Ruanda insulta al juez Andreu por procesar a 40 cargos públicos por crímenes de lesa humanidad
El Gobierno de Kigali califica al magistrado de "racista" y "negacionista" del genocidio de los tutsi
La respuesta de Ruanda al procesamiento de 40 cargos de su Gobierno por el genocidio de los hutus -posterior al de éstos sobre los tutsi, que investiga el Tribunal Penal Internacional para Ruanda- es un ataque directo al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. El Ejecutivo de ese país ha enviado un escrito al juzgado en el que califica a Andreu de "racista y negacionista" y en el que llega a afirmar que el juez "comparte la causa" y "se adhiere a los argumentos" de los responsables del genocidio sobre los tutsi, que acabó con la vida de 800.000 personas en 1994.
El documento solicita que se le admita "como parte civil" en el proceso junto a cuatro de los presuntos genocidas cuyo nombre no aparece en el escrito. Sin embargo, esa petición ha sido rechazada ya que el escrito no llegó por los trámites previstos en la legislación española, mediante abogado y procurador con poderes para actuar en el nombre del Estado africano, por lo que se ha añadido a las actuaciones aunque sin dar lugar a ninguna resolución.
El escrito califica la instrucción de Andreu de "linchamiento judicial" y afirma que "supone un grave peligro para la justicia internacional y para las normas de derecho que garantizan normalmente la justicia para las verdaderas víctimas".
Las matanzas que investiga el juez (entre 1994 y 2000) produjeron supuestamente 4 millones de asesinatos en Ruanda y la República Democrática del Congo, entre ellos los de nueve españoles (religiosos y cooperantes) que realizaban labores humanitarias en campamentos de refugiados y se atrevieron a denunciar los ataques del Ejército Patriótico Ruandés, cuyo líder es el actual presidente de Ruanda, Paul Kagame.
La investigación de Andreu se basa, en gran parte, en informes oficiales de Naciones Unidas que prueban que Ruanda ha estado detrás de las sucesivas guerrillas que han asolado el este de la República Democrática del Congo. La última, encabezada por el denominado Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) de capitaneada por Laurent N'Kunda, causó varios centenares de muertos y cientos de miles de desplazados. Ruanda, que sorpresivamente detuvo a N'Kunda el pasado enero, fue "cómplice en el reclutamiento de soldados, incluidos niños" y "facilitó equipamiento militar y tropas" en apoyo de la guerrilla, según la ONU.
Durante la instrucción del caso, el juez Andreu tomó declaración como testigo protegido a un ex alto cargo de los servicios secretos de Ruanda que aseguró que el Gobierno de ese país organizó y sufragó el asesinato del ex presidente de la República Democrática del Congo Laurent Kabila el 16 de enero de 2001.
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