Andalucía, modelo autonómico de la izquierda

El Estado de las autonomías que estableció la Constitución de 1978, tras casi 40 años de franquismo centralista, ha tenido un desarrollo distinto en las diferentes “nacionalidades y regiones”, a las que nuestra Ley Fundamental “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía”. Las nacionalidades históricas —preferentemente Euskadi y Catalunya— jugaban con ventaja en ese proceso, hasta que Andalucía, invocando no la historia, sino directamente la Constitución y la voluntad de sus ciudadanos, alcanzó el máximo nivel de autonomía, no tanto para mirarse su ombligo identitario como para mejorar la situación del pueblo andaluz y desarrollar su modelo desde la izquierda.

No es extraño que dirigentes catalanes como Artur Mas y Josep Antoni Duran Lleida, desde sus posiciones nacionalistas excluyentes, hayan menospreciado a Andalucía, tildando su autonomía de “artificial”, jaleados por quienes, desde el PP, devotos de su única y patriotera nación española, coquetean, sin embargo, con comunidades autónomas de ribetes soberanistas, mientras amenazan a Andalucía, que siempre cumplimentó el mandato constitucional de solidaridad entre autonomías.

El signo de izquierdas de la nueva Junta de Andalucía, como consecuencia del sabio ejercicio del derecho al voto de los andaluces el 25-M, capaz de alterar los resultados anticipados por las encuestas demoscópicas, va a ofrecer una prueba más de la salud democrática de Andalucía: se va a ensayar, para salir de la crisis, un modelo de medidas socioeconómicas contrario a las privatizaciones de los servicios esenciales y que mantenga la prioridad de la educación y la sanidad en el sector público. Como explicó José Antonio Griñán en su discurso de investidura ante el Parlamento andaluz, reducirá en 2.696 millones de euros el presupuesto de 32.020 millones previsto para 2012, pero aseguró que buscará fórmulas para ahorrar, sin recortar derechos básicos adquiridos por los andaluces a lo largo de las tres últimas décadas.

Es preciso remontarse en el tiempo para entender de dónde proviene esa sabiduría electoral del pueblo andaluz, que le sirvió para salir de su historia de caciques, señoritos, miseria, abandono y engaño, perpetrada por la derecha tradicional española, y a la que de ninguna manera ha querido regresar, aunque los viejos lobos se vistieran ahora con la piel de cordero del “cambio” (¿el cambio suyo?, cabía preguntar). Prefirió el eslogan socialista —“Andalucía por el camino seguro”—, aderezado con la presencia en la Junta de Izquierda Unida, para consolidar un poder exigente, vigilante consigo mismo y capaz de erradicar conductas fraudulentas como las de los ERE.

Todo empezó cuando la Constitución abrió la puerta a las autonomías y Andalucía aprovechó la oportunidad para introducirse de lleno. No fue tarea fácil. Unión de Centro Democrático (UCD), comprensiva con el País Vasco y Cataluña (no así con Galicia, también nacionalidad histórica, pero con menos tradición nacionalista; azotada, como Andalucía, por el paro, la emigración y el subdesarrollo, y carente de una burguesía capaz de producir un partido análogo al PNV), puso todos los palos que pudo en las ruedas de la iniciativa andaluza, empeñada en equipararse al techo autonómico pactado para los estatutos de Gernika y de Sau.

UCD mantuvo la fecha del 28 de febrero de 1980 para la celebración del referéndum de iniciativa autonómica de Andalucía, comprometida por Adolfo Suárez con el líder andaluz Rafael Escuredo. Pero a partir de ahí trató de que la consulta a los andaluces demostrara el fracaso de quienes trataban de equipararse a los nacionalistas pata negra. Se aprobó urgentemente una ley sobre las diversas modalidades de referéndum, que acentuaba las difíciles exigencias constitucionales para el acceso al mismo nivel de autonomía de las nacionalidades históricas.

La necesidad de obtener más del 50% de síes sobre el total del censo en cada provincia significaba una barrera casi insuperable, especialmente cuando UCD, el partido que sostenía al Gobierno que convocaba el referéndum, pedía a los ciudadanos llamados a las urnas que se abstuvieran de votar. Y los votantes andaluces que, a pesar de todo, desearan votar, tenían que vérselas con la siguiente pregunta, políticamente siniestra, literariamente esperpéntica, y que parecía inspirada por los hermanos Marx: “¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución a efectos de la tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo?”. Ni una mención a las palabras “Andalucía” y “autonomía”, esenciales para votar.

El resultado favorable a la iniciativa autonómica de Andalucía desbordó todas las previsiones. El proceso concluyó con la aprobación del estatuto de autonomía en 1981 y con sucesivos gobiernos de izquierda en la Junta de Andalucía, desde las primeras elecciones autonómicas del 23 de mayo de 1982 hasta las últimas del 25-M. El libro Del consenso al desencanto, que publicamos a principios de 1981 Soledad Gallego-Díaz y yo, prologado por Juan Luis Cebrián, recogía en caliente aquella voluntad frustrada de frenazo político al pueblo andaluz, que sintetizó la entonces responsable de autonomías del PSOE, María Izquierdo Rojo: “Se trata pura y simplemente de una vuelta a las fuentes antiautonomistas de UCD, comunes a los planteamientos de toda la derecha más reaccionaria española”.