Todo el Gobierno valenciano amañó contratos para nueve empresas de la trama corrupta
Un informe pericial remitido al Tribunal Superior de Madrid acredita 76 contratos a dedo y denuncia múltiples irregularidades
La presidencia y la vicepresidencia del Gobierno valenciano, siete consejerías (Justicia, Vivienda, Infraestructuras, Turismo, Educación, Bienestar Social y Sanidad) y ocho organismos públicos dependientes del Ejecutivo autónomo del PP, adjudicaron entre 2004 y 2008 al menos 85 contratos a nueve empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa por 7,2 millones de euros. De esos contratos, la inmensa mayoría se adjudicaron a dedo sin requerir expedientes de contratación.
La unidad de auxilio judicial al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que investiga el caso Gürtel, remitió hace algo más de una semana un informe de 43 páginas, que esta mañana ha esgrimido en las Cortes valencianas el portavoz socialista, Ángel Luna, donde denuncia múltiples irregularidades en la contratación con las empresas de la trama corrupta que salpican tanto a Francisco Camps como a su vicepresidente y a siete consejeros del Gobierno del PP.
Sobre la mayoría de los contratos menores, adjudicados a dedo, el informe señala las siguientes irregularidades:
Fraccionamiento ilegal. "En al menos 14 actividades se ha fraccionado el objeto del contrato en varios contratos menores con el fin de no utilizar otros procedimientos de contratación -negociado o abierto-, vulnerando los principios de publicidad y concurrencia recogidos en la normativa reguladora de la contratación pública". Los distintos departamentos del Gobierno valenciano del PP vulneraron las normas de varias formas, según el informe pericial:
- El mismo órgano fracciona el expediente en varios contratos que se adjudican a la misma empresa.
- El mismo órgano fracciona el expediente en varios contratos, algunos de los cuales adjudican a la misma empresa y otros se adjudican a empresas diferentes pero del mismo grupo [pertenecientes a la red de sociedades de Francisco Correa].
De cada una de estas actividades, el informe pericial aporta ejemplos tras el análisis de los distintos expedientes de contratación. Los peritos destacan, por ejemplo, que tras adjudicar la Agencia Valenciana de Turismo en 2005 , este sí por concurso, el montaje y desmontaje del pabellón valenciano en la feria Fitur que se celebra en Madrid todos los años, otras consejerías como Vivienda o Infraestructura y Transportes, contrataron diversos servicios para ese pabellón fraccionando el objeto de contrato para no tenerlo que sacar a concurso y adjudicárselo a las empresas de la trama corrupta, "vulnerando los principios de publicidad y concurrencia".
En aquel momento era consejera de Turismo la actual presidenta de las Cortes valencianas, Milagrosa Martínez , a quien la trama regaló un reloj de 2.400 euros. El informe afirma que no se debió conceder a Orange Market el pabellón porque no acreditó solvencia ni experiencia suficiente. Por otra parte, Martínez convalidó contratos menores relacionados con Fitur también de forma irregular. El informe asegura que "la convalidación la debería hacer el superior jerárquico", que sería Presidencia de la Generalitat.
Un escándalo en contenedor amarillo
La empresa pública valenciana VAERSA contrató la grabación, edición y realización de un vídeo documental para concienciar a los valencianos sobre el correcto uso del contenedor amarillo. Para adjudicar el proyecto se solicitaron tres ofertas a Orange Market, Boomerangdrive y Down Town Consulting. No se trataba de empresas conocidas en Valencia y especializadas en la elaboración de ese tipo de trabajos. Ni siquiera eran empresas con las que tratara habitualmente VAERSA. Simplemente eran empresas que pertenecían, todas, a la red corrupta de Francisco Correa.
Los peritos que auxilian al Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la investigación del caso Gürtel señalan que en ese concurso "se vulneraron los principios de publicidad y concurrencia".
El contrato se adjudicó finalmente a Orange Market, la única de las tres empresas de la red corrupta con sede en Valencia y cuyo máximo responsable, Álvaro Pérez, tenía íntima amistad con algunos de los dirigentes del Gobierno valenciano. El contrato se adjudica en 119.500 euros pero se le adelanta el 50% (69.310) por el guión técnico y literario del futuro documental, que nunca se llega a grabar. VAERSA asume la responsabilidad del incumplimiento del contrato, lo que exonera a Orange Market y le permite seguir contratando con la administración valenciana. En el expediente de este contrato, los peritos señalan que no consta "ninguna apertura de expediente de responsabilidad administrativa contra personal de VAERSA por dejación o incumplimiento de sus obligaciones".
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