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Los controladores imputados reiteran a la juez que estaban de baja por "estrés" laboral

Comienzan a declarar 16 controladores de Barajas y Torrejón por el plante del puente de diciembre.- Los casi 10.0000 afectados reclaman a AENA una indemnización de 10.000 euros para cada pasajero por las cancelaciones

El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha empezado esta mañana a tomar declaración a 16 controladores aéreos de Barajas y de Torrejón de Ardoz imputados por el abandono de las torres de control que provocó el cierre del espacio aéreo el 3 y 4 de diciembre, en pleno puente. Las comparecencias han comenzado a las diez y media de la mañana en las dependencias judiciales de plaza de Castilla con la declaración de cuatro controladores y se alargarán durante los días 19, 20 y 21 de julio.

De los cuatro controladores llamados a declarar hoy solo han acudido dos, ya que una de las trabajadoras está de baja de maternidad y otro controlador está enfermo, han informado fuentes jurídicas. Los que sí han desfilado ante la juez, Ignacio B.D y Adolfina C. V., han alegado que abandonaron sus puestos de trabajo al darse de baja médica por razones "psicofísicas" provocadas por el "estrés" de la situación laboral que vivían por los decretos aprobados por el Gobierno y han negado que estuvieran organizados para secundar un paro encubierto, que perjudicó a más de 600.000 personas en toda España. El delito de sedición aérea, recogido en la Ley Procesal Penal de Navegación Aérea de 1964, y de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Navegación Aérea, está castigado con penas de cuatro a ocho años de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por ese mismo tiempo.

Mañana martes está citado el presidente de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Camilo Cela. Este sindicato representa a más del 90% del colectivo y Cela el único miembro de la cúpula directivo imputado en la causa, aunque en calidad de controlar aéreo por abandonar su puesto en la torre de control el día que comenzó la huelga encubierta.

Junto a la acusación particular en el proceso penal, el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo en nombre de cerca de 10.000 víctimas de la huelga, unidos en la Agrupación de Demandantes Afectados por el caos aéreo, ha presentado una demanda por la vía administrativa de responsabilidad patrimonial contra Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) que puede superar los 10 millones de euros.

En la demanda, cuyo plazo de adhesión finaliza el próximo 3 de diciembre, se reclama una indemnización de 10.000 euros para cada pasajero. Así lo ha avanzado a las puertas de los juzgados Luis Vericat, abogado de Cremades y Calvo Sotelo, que ha asegurado que AENA es "totalmente" responsable de lo que sucedió aquellos días, ya que en ningún caso "puede hablar de fuerza mayor" porque, a su juicio, "era previsible y se podía haber evitado".

"No supo gestionar ese problema que tenía", ha subrayado el abogado. Sobre los 10.000 euros por viajero por los daños morales. "Es una cantidad razonable, aunque no hay dinero para pagar lo que los afectados pasaron esos días", ha insistido el abogado. En referencia a la vía penal abierta por el conflicto de los controladores, el letrado ha destacado que no puede ser "casualidad" que 400 de ellos se pusieran de baja al mismo tiempo. "Es insostenible y no es creíble", ha dicho Vericat, que ha advertido de que a partir de ahora todos aquellos colectivos que pretendan "pisotear" los derechos de los ciudadanos no les va a salir "gratis".

A las puertas de los juzgados el abogado de una de las controladoras, Carlos Vila, ha alegado que su defendida sufrió "un ataque de nervios" y tuvo que ser relevada de su puesto a instancias de su superior. Ha rechazado que se pidiera la baja de forma coordinada con el resto de sus compañeros y ha recordado que en los procesos penales es necesario individualizar las responsabilidades. "No se puede abrir un proceso inquisitorial por orden alfabético", ha añadido.

El pasado 6 de mayo, la juez María del Sagrario Herrero admitió a trámite la demanda y ordenó la averiguación de la identidad de los controldores que atendían los turnos fijados para esos días para llamarlos a declarar. Además, la juez pidió documentación a Presidencia del Gobierno y los ministerios de Defensa sobre la aprobación del Decreto de Estado de Alarma y la militarización de las torres de control, así como así todas las órdenes libradas al personal civil o a los funcionarios que se encontraban en los aeropuertos por parte de los militares. La juez también solicitó al Ministerio de Interior que certificara los acuerdos alcanzados por el gabinete de crisis durante esos días y a la Policía Judicial de Barajas que aporte las órdenes recibidas durante el cierre del espacio aéreo.