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Cinco altos magistrados critican a Garzón por inhibirse en la causa del franquismo

"Cuando hay un delito en el que el presunto responsable ha muerto, se archiva, sino, qué estamos haciendo", se pregunta el presidente del TSJ de Valencia

La decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de renunciar a investigar los crímenes que, según su criterio, cometió el franquismo y derivar las causas a los 62 juzgados provinciales donde están las fosas con víctimas de la Guerra Civil y la dictadura ha motivado las críticas de hasta cinco presidentes de Tribunales Superiores de Justicia. Todos han coincidido en la dificultad de continuar la investigación de unos hechos cuyos presuntos autores ya murieron. "Cuando hay un delito en el que el presunto responsable ha muerto, se archivan" los casos, "si no, qué estamos haciendo", se ha preguntado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Juan Luis de la Rúa.

En las Jornadas Nacionales de Justicia y Comunicación que celebra estos días el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Valencia, los cinco magistrados han eludido aventurar qué harán los jueces competentes en cada uno de los territorios donde Garzón ha enviado la causa, si bien han coincidido en que la justicia penal precisa de la existencia de un delito y de su posible autor para poder sentarlo en el banquillo. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, ha declarado que con su resolución Garzón "está reconociendo el error cometido al incoar un procedimiento que no debió haberse incoado".

Para Concepción, este asunto debería ventilarse "en el ámbito político o administrativo", no en el judicial, y ha asegurado que con lo hecho por Garzón se provocará la revisión del caso en cada uno de los órganos territoriales en favor de los que se ha inhibido. Un hecho en el que ha coincidido el juez decano de Madrid, José Luis Armengol. Éste ha dicho que algunos jueces procederán a archivar la causa, otros seguirán adelante con ella y también cabrá la posibilidad de mantener la causa abierta "forzando la vía administrativa y aplicando el principio de mínima intervención del proceso penal". Es decir, la decisión de Garzón va a provocar "una dispersión total y absoluta de criterios" entre los diferentes órganos.

El presidente del Poder Judicial no se pronuncia

El presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, Carlos Dívar, que inauguró estas jornadas ha eludido pronunciarse sobre este asunto, ya que sería "poco prudente" hacerlo cuando se trata de "algo que en su día estará todavía sujeto a consideraciones jurídicas". Dívar ha declarado sobre este asunto que no cree que la intención de Garzón haya sido "abrir heridas del pasado", sino "tal vez" reparar a algunas personas que se sentían dolidas.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, María Eugenia Alegret, ha dicho que "si los autores están muertos para Madrid, también lo estarán para Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona", aunque cada juez deberá resolver lo que considere y decidir, primero, si acepta la competencia o plantea un incidente por este asunto ante un tribunal superior y, en segundo lugar, si archiva la causa o sigue adelante con la instrucción. En la misma línea se ha manifestado el presidente del TSJ de Aragón, Fernando Zubiri.