El Consejo de Ministros disuelve el Ayuntamiento de Marbella que pasará a manos de una gestora

El Consejo de Ministros ha acordado hoy la disolución del Ayuntamiento de Marbella, por su gestión "gravemente dañosa para los intereses generales", y ha encargado a la Diputación Provincial de Málaga la creación de una Comisión Gestora que se haga cargo de la administración de la ciudad hasta las elecciones de 2007.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha expresado el deseo del Ejecutivo de que esta Gestora adopte sus decisiones "con el mayor consenso posible y teniendo en cuenta siempre el interés general", aunque ha afirmado que este órgano contará con la libertad y los límites que le confiere la ley "para tomar las decisiones que estime pertinentes".

Hasta que se produzca el nombramiento de esa Comisión, que corresponde a la Diputación Provincial de Málaga, los restantes miembros que forman parte de la corporación actual continuarán gobernando en funciones. En ese período, los ediles "sólo podrán ocuparse de los asuntos de gestión ordinaria de la ciudad y en ningún caso podrán adoptar acuerdos para los que legalmente se requiera una mayoría cualificada".

La disolución de un Ayuntamiento, medida sin precedentes en la historia de España, está regulada en la Ley de Bases de Régimen Local para casos de "gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales".

El Gobierno ha llevado a cabo esta medida después de recibir los informes a favor de la disolución emitidos por el Senado y por la Comisión Nacional de Administración, y con tres argumentaciones. En primer lugar, por la "contravención sistemática de la legalidad por la actual Corporación en el otorgamiento de licencias en materia de urbanismo", así como su "absoluta falta de colaboración con la Junta de Andalucía, al desatender sus numerosas solicitudes y requerimientos".

En segundo lugar, la "inactividad del Ayuntamiento ante los distintos requerimientos judiciales para la paralización de obras", al igual que otras irregularidades, que incluyen permutas y enajenaciones de inmuebles contrarias a la legalidad. El tercer argumento se refiere a la "compleja y delicada situación" provocada por la salida del consistorio de concejales y alcaldes inhabilitados penalmente, así como la situación procesal de diversos cargos municipales imputados como la alcaldesa, la primer y quinto tenientes de alcalde, varios concejales, el ex gerente de Urbanismo y el secretario del Ayuntamiento.

Ahora, le toca el turno a la Diputación de Málaga, encargada de la designación de la gestora que asumirá la administración del municipio hasta las próximas elecciones municipales, previstas para mayo de 2007. Según el régimen electoral, eL número de miembros de esta Comisión no podrá superar al de la Corporación. Las funciones de alcalde las realizará el vocal que resulte elegido por mayoría de votos entre todos los miembros de la Gestora.

Elecciones anticipadas

El PP marbellí sigue insistiendo en que mejor solución que la Comisión Gestora sería la convocatoria de elecciones anticipadas que estabilizasen la vida política de la localidad malagueña. Así, la representante popular, Ángeles Muñoz, cree que la localidad "no merece por segunda vez en tres años un gobierno impuesto", que funcionará, a su juicio, desde "parámetros improvisados y arbitrarios", dado que no existe un marco legal que lo regule, lo que generará "una enorme inestabilidad y gran paralización los próximos 15 meses".