Estabilidad inestable

La aprobación parlamentaria de la Ley de Estabilidad Presupuestaria con el voto contrario del PSOE es una muy mala noticia. Por tres razones. En primer lugar, porque entraña un mensaje negativo a los mercados. No en el sentido de que haya un abismo entre los dos grandes partidos sobre el principio de la lucha contra el déficit, sino de que les es imposible construir un acuerdo sobre detalles, si bien no menores, de la misma.

En segundo lugar, porque se produce, extrañamente, después del acuerdo alcanzado en agosto para incorporar esa política a la Constitución, acuerdo que dejaba sus concreciones a esta ley orgánica. PP y PSOE parecen desafiar al principio de derecho romano según el cual quien puede lo más, puede lo menos: lograron pactar lo más difícil, una reforma constitucional, y han sido incapaces de hacer lo propio con su mero desarrollo legislativo.

Y lo es también, en tercer lugar, porque la ausencia de consenso erosiona la fortaleza de la propia norma, al anunciar la eventualidad de su modificación tras el siguiente cambio de signo del Gobierno. Algo que ya ha ocurrido con las anteriores leyes de estabilidad presupuestaria, replanteadas al compás del turno de poder. Que esa inestabilidad de la norma afecte justo a una ley que reclama la estabilidad desborda la paradoja: perjudica la imagen de seriedad de España como país capaz de dar continuidad a políticas esenciales.

Esos impactos negativos apenas se compensan con la repesca al consenso en esta materia —entre otros grupos— del nacionalismo catalán de CiU, que denigró la reforma de la Carta Magna considerando entonces roto el consenso constitucional, y que ahora implícitamente deberá reputar como restablecido.

Si el consenso pasado fue mérito de los dos grandes partidos, la culpa del disenso actual habrá que atribuirla también a ambos. Aunque en distinto grado, pues el partido del Gobierno siempre ostenta mayor responsabilidad al disponer de más instrumentos con que acompañar un pacto, y porque su texto conculca el espíritu de lo acordado el 26 de agosto.

A saber, que la ley orgánica no establecería la obligatoriedad del déficit cero, sino del 0,4% del PIB, en línea con el Tratado europeo, lo que ahora se contempla solo a título excepcional. Es lo que permitía un margen, si bien muy leve, al desarrollo de una política contracíclica, margen que posibilitó el consenso en la reforma constitucional. Si el Gobierno ha mostrado flexibilidad para recuperar a CiU con una modificación de calendario, ¿por qué no ha hecho algo parecido con el primer partido de la oposición?

Esa recomposición debiera ser posible al paso de la ley por el Senado. Convendría entonces mejorarla en otros aspectos. Como un cambio en el carácter de la autoridad sancionadora a las Administraciones incumplidoras del déficit, para asumir la idea de académicos de peso de desgubernamentalizar esa función y atribuirla a un organismo independiente.