenta de un concierto que ofreció hace ya más de 14 años en Orlando, concretamente el 14 de abril de 1998. Un concierto incluido en una pequeña gira por la que habría cobrado 975 millones de las antiguas pesetas, casi seis millones de euros, que pagó la Generalitat Valenciana a través del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) en tiempos del presidente Eduardo Zaplana (PP). Considerado ilocalizable, el juzgado no ha hallado el momento de darle una citación para tomarle declaración por el caso Ivex. Sin embargo, el popular artista, cantante de Soy un truhán soy un señor, ofrecerá un concierto el próximo 7 de julio en el Palau de les Arts de Valencia, a apenas 300 metros en línea recta de la Ciudad de la Justicia. Esquerra Unida ha denunciado que Iglesias “se cachondea de la justicia” y que ya hace un año, en julio de 2011, actuó en Gandía (Valencia).

El contrato por los conciertos

era por 2,2 millones pero había

un anexo oculto por otros 3,6

El caso Ivex lleva casi tres lustros dando titulares. El PSPV-PSOE llevó a los tribunales la contratación de Julio Iglesias puesto que la Generalitat habría ocultado el coste real de los bolos del cantante melódico. Al parecer, en el contrato firmado en diciembre de 1997 para ser el embajador de la Comunidad Valenciana se constató el pago de 2.253.795 euros (375 millones de pesetas). Esta parte, tras presiones de la oposición, fue la que el PP llegó a mostrar en las Cortes Valencianas. Sin embargo, según los socialistas, el contrato tenía una parte oculta, unos anexos que contemplaban pagos por otros 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas).

La causa se abrió en 2001 por los delitos de malversación de fondos, delito fiscal y falsificación documental. Pero la clave del caso reside en la factura. Fuentes del caso aseguran que existe. Otras, que nunca la hubo. Incluso el caso podría haber prescrito, por lo que el éxito en la instrucción solo se convertiría en una victoria política de la oposición sobre la gestión de Zaplana, que a diferencia de su sucesor, Francisco Camps, escapó de los rifirrafes judiciales.

Zaplana en 2001: "No podrá

acreditar en la vida nunca nada,

porque todo son fantasías"

Zaplana negó en todo momento que se hubiera pagado casi mil millones de pesetas a Iglesias. Así, en 2001 afirmó que se había "contado hasta la saciedad" que el contrato ascendió a "375 o 372 millones de pesetas y no hay nada más". El entonces presidente invitó a los socialistas a acudir a los tribunales, pero le advirtió: "No podrá acreditar en la vida nunca nada, porque todo son fantasías". Sin embargo, los anexos del contrato aparecieron y acabaron en los tribunales.

El caso ha estado lastrado por la fuga en 2006 a Japón, país sin convenio de extradición, de José María Tabares, exdirector general del Ivex, condenado a cinco años de prisión por estafa en otra causa vinculada con su gestión al frente de la institución. La investigación pareció que iba a avanzar un paso cuando José Marquina, ex delegado del Ivex en Miami, aseguró en un diario valenciano que la falsificación de facturas era una práctica habitual y que aportaría pruebas. Sin embargo, ante el juez rebajó su discurso y no aportó ningún documento. Marquina vive ahora una vida de lujo en Miami y no tiene pudor en mostrar su tren de vida en programas como Españoles por el mundo.

El juez archivó el caso en 2010 pero

la Audiencia de Valencia ordenó

reabrirlo e interrogar a Iglesias

Tras años de investigación, meandros judiciales y puntos muertos, el juez Luis Carlos Presencia Rubio archivó el caso Ivex en marzo de 2010. Sin embargo, el PSPV recurrió, haciendo hincapié en que era necesario tomar declaración al cantante, y la Audiencia de Valencia ordenó reabrir la causa y citarlo a declarar. Según los conocedores del caso, los contratos de Iglesias son legales, y si cobró el dinero, tampoco habría problema. Solo si se demostrase que se habría falsificado la factura. Pero hasta el momento, al juzgado le ha resultado imposible preguntar a Julio Iglesias sobre sus millonarios emolumentos.

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