Plañiol reaviva las restricciones a la justicia gratuita

La consejera de Justicia de Madrid anuncia un "nuevo sistema" más riguroso y transparente para garantizar que disfrute de abogado de oficio solo quien lo necesite

La consejera de Presidencia y Justicia de Madrid, Regina Plañiol, ha asegurado esta mañana que se está estudiando "qué personas tienen derecho a la justicia gratuita", de manera que estas se beneficien de ella mediante un "nuevo sistema" más riguroso y transparente, que evitará por contra que la perciban "los que no tienen derecho". Plañiol se ha referido así, a preguntas de los periodistas tras una visita a los Juzgados de Plaza de Castilla, a la exigencia hecha el pasado viernes por el Colegio de Abogados de Madrid para que la Comunidad de Madrid abone las cantidades pendientes por los servicios prestados por el turno de oficio, cuyo coste cifra en 18.146.643 euros este año.

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Por este motivo, el Colegio de Abogados de Madrid dejó el 1 de junio de designar abogados de turno de oficio, excepto para aquellas causas que afecten al derecho de defensa de los ciudadanos. La consejera ha declarado, como ha hecho en ocasiones anteriores, "la apuesta de la Comunidad de Madrid por la justicia gratuita" y ha asegurado que las personas que la necesiten "contarán siempre con el apoyo especifico del Ejecutivo regional".

No obstante ha precisado que "una cosa es que haya un derecho a la justicia gratuita y otra que la justicia sea gratuita, ya que una cosa es que la justicia sea gratuita para las personas que cumplen con los requisitos a este derecho, aunque no puedan hacer frente a su coste, y otra cosa es que el servicio no tenga un coste, ya que corresponde pagarlo a todos los madrileños a través de impuestos". "Y por lo tanto las administraciones públicas tenemos el deber y la obligación de ser rigurosos en el cumplimiento de la norma", ha añadido.

Por este motivo, ha anunciado que la Comunidad de Madrid acometerá una modificación en el sistema actual, tras llevar a cabo un análisis en profundidad "que permita conocer qué personas tienen derecho a la justicia gratuita, con todo el rigor en la aplicación de la norma, para garantizar a los madrileños que el tenga derecho a la justicia gratuita la va a recibir, y los que no tienen derecho no la van a recibir".

Ha precisado que ya se han puesto en marcha diferentes grupos de trabajo en este sentido "para que el servicio sea eficaz y también riguroso y transparente". Plañiol ha recordado que el servicio de asistencia jurídica gratuita, que fue transferido a la Comunidad en 2003, ha incrementado su presupuesto por cinco, y "este importantísimo esfuerzo presupuestario que ha hecho la Comunidad tiene que ir acompañado por un importante esfuerzo de transparencia y de gestión".

El tira y afloja entre los abogados de la justicia gratuita y el Gobierno regional viene de lejos. Los más de 5.000 letrados que están en este servicio mantienen las mismas tarifas desde 2003 porque el Gobierno regional no las ha revisado. Los abogados del turno de oficio de Madrid han llevado a acabo multitud de protestas, incluida una huelga este mes de junio, por los impagos de la Comunidad de Madrid que hacen que los letrados trabajen "gratis" desde hace meses.

La Comunidad les debe más de 18 millones de euros y según el colectivo se ha negado "todo compromiso de pago en un plazo razonable". Los letrados también han denunciado el propósito del Gobierno regional de restringir el acceso a la justicia gratuita a ciertos colectivos, como a los extranjeros que carezcan de pasaporte o de certificado de empadronamiento.

Ya el año pasado, el Gobierno regional quiso zanjar con un nuevo decreto el enfrentamiento con los abogados del turno de oficio por el impago de sus servicios. La norma, que no se llegó a aprobar nunca, quería limitar el acceso a la justicia gratuita con una serie de requisitos que implicaban un recorte en el gasto regional en el turno de oficio. Uno de ellos para que los beneficiarios del turno de oficio tuviesen que acreditar que no disponen de medios para pagar un abogado. En palabras del propio consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, solo podrán acceder al servicio quienes puedan justificar que son "pobres de solemnidad".

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