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El juez archiva el 'caso Ivex', pese a las irregularidades

Algunos de los pagos del instituto a Julio Iglesias no están claros

Algunos de los pagos que el Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) hizo por los conciertos que el cantante Julio Iglesias celebró en Orlando (EE UU) y México no están claros. El juez considera que las posibles irregularidades no son delictivas, sino administrativas en todo caso, y que quien puede despejar las dudas aún pendientes, el que fuera director del Ivex, José María Tabares, se fugó a Japón y no hay posibilidad de que comparezca ante la justicia española, ya que no hay tratado de extradición. Por tanto, ha dictado auto archivo provisional de las diligencias abiertas por una denuncia presentada en 2001.

A lo largo de las seis páginas del auto firmado por el titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia, queda claro que no hubo un contrato B y que el Ivex no veló suficientemente para que cada pago quedara perfecta y transparentemente acreditado en la forma y en el fondo. De hecho, el perito que durante más de un año practicó la última diligencia importante de la causa precisó en su informe que la contabilidad del Ivex estaba bien recogida y los apuntes contables cumplían aparentemente con la normativa mercantil. Pero expresó sus dudas sobre el escaso detalle en muchas de las operaciones.

Tabares se encargó de ejecutar desde el Ivex el contrato que Eduardo Zaplana, ex presidente de la Generalitat, firmó con el cantante Julio Iglesias, por algo más de seis millones de euros, en diciembre de 1997. El objetivo era la promoción de la imagen de la Comunidad Valenciana. El compromiso se recogió en dos documentos. Uno, de cesión de derechos de imagen, por 2.253.795,39 euros. Y otro, "de carta de intenciones", por 3.696.224,44 euros. El Consell de Zaplana ocultó este segundo a las Cortes Valencianas. Algunos pagos, de 325.000 dólares en Orlando, y de la actuación en México, no han quedado claros. Sólo Tabares sabe si se pagó dos veces un mismo servicio y quién se pudo beneficiar.

5"Quien ha venido constituyéndose como eje central de las operaciones de ejecución del contrato con Julio Iglesias era el señor Tabares, que era personalmente quien daba las órdenes y las ejecutaba, a través de diverso personal que compone o componía la red directiva y administrativa del Ivex". Así lo dice el juez. Tabares hacía y deshacía. Los demás, se desprende, obedecían. Sin él, por tanto, es difícil arrojar luz sobre las operaciones más oscuras. Queda claro, eso sí, que han sido dos los eventos que han monopolizado la investigación judicial: los conciertos de Orlando y México.

José Marquina fue delegado del Ivex en Orlando. Declaró ante en el Juzgado de Instrucción 19. Y dijo al juez, respecto del concierto de Julio Iglesias en esa ciudad, que "los gastos que se habían contabilizado por el Ivex eran desmesurados y no respondían a la realidad de la promoción realizada". Dio más detalles. Según consta en el auto de archivo provisional, Marquina aseguró que "se le reclamó por parte de responsables del Ivex que se le confeccionara una factura por importe de 325.000 dólares, como si tal importe obedeciese a actos efectivamente realizados como desarrollo del programa de promoción del Ivex".

La factura que debía justificar tal pago del Ivex no fue aportada. Pero resultó después que aparecieron dos facturas con importes aproximados que podían coincidir, con reservas y dudas por las fechas y la vaguedad de los conceptos así como su numeración y asiento contable.

Con México pasó que la empresa RAC, que tuvo la explotación del concierto, se hizo cargo de todos los gastos a cambio de la recaudación por entrada en el Auditorio Nacional. El RAC presentó un contrato con Julio Iglesias, por el que el cantante recibiría 64.000 dólares. Sin embargo, el Ivex realizó varios pagos por ese evento. Y el juez añade que el contrato del RAC e Iglesias "no permite afirmar la no existencia de obligaciones por parte del Ivex a favor del señor Iglesias". El problema es la insuficiente claridad en el tráfico de facturas y dinero.

El magistrado es claro y contundente, y afirma que "se ha de desechar de forma expresa la existencia de un delito fiscal". Según él, "de tal forma de actuar no pueden predicarse sino irregularidades fiscales que deben tener su propio contexto de acusación, fuera de los procedimientos penales". Sobre una posible defraudación, precisa que "no se ha producido ocultación de disponibilidad de cantidad alguna". Y, respecto de la posible falsificación, recoge que "sólo en la medida que efectivamente se llegase a la convicción de que las facturas emitidas y pagadas a las sociedades International Concerts y Midway no respondiera efectivamente a la realidad, es decir, a pagos que realmente debieran producirse, es cuando podría incorporarse una imputación de tal consideración". Las respuestas las tiene Tabares, en Japón desde 2006, un país sin convenio de extradición.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 12 de marzo de 2010