"Estamos dispuestos a pagar al Gobierno el sobrecoste de llevar militares a bordo"

Los atuneros españoles que pescan en el océano Índico están dispuestos a pagar al Gobierno el coste de subir militares a bordo de sus buques para tratar de disuadir a los piratas. "La ministra [de Defensa, Carme Chacón] nos afeó que la Operación Atalanta cuesta 70 millones de euros y que ya iba siendo hora de que los atuneros pusieran algo de su parte. Bien, no tenemos ningún problema en pagar el sobrecoste de llevar a bordo a militares, porque para nosotros no es una cuestión económica, sino de seguridad", explica Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de pesca (Cepesca), en una entrevista a este diario. "Correríamos con todos los gastos, excepto el salario base del infante de marina".

Los atuneros han encargado al abogado Leandro Martínez Cardós un informe jurídico sobre dos cuestiones: si es cierto, como dijo la ministra de Defensa, Carme Chacón, que la ley impida subir a bordo de los buques a los militares, y qué ocurriría si finalmente, optan por embarcar a empleados de seguridad privada y en un enfrentamiento, matan a algún pirata."No hay, ni en el derecho internacional, ni en el español, impedimento alguno para hacer lo mismo que desde el pasado uno de julio hacen los franceses o los italianos: llevar marines a bordo que disuadan a los piratas de cualquier ataque", asegura Garat. "El informe se ampara en varias resoluciones de la ONU y en la propia ley de Defensa Nacional, que establece que las Fuerzas Armadas deben "proteger la vida de su población y sus intereses". Nuestros buques son territorio español y tienen el mismo derecho a la protección del Estado y las Fuerzas Armadas que cualquier ciudadano en tierra en España".

Sin embargo, el secretario general de Política de Defensa, Luis Cuesta, mantiene que es imposible. "Los informes realizados por nuestro servicio jurídicoafirman que no encaja en la Ley de la Defensa Nacional el enviar personal militara bordo de buques privados.No hay un artículo concreto que lo impida, peroen su conjunto, la ley marca tres escalones de protección: para la defensa del territorio y la sobernaía nacional están las fuerzas armadas, para la defensa de bienes y ciudadanos dentro de España, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y para defender a particulares que por su actividad puedan correr un especial riesgo, la seguridad privada. De hecho, la ley de seguridad privada contempla la vigilancia a bordo de pesqueros", ha declarado a ELPAÍS.com.

Bélgica: 120.000 euros a la semana por armador

"Para nosotros es un problema legal, pero también logístico", añade Cuesta. "Francia ha embarcado a marines porque tiene una base militar en Yibuti. Otros países, como Holanda, estuvieron barajando la posibilidad y finalmente la han rechazado. Bélgica lo ha hecho, pero sólo para mercantes y con un cargo de 120.000 euros a la semana para el armador".

El secretario general de Cepescaindica que los medios desplazados al Índico por el Ministerio de Defensa ya no sirven para protegerles. "Al principio parecía que iba a ser suficiente, pero la presencia de los medios aeronavales en el Golfo de Adén, por donde pasan los buques del Programa de Alimentos de la FAO ha desplazado a los piratas hasta el sur, nuestra zona. A raíz de eso, Francia e Italia decidieron embarcar marines en los buques y desde entonces no han sufrido ningún ataque pirata. Nosotros en la última semana, hemos sufrido tres".

Cuesta defiende los logros de la Operación Atalanta. "Ahora mismo hay cuatro buques secuestrados y en tiempos pasado llegó a haber cerca de 20. No es efican al 100% pero sí sirve". El informe jurídico de los atunerosexpone además otro problema. "Si llevamos agentes de seguridad privada y matan a un pirata, la responsabilidad es nuestra y del empleado. En cambio, si son militares, la responsabilidad es del Estado. Creemos que ese es el motivo por el cual la ministra se está negando a hacer lo mismo que Francia o Italia", añade Garat.

El secretario general de Política de Defensa sugiere que en esos casos podrían apelar a la legítima defensa. Cuesta explica que las negociaciones no están cerradas y que siguen proponiendo medidas a los atuneros, "pero con los medios que ya hay". Por ejemplo, "colocar vallas más altas en las cubiertas de los buques, establecer sirenas de alta intensidad para que funcionen como una larma o mangueras de presión para disuadir a los piratas. El Ministerio de Defensa se ha comprometido a establecer una línea de ayudas económicas para ampliar las medidas de autoprotección en ese sentido",ha afirmado Cuesta.

Persecución de barcos pirata

Actualmente hay 15 atuneros españoles en la zona. "Es uno de los caladeros más ricos del mundo", explica Garat. "Llegamos al caladero de Seychelles en 1985. Al principio pescábamos en aguas de Somalia pero después del conflicto nos desplazamos a 200 millas de su área económica de Somalia. Ahora pescamos mucho más lejos, incluso a 900 millas, pero da igual, porque los piratas se han hecho fuertes con los rescates que han cobrado y tienen mejores barcos y armamento. Si lo normal eran capturas de entre 180.000 y 200.000 toneladas al año. Este año la previsión es que no llegue a los 120.000 por culpa de los piratas", concluye Garat.

Mientras, los medios militares desplegados en la zona iniciaron el pasado 20 de agosto en la cuenca de Somalia una operación de persecución de barcos nodriza que concluirá el próximo 21 de septiembre para tratar de alejar a los piratas de la zona frecuentada por los buques españoles.