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TRIBUNA

¿Por qué dicen que el déficit público es tan malo?

Es indemostrable que el famoso límite del 3% sea mejor para la economía y el empleo que otro del 2%, del 6% o del 7%

¿Obedece el empeño político en la reducción del déficit público, es decir, del desequilibrio negativo entre los ingresos y los gastos del Estado, a un carácter intrínsecamente nocivo del mismo en la economía?

Repasemos algunas cifras. La UE ha fijado en un 3% el objetivo de déficit para el 2013, en línea con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento adoptado en 1997. En la actualidad solo Suecia y Noruega superan el objetivo, ambas con superávit, a la conclusión del año 2010 (0,2%, Suecia; y 10,6%, Noruega). Según datos oficiales, España cerró el año 2011 con un 8,5% de déficit. En un principio, el Gobierno español, con Mariano Rajoy a la cabeza, reafirmó el compromiso con el mandato europeo de reducirlo al 4,4%. Sin embargo, el pasado 2 de Marzo, tras la Cumbre de la Austeridad de Bruselas, que reunió a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, Mariano Rajoy anunció ante la prensa la flexibilización de la meta de déficit fijándola en un 5,8%, sin que ello pudiera suponer ninguna variación en el sacrosanto objetivo del 3% para 2013.

El 6 de Marzo, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne a los consejeros de Economía de todas las comunidades autónomas españolas, los consejeros del Partido Popular, que gobierna en 13 de las 17 comunidades, cerraron filas en torno al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que ya había declarado su oposición a cualquier relajación del objetivo de déficit de las comunidades autónomas, establecido en el 1,5% frente al 1,3% anterior y al 2,9% de 2011. El 12 de Marzo, el Gobierno español terminó por aceptar, bajo la presión de la Comisión Europea, el objetivo definitivo de déficit para el año en curso: el 5,3%.

El juego político en torno a este conjunto de magnitudes puede inducir a pensar que detrás de ellas hay concienzudos análisis científicos solo al alcance de un reducido número de expertos en economía y contabilidad. Nada más lejos de la realidad. ¿No resulta llamativo que, desde el poder económico, financiero o político, nadie haya explicado de manera clara, más allá del tópico simplista de Mariano Rajoy de que "no se puede gastar lo que no se tiene", la relación entre la carrera por reducir el déficit público, la tan cacareada "austeridad", y la reactivación económica con la consiguiente creación de empleo? ¿A qué se debe esta falta de claridad? La respuesta es sencilla: es indemostrable que la reducción del déficit público, la estabilidad presupuestaria o el mantenimiento del límite del famoso 3% sea mejor para la economía y el empleo que un déficit del 2%, del 6% o del 7%.

En momentos de recesión, el recurso al déficit público, sin  despilfarro,  ayuda a que la economía se capitalice

Es más, en momentos de recesión, el recurso por el Estado al déficit público, con un gasto orientado hacia el bienestar social y evitando el despilfarro o la inversión improductiva, ayuda a que la economía se capitalice y siente las bases de un rendimiento futuro mayor. Suecia, por ejemplo, superó la crisis generada en los años treinta del pasado siglo por el crash de 1929 en Wall Street con una política basada en la expansión del gasto público, la extensión de las prestaciones sociales y la redistribución de la renta con un sistema tributario progresivo, rehuyendo la tentación de recurrir al gasto militar. Los resultados llegan hasta hoy. Islandia, gobernada por la socialdemocracia, está superando la crisis económica actual tras la revuelta que impulsó dos referendos en los que la ciudadanía islandesa se pronunció, mayoritariamente, en contra del pago de la deuda pública, y después de haber sentado en el banquillo al ex-primer ministro, Geir H. Haarde, por su presunta responsabilidad en el colapso del sistema bancario que colocó a Islandia al borde de la quiebra. Su previsión de crecimiento es del 2,5% en 2012 y una caída del paro de hasta el 7%, gracias a la aplicación de una política económica que ha incluido una quita del 70% de su deuda pública y un aumento del gasto social.

La demonización oficial del déficit público, paralela, en un flagrante contrasentido, a la apuesta por un sistema fiscal regresivo que penaliza las rentas del trabajo por encima de las del gran capital, a la permisividad frente a la evasión y el fraude fiscales, a la financiación de instituciones con un alto nivel de poder fáctico, como la Iglesia Católica y el Ejército, y al despilfarro en inversiones ruinosas, encierra un doble interés. En primer lugar, que el Estado esté cada vez más incapacitado para proporcionar a la economía el capital social necesario en infraestructuras, servicios públicos como la educación y la sanidad, y servicios sociales y, de esta forma, sembrar el camino para las privatizaciones. Y en segundo lugar, que el Estado disponga de unas cuentas lo suficientemente saneadas para responder a los requerimientos del capital financiero, más interesado en que la deuda pública favorezca las prácticas especulativas que en garantizar la satisfacción de las necesidades sociales, presentes y futuras. En el fondo constituye una forma de violencia institucional.

En efecto, no puede caracterizarse de otro modo la traducción de los porcentajes aleatorios de los objetivos de déficit público en las cantidades contantes y sonantes del ajuste presupuestario, el mayor de la historia democrática española, que acompañó los Presupuestos Generales del Estado del 30 de Marzo, cifrado en 27.300 millones de euros y el ajuste adicional de 10.000 millones de euros en sanidad y educación (7.000 millones en sanidad y 3.000 millones en educación), anunciado, el 8 de Abril, mediante una simple nota de prensa y sin una comparecencia pública del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y sancionado por el Consejo de Ministros del 20 de Abril. Lo cual incumplió, dicho sea de paso, otra de las promesas del período electoral: la de no tocar el gasto social.

Los Presupuestos para  2012  ponen en evidencia el interés por adelgazar al Estado en beneficio del capital financiero

En una coyuntura económica marcada por una recesión que se calcula que va a generar 630.000 parados más durante 2012, con un desempleo de larga duración del 40% en relación al paro total, con 1,7 millones de desempleados sin ningún tipo de ingreso público, con el 50% de los jóvenes menores de 25 años sin acceso al trabajo, este ajuste, que penaliza la calidad de vida de la mayoría de la ciudadanía y salvaguarda las fortunas de los poderes económicos y financieros, constituye una verdadera agresión a derechos básicos de la ciudadanía y pone en evidencia el interés por adelgazar al Estado en beneficio del capital financiero. ¿Qué mejor negocio que exponer los servicios públicos y las prestaciones sociales al "mercado"? Un negocio para unos pocos, pero contraproducente para el conjunto de la sociedad.

Un Gobierno responsable, que situara a la ciudadanía por encima del servilismo hacia los "mercados", hubiera debido empezar su mandato exigiendo una moratoria de la deuda, para impulsar una política basada en un sistema tributario progresivo y en una expansión del gasto-público-social, que en España, para más inri, es inferior al del conjunto de la UE de los 15 (la anterior a la ampliación de la UE a los países del Este de Europa).

Francisco Javier Segura Jiménez es profesor de Historia.

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