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Aguirre pide por segunda vez a la Delegación que no permita la marcha "antipapa"

Las 140 plataformas que la convocan replican que "no es antipapa", sino que trata de mostrar una "opinión diferente, pacífica y respetable"

Al igual que ocurrió con la procesión atea de Semana Santa que no fue, de nuevo plataformas y asociaciones ateas y laicas tratan de mostrar su rechazo a manifestaciones católicas y de nuevo el Gobierno de Madrid redobla la presión sobre la Delegación del Gobierno para que no lo permita. La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha vuelto a pedir, por segundo día consecutivo, a la delegada, Dolores Carrión, que no autorice la marcha que ella define como "antipapa" y que 140 asociaciones quieren celebrar coincidiendo con la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que se celebra entre el 16 y el 21 de agosto. Aguirre exige que se prohíba para que no haya "problemas".

La marcha está convocada para el 17 de agosto, es decir, antes de la llegada a la capital de Benedicto XVI, unos días en los que se calcula que entre un millón y 1.300.000 de visitantes se sumen a los miles de turistas que en agosto acuden a la capital. Preguntada por qué va a hacer la Comunidad de Madrid a la hora de la organización de este evento, Aguirre ha señalado que el Gobierno regional va a tomar "todas las medidas que sean necesarias para que esa maravillosa avalancha de público que va a venir a Madrid a partir del 13 de agosto" tenga los servicios y la seguridades garantizados. Las personas que acudan a Madrid para participar en esta jornada van a tener "garantizadas todas aquellas cuestiones que desde la comunidad autónoma", ha dicho Aguirre, que ha detallado que son "transporte -Metro moviliza a sus conductores jubilados-, sanidad y movilidad".

Lo que cuesta... y lo que deja

Además, 275 institutos de la región estarán abiertos para acoger a peregrinos, lo que dejará sin vacaciones a los funcionarios públicos que los atienden. A este despliegue, se suma el anunciado ayer por el Ayuntamiento: se movilizarán 4.100 agentes de la Policía Municipal para garantizar la seguridad -en total, más de 10.000 agentes con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado-, se organizarán más de 1.300 turnos de efectivos sanitarios junto a 2.874 turnos de voluntarios de SAMUR, se producirán cortes de tráfico por montaje, celebración y desmontaje de los actos con sus correspondientes itineraios alternativos, se montará un operativo de limpieza formado por 600 efectivos con 203 medios mecánicos y habrá un Servicio Especial de autobuses de la EMT Aluche-Cuatro Vientos.

"Espero que no haya problemas y para eso le pediría a la delegada que no autorice la marcha antipapa", ha añadido, en la misma línea que ya lo hizo ayer, tras el Consejo de Gobierno, cuando subrayó que no "entendería" que esta se permitiera cuando no se dio permiso a la marcha que los ateos querían hacer el Jueves Santo.

Dos de los convocantes, la organización Europa Laica y la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores, han replicado a la presidenta que la manifestación "no es antipapa", sino que trata de mostrar una "opinión diferente, pacífica y respetable". En un comunicado, los organizadores de la protesta consideran que, con estas palabras, la presidenta madrileña "muestra su lado más antidemocrático y arcaico" y una cierta "incultura general".

Según el comunicado, las 140 plataformas convocantes no quieren que "se gaste el dinero del erario público para ese evento religioso privado", ni que se trate "con honores de Estado" a Benedicto XVI. El coste de la jornada, criticado desde sectores de la propia Iglesia como el Foro de Curas de Madrid, está cifrado en 50 millones de euros. Ayer, Alberto Ruiz-Gallardón, que ha emitido un bando para dar la bienvenida a los peregrinos, aseguró que la cita "va a reportar a España una cantidad no inferior a los 100 millones de euros" en forma de incremento de actividades y beneficios para los sectores del comercio, la hostelería y el espectáculo.

También afirman los convocantes que no aceptan que "las instituciones y los representantes públicos continúen mezclando el poder civil con religión", que desean eliminar "los enormes privilegios de los que goza la Iglesia católica" y que quieren, con sus protestas, "prevenir a los poderes públicos de posibles injerencias del Papa y otros clérigos en normas y leyes". Los organizadores reiteran su petición de manifestarse con el objetivo de "mostrar públicamente" su opinión, "por mucho que no les guste a otros instalados en el pasado de una religión única, obligatoria y verdadera".