La fiscalía apoya recusar a la juez del 'caso Mercasevilla' por el trabajo de su marido en la empresa

La Fiscalía de Sevilla ha acordado apoyar la causa de recusación presentada contra la juez que investiga las presuntas irregularidades en Mercasevilla, Mercedes Alaya. Considera "innegable" la relación de la actividad profesional del marido de la magistrada con la investigación iniciada por un presunto delito societario. El esposo de Alaya, Jorge Castro, fue auditor de la empresa durante siete años hasta junio de 2002 y, según el ministerio público, "ello puede tener influencia en la debida imparcialidad de la instructora". A continuación, la fiscalía añade en su escrito: "El contenido material de la investigación, al menos en lo referente al año 2002, afecta de lleno a la actividad profesional del cónyuge la instructora".

Castro fue el responsable de la auditoría durante siete años, hasta que Mercasevilla decidió prescindir de sus servicios en junio de 2002. "Yo era el responsable del trabajo de campo, pero era una época muy diferente a esta", dijo en su día el marido de Alaya a este periódico. "Entiendo que el periodo que está analizando mi mujer es posterior. No tiene absolutamente nada que ver", añadió Castro. Pero la fiscalía discrepa. El fiscal entiende que existe un "evidente conflicto" que puede "afectar a la imparcialidad tanto objetiva como subjetiva" de la juez.

En la actualidad, la juez Alaya mantiene tres causas abiertas por irregularidades en la gestión de la empresa. El principal acusado en estas investigaciones, el ex director de Mercasevilla, Fernando Mellet, participó en el consejo de administración que prescindió de los servicios de KPMG, la consultora donde Castro trabajaba como gerente.

La defensa de Pilar Giraldo, ex directiva de Mercasevilla imputada en este caso, presentó un escrito en el que pedía la recusación de la juez instructora, Mercedes Alaya. El abogado Juan Carlos Alférez basó su petición en el hecho de que el marido de la magistrada, Jorge Castro, fue el auditor de la empresa municipal. Esto, según el letrado, afectaría a la imparcialidad de la juez. Ahora la fiscalía se adhiere a su petición.

La recusación solo afectaría a la investigación por delito societario, lo cual no impediría a la magistrada seguir investigado la causa de la venta de suelo y el supuesto intento de soborno. La triple causa por un supuesto intento de soborno, las irregularidades en la venta de suelo público y una supuesta malversación de fondos públicos y delito societario, acumula ya 13 imputados.

Tras la solicitud de recusación, la juez dio el pasado martes a las partes personadas un plazo de tres días para presentar alegaciones a la causa. Hoy la fiscalía se ha adherido a la petición. El plazo cumple mañana.