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La polémica sobre la inmigración

Torrejón rectifica y no restringirá el padrón para los 'sin papeles'

El Ayuntamiento madrileño imponía limitaciones, por ejemplo, por el tamaño de la vivienda o por presentar un visado de turista.- "Acata pero no comparte"

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid) da marcha atrás en su normativa de empadronamiento de los sin papeles que impedía registrarse a quienes vivieran en pisos de menos de 20 metros cuadrados o con pasaporte en el que figurara el visado de turista. "Desde el Ayuntamiento se acata el informe de la Abogacía del Estado pero sí queremos dejar claro que Torrejón de Ardoz no es un municipio xenófobo", ha asegurado el alcalde, Pedro Rollán.

Tras conocerse la intención del Ayuntamiento de Vic de no empadronar a los irregulares saltó a la luz el caso de Torrejón, gobernado por los populares, que desde octubre de 2008 aplica su propia normativa al margen de la ley, que exige registrar a todos los inmigrantes, lo que les permite acceder a los servicios sociales aunque no residan legalmente en España.

"El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, aunque no lo comparte, acata el dictamen del Gobierno de España de empadronar a todos los inmigrantes al margen del número de personas que puedan estar hacinadas en una vivienda", ha señalado el regidor. Torrejón seguirá trabajando para evitar los hacinamientos y los pisos patera en la ciudad, pero exige que se respete la normalidad y la convivencia en la ciudad sin dañar su imagen, según el comunicado que ha leído el regidor, quien ha subrayado que en sólo siete años la inmigración "se desbordó" en el municipio hasta ascender al 20% de su población.

Pese a rectificar la norma vigente, el Gobierno municipal de Torrejón ha pedido al Ejecutivo central que cambie las leyes para regular las "situaciones de hacinamiento" y aumente las ayudas económicas a los Ayuntamientos para integrar a los inmigrantes.

Diferencias en el PP

En las últimas semanas varios dirigentes del PP han entrado en una escalada de declaraciones en las que sugerían un endurecimiento de la legislación para evitar la entrada de sin papeles y justificaban, de forma más o menos clara, la actitud del Ayuntamiento de Vic y Torrejón. El Gobierno de Esperanza Aguirre ha avalado en todo momento la normativa de Torrejón, mientras que la líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, propuso cambios en la ley porque, según aseguró, "no cabemos todos".

Consciente de que el discurso duro en inmigración no fue rentable en las pasadas elecciones, Rajoy se ha encargado de suavizarlo en los últimos días. Así, la semana pasada desautorizó al Ayuntamiento de Torrejón al afirmar que este municipio también tiene que cumplir la ley como todos los demás. La norma que obliga al empadronamiento de todos los irregulares está vigente desde 1997 y fue aprobada por el Gobierno del PP cuando Rajoy era ministro de Administraciones Públicas.

Críticas de Corbacho

Desde las filas socialistas se considera que la posición mantenida en los últimos días por el PP es "descabellada". El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha acusado hoy a los populares de utilizar el debate sobre la inmigración con fines partidistas "El debate sobre la inmigración debería haber acabado, pero me temo que PP no lo quiere así. Yo le ofrecí un acuerdo para consolidar un proyecto que sin ser de uno u otro pudiera ser de cualquier partido hasta que hicieron sus cálculos y vieron que podría favorecer al Gobierno", ha asegurado en una entrevista en la cadena SER.

Corbacho ha culpado al principal partido de la oposición de tratar de confundir al mezclar las regulaciones en este debate. "Dice Rajoy: queremos prohibir regulaciones masivas. ¿Pero de qué está hablando? ¿No sabe que existe un pacto en la UE que lo prohíbe?", se ha preguntado Corbacho, para quien la posición del PP es un "conjunto de despropósitos" porque tocaba "aprovechar el debate sobre la inmigración para hacer ruido".