El nuevo alcalde de Estepona destituye a 25 cargos de confianza

David Valadez, el nuevo alcalde socialista de Estepona (Málaga), estrenó ayer su mandato cesando a 25 cargos de confianza nombrados por el ex regidor Antonio Barrientos. Su antecesor, expulsado del PSOE, está en prisión preventiva desde hace un mes por su implicación en la trama de corrupción urbanística destapada con el caso Astapa.

"La contención del gasto público debe ser nuestra seña", afirma el regidor

La medida afecta a los cargos de confianza contratados como trabajadores eventuales. En el ayuntamiento trabajan otras 25 personas también consideradas cargos de confianza, pero esta medida no les afecta porque firmaron sus contratos con sociedades municipales. Entre los cesados se encuentra la coordinadora de Urbanismo, Patricia Rojo, hija de presidente del Senado e imputada por cohecho y prevaricación en la causa que investiga convenios urbanísticos de los últimos cinco años.

Rojo fue contratada como cargo de confianza por Barrientos en 2003. La abogada trabajó como gerente de Urbanismo durante esta legislatura, en la que el PSOE gobernó en coalición con la formación postgilista PES. Hasta ayer trabajaba como coordinadora de Urbanismo. El salario de los afectados oscila entre los 1.800 y los 5.000 euros brutos.

En una entrevista con EL PAÍS, el regidor avanzó las líneas generales de la política económica con la que piensa afrontar la precaria situación de las arcas municipales. "La contención del gasto público ha de ser una de las señas de identidad del Ayuntamiento de Estepona", dijo. Explicó que por "coherencia", ha creído conveniente que su primera medida fuese la reducción "considerable" de su sueldo, y de otras "ambiciosas y de mayor calado" que no quiso concretar, por considerarlo "osado" en estos momentos. "Hay que elaborar un plan serio para que la ciudadanía vuelva a confiar en sus responsables políticos (...) La austeridad ha de impregnar todas y cada una de las actuaciones que se adopten por parte del ayuntamiento en lo sucesivo", argumentó.

El alcalde, que denunció a los órganos de su partido algunas de las irregularidades en la gestión de Barrientos detectadas en la investigación policial, quiere que se ejerza "de forma inmediata" un mayor control sobre las decisiones que se adopten en materia urbanística, de personal y económica. "Quiero que todos los partidos políticos sin excepción sean conocedores de las actuaciones que se van a emprender. La transparencia ha de ser más que nunca uno de los pilares si queremos recuperar la credibilidad", insistió.

Valadez pretende formar un nuevo equipo de gobierno la próxima semana, en el que "no tienen cabida" los cuatro concejales socialistas imputados en la trama de corrupción y expulsados del partido, y tiene pendiente aún reuniones con los habilitados nacionales (secretario, tesorero e interventor del consistorio) para decidir si, una vez examinados los informes jurídicos, mantendrá en sus puestos a los técnicos municipales implicados. El técnico Javier Wittmeur, encargado de valoraciones de los convenios, se encuentra en prisión preventiva.

El nuevo alcalde llegó al sillón después de que el PSOE decidiera no presentar como candidato al edil de Urbanismo Rafael Duarte. La juez Isabel Conejo formalizó su imputación por cohecho y prevaricación horas antes de que se celebrara el pleno. Valadez sólo tuvo halagos ayer para su compañero. "Estoy convencido de que Duarte hubiese sido un magnífico alcalde para Estepona, tanto es así, que pese a la situación en la que se encuentra inmerso, estoy seguro de que seguirá siendo un activo muy importante para la familia socialista y el conjunto de la organización", dijo.