El ex fiscal general de Ruanda responsabiliza a Kagame de las matanzas de hutus en Congo

El Ejército ruandés acabó con la vida de miles de refugiados hutus durante sus incursiones en la República Democrática del Congo en 1998. Así lo manifestó el miércoles el ex fiscal general de Ruanda y ex vicepresidente del Tribunal Supremo de ese país Gerald Gahima ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que mantiene procesados a 40 cargos de ese país por genocidio y crímenes de guerra así como por el presunto asesinato de nueve cooperantes y religiosos españoles. Gahima, que tuvo que huir del país y refugiarse en EE UU en 2004 tras ser depurado por el régimen de Kigali, confirmó que el partido del presidente Paul Kagame, el Frente Patriótico Ruandés (FPR), se financia en parte gracias al expolio ilegal de recursos naturales congoleños como el coltán.

La versión de Gahima coincide en parte con el último informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En este documento se aseguraba que Ruanda pudo haber cometido genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad por las matanzas de miles de refugiados hutu huidos a Congo a partir de 1996. Las muertes, -entre ellas las de mujeres, niños, ancianos y enfermos asesinados a martillazos, cuchilladas o quemados vivios- "no pueden considerarse accidentes derivados de la guerra", según el reciente documento de la ONU que reclamaba que esos hechos fueran investigados "por el tribunal competente", la Corte Penal Internacional. Este presunto genocidio se inició dos años después del cometido por los hutu sobre los tutsi, que produjo 800.000 muertos y es investigado por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, con sede en Arusha (Tanzania).

La declaración del ex fiscal general también coincide en parte con otro informe de Naciones Unidas. El grupo de expertos sobre la explotación ilegal de recursos en Congo aseguró en otro dossier publicado en 2001 que tres de las compañías que sacaban el coltán y otras materias primas de ese país hacia Kigali (la capital ruandesa), Air Navette, Jambo Safari y New Gomair, pertenecían a personas cercanas a Kagame, como la esposa de su ministro de Finanzas o empresarios de su entorno más cercano. Los informes aseguraban, además, que la mayoría de las sociedades que se beneficiaban de la extracción ilegal pertenecían al Gobierno de Kagame o a personalidades del partido que lidera, el Frente Patriótico Ruandés (FPR) y entre ellas se citaba el holding Tri-Star Investments, también citado por Gahima en su declaración ante Andreu.

El pasado miércoles Gahima presentó ante el juez español un documento elaborado por él junto con otros tres cargos ruandeses caídos en desgracia titulado Rwanda briefing. Entre ellos se encuentra el ex general Faustin Kayumba Nyamwasa, antigua mano derecha de Kagame durante los crímenes y uno de los principales implicados en la causa abierta en España. Nyamwasa, -procesado por genocidio, crímenes de guerra y por ordenar y supervisar la muerte del religioso catalán Joaquim Vallmajó en 1994 y la de los miembros de Médicos del Mundo Flors Sirera, Manuel Madrazo y Luis Valtueña tres años después- se encuentra refugiado en Suráfrica tras ser herido a tiros en Johanesburgo en junio, en un atentado que el general atribuye a los servicios secretos de Kagame. El Gobierno español, a petición del juez Andreu, solicitó la pasada semana su extradición a Pretoria para que responda de sus crímenes ante la Audiencia Nacional.

El documento de Nyamwasa y Gahima apunta directamente contra Kagame como el único responsable de las matanzas en la República Democrática del Congo y, en general, como gran muñidor de la desestabilización de toda la región de los Grandes Lagos al haber ordenado en dos ocasiones la invasión de ese país. También lo dibuja como un dictador corrupto y autoritario cuyo poder se sostiene en la represión y lo culpa de las muertes de opositores y periodistas previas a las últimas elecciones presidenciales ruandesas, en las que resultó reelegido.

Fuentes jurídicas interpretan la declaración de Gahima en la Audiencia Nacional como un acercamiento de Nyamwasa a la investigación que se sigue en España contra él y otros 39 cargos del FPR. Tras responder a las preguntas de la acusación y del juez Andreu, el ex fiscal general ruandés se presentó como representante del presunto genocida y pidió que todo lo que tuviera que ver con su procesamiento le fuera comunicado personalmente.