La Audiencia de Málaga decide mantener en prisión a Barrientos

La Audiencia Provincial de Málaga ha acordado esta mañana mantener en prisión al ex alcalde de Estepona (Málaga) el socialista Antonio Barrientos, imputado en el caso Astapa contra la corrupción urbanística municipal, según recoge el auto en el que se desestima el recurso de apelación presentado por la defensa del ex regidor, que ingresó en prisión preventiva el pasado 20 de junio. Los jueces también han desestimado los recursos de otros tres detenidos en la operación.

La Sección Segunda acogió el pasado lunes a puerta cerrada, al estar bajo secreto de sumario las actuaciones, las vistas sobre los recursos presentados contra los autos de prisión dictados por la juez que investiga el caso, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, respecto de Barrientos y de otros tres imputados: el que fuera jefe de Gabinete de Alcaldía José Flores y los ediles del Partido Estepona (PES, antiguo GIL) José Ignacio Crespo y Manuel Reina.

La Fiscalía Anticorrupción pidió que se confirmaran los autos y se opuso a la libertad de los tres, basándose fundamentalmente, en la influencia que podrían ejercer en coimputados, peritos y testigos, aunque también apuntaron a las penas que se les podrían llegar a imponer en función de los delitos por los que están imputados. La Fiscalía se basó en que se trataba de una localidad pequeña, en la que se había creado "un clientelismo más que evidente en los últimos años" y defendió también que existe riesgo de fuga por la gravedad de los hechos que se le imputan y la pena de cárcel a la que deberá enfrentarse. Por su parte, las defensas solicitaron la excarcelación.

Una fianza para Javier Wittmeur

En su auto, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga sí ha estimado parcialmente el recurso del quinto encarcelado, el ingeniero de Obras Públicas Javier Wittmeur, que deberá pagar una fianza de 60.000 euros para salir en libertad. En el auto en el que se rechaza la excarcelación de Barrientos, contra el que no cabe recurso, el tribunal considera "proporcionada y legítima" su privación de libertad y sostiene que el riesgo de fuga no puede obviarse "a tenor de las presuntas imputaciones que contra él mismo se dirigen". Su permanencia en prisión es necesaria "para preservar su posible influencia por sí o a través de terceros en obstaculizar la investigación de los hechos, todavía en fase inicial".

A juicio del tribunal, el hecho de que ya no ostente el cargo de alcalde "no elimina riesgos" como la destrucción de pruebas o el influir en diligencias de investigación pendientes de practicar, ya que ocupó ese cargo "bastante tiempo" y prestó servicios a personas en cuya declaración podría influir "en mayor o menor medida". "Por el momento concurren todos los requisitos o presupuestos necesarios para la adopción de la medida privativa de libertad", añade el auto en el que se desestima el recurso de Barrientos.

Conejo imputa a Barrientos los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales. En el auto de ingreso en prisión del ex regidor, la juez lo considera el "máximo responsable de una estructura existente en el entorno" del Ayuntamiento "orientada a la obtención de fondos de distintos promotores y empresarios". Con dichos fondos se pretendería, según la juez, "conseguir financiar actividades tanto públicas como privadas de los partidos políticos en coalición, así como para enriquecerse personalmente".