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La Fiscalía recurre la condena a tres policías en el 'caso Bono'

El recurso es contra la condena por los delitos de detención ilegal y coacciones, pero no por el de falsedad documental

La Junta de Fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado esta tarde, a instancias de la Fiscalía de Madrid, recurrir ante este tribunal la sentencia que condenó a tres policías a entre tres y cinco años de prisión por el llamado caso Bono, por "infracción de ley e infracción de preceptos constitucionales". La Fiscalía informa en un comunicado de que el recurso se presentará contra la condena por los delitos de detención ilegal y coacciones, pero no por el de falsedad documental.

Los fiscales del Supremo han adoptado este acuerdo después de que la Fiscalía de Madrid comunicase el pasado 12 de mayo a la sección decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid -tribunal que sentenció a los tres policías- la preparación del recurso al entender que la resolución judicial no era "ajustada a Derecho" y que los delitos no estaban "acreditados".

Los motivos en los que la Fiscalía madrileña fundamentaba su

recurso de casación ante el Tribunal Supremo son la "infracción de ley" por aplicación indebida de los artículos del Código Penal y por "error de hecho en la apreciación de las pruebas", así como infracción de precepto constitucional.

Indemnización para los detenidos

La Fiscalía de Madrid remitió el pasado 12 de mayo un borrador del recurso a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ahora ha decidido interponerlo contra la sentencia en la que se condenaba a los tres policías a penas que oscilan entre 3 y 5 años de cárcel por la detención ilegal de dos militantes del PP tras una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en la que el ex ministro de Defensa José Bono fue increpado.

La resolución fue comunicada por el presidente de la sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid, Miguel Hidalgo, al comisario jefe de la Brigada Provincial de Información, a un inspector jefe y a otro inspector, que fueron condenados por delitos de detención ilegal, falsedad documental y coacciones.

Además, el tribunal fijó a favor de cada uno de los dos militantes del PP, Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz, 12.000 euros de indemnización, ya que "sufrieron un daño moral", dinero que se pagará a la AVT "por expresa indicación de tales perjudicados".