EE UU forzó a bancos y empresas españoles para que dejasen Irán

La Embajada de Estados Unidos en España ejerció una permanente presión sobre el Gobierno y las empresas españolas para tratar de limitar al máximo su actividad en Irán. Reuniones y contactos con miembros del Gobierno y altos directivos buscaron frustrar posibles operaciones con Irán, disuadir de realizar inversiones o forzar el repliegue de entidades como Repsol, Iberia, Unión Fenosa, Banco Santander y Banco Sabadell, según muestran las comunicaciones confidenciales entre la Embajada de EE UU en Madrid y el Departamento de Estado. La embajada llegó a conseguir que el subgobernador del Banco de España, José Viñals, facilitase información detallada sobre las operaciones del Santander y el Sabadell.

El Banco de España alega que dio la información sobre los bancos para defenderlos

Iberia, Izar y Unión Fenosa también se vieron afectadas por las presiones

La presión estadounidense, que llegó al punto de sancionar a una empresa española, dio sus frutos, de modo que frustró operaciones, exportaciones y proyectos que eran completamente legales de acuerdo con la legislación internacional. El Santander y el Sabadell tuvieron que cerrar sus oficinas en Teherán y Repsol dejó de lado un gran proyecto de gas. A la presión de la embajada se sumó la realizada desde otros frentes. Por ejemplo, por parte de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (la SEC, por sus siglas en inglés) sobre Repsol y el Banco Santander, que cotizan en Wall Street.

Los documentos muestran que el primer conflicto serio se produjo con la empresa Telstar, que llegó a ser sancionada por vulnerar la normativa estadounidense de no proliferación que somete a fuertes restricciones desde 2000 el comercio con Irán. Telstar se convirtió, de hecho, en la primera empresa de un país aliado miembro de la OTAN en ser sancionada por EE UU por la venta de liofilizadores y repuestos que EE UU entendía que podían ser usados para la guerra química. En un momento de dificultades en la relación bilateral, el Departamento de Estado impuso la sanción a Telstar el 23 de septiembre de 2004, a la vez que a firmas de China, India, Rusia y Corea del Norte.

Las autoridades españolas y la propia empresa alegaron que había cumplido la normativa española y comunitaria y que los equipos vendidos no estaban considerados en ese momento de doble uso, esto es, inicialmente destinados a la industria civil, pero que puedan acabar teniendo un uso militar. Además, hicieron ver que las operaciones se habían producido un año antes de lo que decía EE UU, antes de que entrasen en vigor en la UE ciertas restricciones a las exportaciones a Irán.

Programa de armas biológicas

Tras varios contactos en Madrid y Washington, EE UU accedió a retirar la sanción en un tiempo récord, pues la levantó el 27 de diciembre de 2004 a cambio del compromiso de Telstar de no efectuar más exportaciones a Irán. Los diplomáticos estadounidenses advirtieron a los directivos de la empresa que su Gobierno consideraba que todos los productos de Telstar eran susceptibles de ser usados en un programa de armas biológicas y que cualquier venta a Irán conllevaría nuevas sanciones. Telstar se resignó a seguir esa imposición e incluso a romper un contrato para la venta de dos esterilizadores fabricados por encargo, no sin quejarse amargamente de que otros competidores europeos de Telstar vendían productos similares a Irán sin haber sido sancionados.

Los cables de la embajada muestran una intensificación de las presiones en los años 2006 a 2008, la época en que los temores a que Irán estuviese desarrollando un programa nuclear. El 17 de noviembre de 2006, el embajador Eduardo Aguirre transmitió en una reunión al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, su preocupación por la información secreta que había recibido de que la compañía Iran Air negociaba comprar a Iberia 30 antiguos aviones de fabricación estadounidense.

Aguirre señaló que el asunto era "potencialmente muy grave" para Iberia y que quería planteárselo a la compañía. Moratinos pidió al embajador que le dejara a él averiguar el estado de esa negociación. Poco después, Moratinos llamó a Aguirre para asegurarle que la venta no se cerraría. Posteriormente, Aguirre planteó la misma preocupación a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega en una comida el 20 de noviembre. De la Vega reconocía que Iberia quería vender los aviones, pero que finalmente no habría operación. El embajador se dio por satisfecho: "Si ella dice que el acuerdo está roto, creemos que está roto", comunicó a Washington.

Pero quizá la operación que provocó una mayor movilización en contra fue el contrato firmado en enero de 2007 para un proyecto de exploración y licuefacción de gas natural (el proyecto Persian LNG). El acuerdo daba a Repsol una participación del 25%, mientras que la angloholandesa Shell tenía otro 25% y el restante 50% del proyecto para explotar el yacimiento South Pars correspondía al Estado iraní. Días después de firmarse el acuerdo, empezaron las presiones. El Gobierno español también transmitió a Repsol las potenciales consecuencias de ir adelante con la inversión, pero al tiempo comunicó a la embajada que la decisión final no debía tomarse hasta 2008, lo que EE UU interpretó como que tenía tiempo para abortar el acuerdo. Y a ello se puso.

En mayo de 2008, la embajada empezaba a cantar victoria: "El presidente de Repsol, Antonio Brufau, dijo al embajador el 28 de abril que Repsol ha decidido vender sus opciones sobre la concesión y que el consejo lo votaría esa semana. La embajada ha subrayado repetidamente a Repsol y al Gobierno de España la preocupación del Gobierno de EE UU por este proyecto y la decisión es una señal de que la presión ha dado resultados". En los documentos consta que el embajador trató varias veces el tema con Brufau.

En julio de 2008, el embajador Aguirre y el subsecretario del Tesoro Stuart Levey se reunieron con el secretario del consejo de Repsol, Luis Suárez de Lezo, que les confirmó que Repsol había decidido no seguir adelante con el proyecto y que había sido una decisión "cruel", según consta en las comunicaciones al Departamento de Estado. Suárez de Lezo aprovechó para quejarse de que Repsol no había tenido mucha suerte en los contratos con Irak. Con todo, dado que la puerta no se había cerrado definitivamente, Repsol aún negociaba en 2009 vender su participación en el proyecto a la china Sinopec o la india Mittal, según dicen los documentos que Brufau explicó al embajador.

Reputación y valor de las acciones

A la presión ejercida por la embajada se unió la realizada por la SEC, el órgano regulador de los mercados en EE UU. En agosto de 2007, la SEC envió una carta en tono inquisitorial a la petrolera pidiéndole explicaciones por sus actividades en Irán y Cuba. Además de exigirle información exhaustiva al respecto, pedía a Repsol que evaluara "el potencial impacto de las actividades sobre la reputación de la compañía y el valor de las acciones". Además, la SEC hacía referencia a cartas de inversores estadounidenses enviadas a la petrolera inquiriendo por esa presencia y recordaba a Repsol que varios Estados de EE UU tienen leyes o están preparándolas que previenen a sus sistemas de pensiones sobre inversiones en compañías "que hagan negocios con los países que EE UU considera patrocinadores del terrorismo".

Repsol no fue la única que se encontró con la presión de la SEC. Los documentos de la embajada muestran que la división de Riesgos para la Seguridad Global del organismo supervisor exigió al Banco Santander entre agosto de 2006 y abril de 2007 información detallada sobre sus actividades en Irán. La SEC pidió inicialmente al Santander que incluyera una advertencia sobre sus relaciones financieras (muy marginales) con bancos iraníes en su informe anual (20-F), pero el Santander prefirió cortar del todo esa relación y evitar esa advertencia en el informe.

La Embajada de EE UU tuvo una fuente privilegiada para conocer el alcance de las actividades de la banca española en Irán: el subgobernador del Banco de España, José Viñals, que en la actualidad ocupa un alto cargo en el Fondo Monetario Internacional. El vicesecretario del Tesoro de EE UU, Robert M. Kimmitt, de visita en España, se reunió con Viñals y diplomáticos de la embajada el 5 de marzo de 2008 y planteó al subgobernador su preocupación porque hubiera bancos españoles como el Santander y el Sabadell con actividad en Irán. Viñals prometió investigar, y lo hizo rápido. Ese mismo día pidió a los bancos todos los datos y al día siguiente el Banco de España pasó esos detallados informes a la Embajada estadounidense, que los remitió a Washington en una de sus comunicaciones.

Los portavoces del Banco Santander y del Sabadell consultados por EL PAÍS no quisieron pronunciarse sobre esta información ni aclarar si el Banco de España contaba con su autorización para entregar esos informes a Estados Unidos. Fuentes del Banco de España explican que el supervisor pidió la información a las entidades "para defenderlas y apoyarlas, como siempre hace el Banco de España". De lo que se trataba es de mostrar, explican, que su actividad en Irán era muy marginal, y que en ningún caso podía tener una conexión con la financiación del terrorismo. "No se trataba de pasar información delicada de ninguna entidad porque el Banco de España nunca hace eso, se trataba de defenderlas", añaden. En el supervisor consideran que cuando le pidieron información a las entidades para defenderlas "se daba por hecho" que la iban a utilizar ante la embajada.

¿Qué decía esa información? En resumen, el Santander continuaba su proceso de cierre de una oficina de representación que había tenido allí durante 25 años para operativa de comercio exterior y solo quedaban abiertas algunas transacciones pactadas a largo plazo que no podían deshacerse. El Sabadell, por su parte, informaba con detalle de su actividad, básicamente de apoyo a empresas españolas.

Presiones con efecto

Posteriormente, Kimmit también pidió al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, que ambos bancos cortasen toda relación con los bancos iraníes. Las presiones surtieron de nuevo efecto. El propio presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, envió una carta a la Embajada de EE UU a mediados de abril de 2008 en la que pedía que se transmitiera a Kimmit que el "Banco Sabadell ha decidido suspender todas sus actividades de la oficina de representación en Irán y, como consecuencia de ello, cualquier transacción u operación con el sistema bancario iraní", manteniendo abiertas solo aquellas obligaciones contractuales aún en vigor, pero que, según anunciaba Oliu, no serían renovadas al expirar.

En julio de 2008, Viñals volvió a reunirse con otro alto cargo del Tesoro de Estados Unidos y, según la embajada, le aseguró que los bancos españoles habían cerrado sus oficinas en Irán. También trató de tranquilizarle sobre el libio Aresbank, presente en España, del que dijo que merecía en todo caso un escrutinio extra.

Los documentos de la embajada también desvelan presiones sobre Unión Fenosa después de que su filial Socoin (recién adquirida por Fenosa) se hiciera con un contrato de ingeniería en Irán por 32,5 millones de dólares. La embajada se mostraba satisfecha de la receptividad a sus quejas por parte del consejero delegado, Honorato López-Isla, pero al tiempo reconocía que, a diferencia de otras compañías energéticas españolas, al no tener Fenosa apenas presencia en EE UU, la amenaza de las sanciones podría no ser suficientemente disuasoria.

Otras empresas de mediano o pequeño tamaño se han visto sujetas también a las presiones de EE UU para romper sus lazos comerciales con Irán, según los documentos confidenciales. EE UU se interesó por la venta de moledoras automáticas por parte de Maquinaria CME. El Gobierno español comunicó a la empresa que debía romper todos sus vínculos comerciales con Irán, según los despachos de la mbajada. Otras empresas investigadas por EE UU fueron URO Vehículos Especiales, Maquinaria CME, Kynos o Schmidt-Clemens Spain. Esta última es la filial española, con sede en Navarra, de un grupo alemán, que vendía tubos metálicos a Irán. El Gobierno español cedió una vez más a las presiones de EE UU para frenar esas ventas pese a que en teoría se trataba de artículos no prohibidos. Asimismo, Estados Unidos también investigó a la empresa pública Izar. Según sus noticias, una delegación de la empresa visitó Irán en enero de 2004 para negociar ventas militares. Tras las advertencias de EE UU, nunca se llegó a concretar un acuerdo.

EE UU incluso llegó a investigar si había posibilidad de que se vendiera uranio a Irán desde España, pero diplomáticos españoles lo descartaron y sugirieron que tal vez Irán intentaría comprar el uranio en países como Colombia y Argentina.

La embajada reconoce haber presionado también al director general del CESCE para limitar los seguros de crédito para exportaciones a Irán. No obstante, hay empresas españolas que han seguido exportando a Irán o haciendo allí negocios en sectores como energías renovables, agua o infraestructuras. Entre las marcas más conocidas allí presentes está la firma de moda Mango.

Tras la visita del subsecretario del Tesoro Stuart Levey en julio de 2008, la embajada hacía un balance: "Aunque los españoles, especialmente su ministro de Asuntos Exteriores, juegan al perenne baile de ser miembros de la UE (...), creemos que el Gobierno de España comprende que seguimos con mucho cuidado la posición de España en este asunto". Tras tiras y aflojas, presiones e intervenciones, España acabó alineándose de lleno con la posición estadounidense. En palabras de Bernardino León, secretario general de La Moncloa, transcritas por la embajada en Madrid, en lo referente a Irán, España y EE UU están "en la misma onda".

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