El Supremo cita a declarar como imputado a Garzón el 10 de mayo por las escuchas de Gürtel

El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha sido hoy citado a declarar por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para el 10 de mayo, a las 10.30, en relación con las escuchas del caso Gürtel, la trama corrupta que afecta al Partido Popular. Esta es una de las tres querellas contra el juez que están vivas actualmente. El magistrado ya declaró por la causa de los crímenes del franquismo y por las facturas de unos cursos que impartió en la Universidad de Nueva York. Este caso se refiere a las escuchas en la cárcel ordenadas por Baltasar Garzón entre abogados de la trama corrupta y sus defendidos. Las grabaciones fueron anuladas y eliminadas del sumario. El Tribunal Supremo confirmó la admisión a trámite de la querella presentada contra Garzón el pasado día 16 por un presunto delito de prevaricación.

Esas escuchas fueron ordenadas por el magistrado a petición de la Fiscalía Anticorrupción durante la instrucción inicial del escándalo de corrupción vinculada al PP y que implica a varias Administraciones gobernadas por ese partido. Las intervenciones fueron luego avaladas por el juez instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, aunque finalmente sus superiores decidieron anularlas en bloque y eliminarlas del sumario pocos días antes de que este se hiciera público.

La querella fue presentada por Ignacio Peláez, abogado de José Luis Ulibarri, uno de los acusados del caso Gürtel, por considerar que Garzón autorizó de forma genérica e indiscriminada la intervención de las grabaciones de cualquier letrado, siendo "perfectamente conocedor de la ilicitud e ilegalidad que estaba cometiendo". Después se adhirieron los abogados José Antonio Choclán, en nombre del cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, y Gonzalo Rodríguez-Mourullo, en nombre de otro de los principales imputados, Pablo Crespo.

En febrero de 2010 la Fiscalía del Supremo calificaba de "fraude de ley" la querella presentada por Ignacio Peláez. Pese a este escrito, la sala admitió la denuncia a trámite, decisión contra la que la propia fiscalía del alto tribunal ha presentado un recurso de súplica que ha sido rechazado. En dicho recurso, el fiscal aseguraba que las intervenciones contaron en todo momento con la autorización judicial necesaria y además proporcionaron datos claves sobre las actividades de blanqueo de capitales de los imputados.

La causa está instruida por el juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro, miembro de la asociación profesional Jueces para la Democracia, que accedió al cargo hace ahora un año desde la presidencia de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid, encargada de juzgar, entre otros, el llamado caso del ácido bórico, en el que se dirimía la actuación de cuatro altos mandos de la policía por la supuesta manipulación de un informe de tres subordinados suyos en el que vinculaban a ETA con el 11-M.