'Caso Ivex', entre el escándalo político y el delito

Un papel, una factura que fuentes próximas al caso dicen haber visto, pero que José Marquina, ex delegado del Ivex en Miami niega que exista, determinará si se llegó a producir un posible delito de falsificación documental, malversación de fondos y delito fiscal del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) en el cumplimiento del contrato con el cantante Julio Iglesias, que investiga el Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia. Fuentes de la Fiscalía y de la acusación particular, que ejercen ocho diputados socialistas, coinciden en señalar que sin esa factura será muy difícil probar la comisión de ese supuesto delito. Pero aunque se probara la existencia de tal, éste habría prescrito. La victoria para los demandantes sólo tendría repercusiones políticas, que no es poca cosa en un proceso marcado por los vaivenes políticos.

La aparición de una factura que Marquina dice no tener probaría que existió un delito

La factura en cuestión corresponde al pago a Julio Iglesias del concierto que el 23 de abril de 1998 ofreció en Orlando (EE UU) al amparo de un contrato firmado en diciembre de 1997 y cuyo contenido real ocultó el PP a las Cortes Valencianas, cuyos miembros sólo conocieron una parte, la que fijaba el pago en 2.253.795 euros, pero no los anexos que incluían abonos hasta 3.696.224 euros por los servicios de representación de la Comunidad Valenciana en distintos eventos cuyos costes de organización corrían a cargo del Ivex.

El importe de la factura ascendía a 325.000 dólares, desglosado en tres conceptos: apertura de oficina en Miami; acto del presidente del puerto de Valencia en Orlando; y concierto de Julio Iglesias. Marquina ha dicho que este recibo es falso y que está hinchado en más de dos veces el coste real de la actuación. Lo aseguró en unas declaraciones al periódico Levante-EMV, insinuando que la falsificación de facturas era una práctica habitual cuyas pruebas aportaría a quien necesitara comprobarlo.

El juez del caso Ivex reclamó esas pruebas, y Marquina se presentó ante el magistrado con un maletín que hacía presagiar una cuantiosa aportación de documentos. No fue exactamente así. De hecho, Marquina rebajó la intensidad de sus declaraciones periodísticas. Y, sobre todo, dijo que la factura en cuestión, la única que serviría para probar la falsificación, el pago por unos servicios que en realidad no se prestaron, no la tenía. Otras fuentes, sin embargo, han asegurado a este periódico que la factura existe y que la han visto. El Ivex niega tener conocimiento alguno de la misma.

La factura, según dijo Marquina, tuvo que realizarse para evitar un problema con Julio Iglesias. El cantante debía actuar en Miami y se negó si no le pagaban la actuación previa en Orlando. El dinero no llegó a tiempo porque el Instituto no comunicó a tiempo el envío al Banco de España. Según Marquina, Faustino Salcedo, responsable del área internacional del Ivex, le ordenó que girara una factura por el mismo importe y que justificara los pagos como servicios prestados por él mismo usando su propia mercantil, Strategies & Solutions. La envió, cobró y pagó a Iglesias a través de las empresas del cantante en Bahamas.

El Ivex, según fuentes próximas a la acusación particular, nunca ha pagado en paraísos fiscales. Lo hacía a través de las mercantiles que constituían sus delegados en el exterior. No hay en sus pagos delito fiscal. Lo ha constatado la agencia tributaria. El contrato con Iglesias es legal, anexos incluidos. La diferencia de costes entre eventos casi idénticos obedece a razones que discurren entre las necesidades de infraestructura y los precios de mercado, discutible pero también imputable a la práctica de actuación con cadenas de subcontratación. ¿Dónde estaría el delito? En la falsificación de facturas. Pero sin la factura, no hay prueba. Marquina acusa. Es su palabra contra la de Salcedo o la de José María Tabares, quien fuera director general del Ivex e imputado en la causa. Si la factura apareciera, la falsificación habría prescrito, pero quedaría un escándalo político que salpicaría al Consell y al PP.