Un déficit asfixiante

Una cadena de graves errores técnicos y políticos ha convertido el déficit de tarifa eléctrica (diferencia entre los ingresos reconocidos a las empresas eléctricas y lo que realmente han recibido a través de la tarifa) en un grave problema financiero; tan grave que puede comprometer la solvencia de la deuda española. El primer error, el fundacional, hay que atribuírselo a los Gobiernos del PP, quienes a principios de la primera década del siglo crearon un mecanismo infernal para calcular la tarifa eléctrica, la estructura de precios y el modo de retribución. A grandes rasgos, definido por sus efectos, ese mecanismo consiste en que las compañías se van apuntando derechos de percepción de ingresos (según un sistema de fijación que debería revisarse) con independencia de los precios que marca el Gobierno para los consumidores. Como el PP de Aznar tenía que apuntarse ante los votantes la medalla de la moderación de los precios de la electricidad, se limitó empaquetar la diferencia entre precios y costes y la envió hacia el futuro. Los Gobiernos del PSOE cometieron un segundo error: durante ocho años de gestión ha sido incapaz de explicar el problema, cambiar el modelo, poner fin a la cadena interminable de derechos financieros reconocidos a las eléctricas (en parte titulizados y, por lo tanto, sin vuelta atrás) y articular un sistema de precios que no privilegie a las empresas eléctricas y perjudique a los consumidores. Por el contrario, añadió a la tarifa más cargas, como la financiación de las energías renovables, dejó sin reclamar los más de 3.000 millones que debían las eléctricas por haber ingresado en exceso Costes de Transición a la Competencia (CTC) y perdió todas las oportunidades para resolver el problema.

El resultado es un déficit de tarifa que a fecha de hoy supera los 20.000 millones y que a finales de la década se aproximará, si no se toman decisiones prácticas ahora, a los 60.000 millones. Una deuda de este volumen es una mina a la deriva que puede estallar en cualquier momento contra la credibilidad del Tesoro. No es posible ya ocultar la gravedad de la situación, ni tampoco que las decisiones recientes de Industria (moratoria para nuevas explotaciones renovables, que producirá un ahorro global de menos de 200 millones) son insuficientes para corregirlo. Parece imprescindible afrontar el problema con decisiones más contundentes. Para empezar, debe desmontarse el sistema actual de cálculo de la tarifa eléctrica, retirando del mercado los precios de las energías amortizadas (nuclear e hidráulica). Además, debe considerarse la aprobación de varios impuestos. Los más evidentes gravarían la producción nuclear y la hidráulica como windfall tax (tasa sobre los beneficios regulatorios). Será inevitable subir el recibo de la luz, aunque el precio de la electricidad para los hogares españoles está entre los más elevados de Europa. Pero estas y otras medidas recaudatorias menores apenas conseguirían ingresos por encima de los 3.000 millones anuales, cuando la proyección de aumento anual del déficit supera los 5.000 millones anuales.

Una de las pocas soluciones prácticas sería negociar una quita de la deuda. Pero esa decisión equivaldría a tocar la solvencia de la deuda española. El Gobierno, es decir, el ministro José Manuel Soria, tiene que pronunciarse sobre la gravedad real del déficit eléctrico y explicar cuáles son sus soluciones eficaces. Y creíbles.