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Emilio Silva: "La actitud del fiscal, Javier Zaragoza, ha sido inquisitorial y perjudicial para las familias"

El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica comenta con los lectores de ELPAÍS.com la última decisión del juez Baltasar Garzón y critica la inacción del Gobierno

La renuncia del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, a continuar con la causa abierta al régimen franquista ha dejado la sensación entre los familiares de las víctimas de que a las instituciones no les interesa que el caso siga adelante. El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, ha dicho este miércoles que "lo decepcionante" de esta decisión "es vivir en un país donde los principales órganos de la justicia han trabajado para impedir un juicio a los perpetradores de gravísimas violaciones de derechos humanos". Además, ha focalizado su indignación contra el Fiscal, Javier Zaragoza, cuya actitud "ha sido inquisitorial y perjudicial para las familias", y en el Gobierno, que "ha formado parte activa del proceso".

Silva, que ha participado en una entrevista digital con los lectores de ELPAÍS.com, ha sembrado sus dudas sobre la actuación del Ministerio Fiscal. "¿Es comprensible que un fiscal trabaje para evitar que se investigue a los culpables de delitos tan graves?", se preguntó, tras recordar que se trata de un cargo 2de decisión política". Por eso, también criticó la inacción del Gobierno, en especial del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, "que precisamente en su pueblo de origen tiene enterrada en una fosa a casi toda la corporación municipal republicana", y de la Vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, que proviene de la carrera judicial.

Para el representante de la ARMH, Garzón se ha inhibido "porque entiende que si el caso llega a la Sala de la Audiencia Nacional, será declarado incompetente", pero esto sólo significa "delegar el trabajo en otras instancias judiciales". En cualquier caso, la idea que queda tras esta decisión, opinó Silva, es que "tenemos una clase política y un Gobierno que pueden dormir tranquilos gestionando un país en el que miles de personas no disfrutan del derecho a una sepultura digna y sus familiares, que vivieron cuarenta años gobernados por los asesinos, carecen de los derechos básicos de las víctimas de un delito violento".

Las exhumaciones continuarán

A preguntas de los lectores, Silva quiso dejar claro que esta decisión no significa que se vaya a paralizar todo el proceso. "Nosotros seguiremos haciendo exhumaciones y le reclamaremos responsabilidad a los juzgados de instrucción" que correspondan. Además, dejó la puerta abierta a la posibilidad de acudir a los tribunales europeos, en concreto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si es necesario para defender los derechos de los represaliados, así como a la convocatoria de manifestaciones o actos para mostrar el apoyo social a la iniciativa a la causa abierta por el juez de la Audiencia Nacional.

Por último, frente a los lectores que preguntaban por qué hay que "desenterrar el pasado", Emilio Silva respondió que es necesario por el olvido que padece nuestro país. "Hoy es 19 de noviembre de 2008. Hace 75 años, se celebraron en nuestro país las primeras elecciones formalmente democráticas, porque por primera vez las mujeres, con sufragio universal, pudieron participar en la elección de su Gobierno", recordó. "Se trata de un hecho que ninguna institución conmemora hoy y es tristemente representativo el olvido de que se ha construido en este país con respecto al pasado de la II República, porque la ignorancia de ese pasado ha sido una política de Estado desde la muerte de Franco".