El Consejo de Estado establece que no pueden convocarse elecciones parciales en Marbella
El PSOE pide al PP que deje de acusar a los socialistas de no querer convocar los comicios
Resulta imposible legalmente convocar elecciones en el Ayuntamiento de Marbella porque el mandato de la nueva corporación no duraría el mínimo de un año que marca la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Así lo dictaminó ayer el Consejo de Estado a instancias de la vicepresidencia del Gobierno, que le pidió criterio sobre elecciones parciales en esa localidad malagueña. El portavoz parlamentario del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, pidió al PP "que rectifique" y deje de acusar al PSOE de impedir las elecciones. El Consejo de Ministros disolverá hoy el Consistorio marbellí.
"El supuesto de elección parcial se identifica y se delimita con una exigencia temporal, cual es que el mandato de la nueva corporación a constituir no sea inferior a un año", dijo el Consejo de Estado. Y continúa: "No cabe la convocatoria de elecciones parciales si la expiración del mandato electoral de la nueva Corporación, por producirse así en la generalidad de las Corporaciones Locales, de acuerdo con el artículo 42.3 de la propia Ley Orgánica, ha de tener lugar antes de un año".
Los consejeros han hecho todas las cuentas posibles e incluso en el supuesto más favorable para celebrar elecciones, es decir, que el mandato de los concejales se contara desde el día de la votación en las urnas y no cuando se constituya el consistorio, tampoco habría un año de andadura de ese ayuntamiento hasta las elecciones municipales, que se celebrarán el 27 de mayo de 2007.
Para que el nuevo ayuntamiento tuviese una duración de un año, los comicios tendrían que celebrarse el 26 de mayo. No es posible, porque aunque el proceso está en marcha, y con celeridad, será hoy cuando el Consejo de Ministros disuelva el Ayuntamiento marbellí.
El órgano consultivo, presidido por Francisco Rubio Llorente, reunió a la permanente del mismo y votó por unanimidad esta decisión. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, pidió este informe, una vez que el PP exigió la convocatoria inmediata de elecciones. Como quiera que el líder del PP, Mariano Rajoy, pide el cambio de la ley para acortar los plazos, el PSOE denuncia que este partido ya sabía que no había posibilidad legal de convocar elecciones, a pesar de que ha transmitido que los socialistas no quieren elecciones porque "las perderían".
Desde que estalló el escándalo, los populares pidieron la convocatoria de elecciones, en tanto que el PSOE insistía en que no era posible. Lo dijo de inmediato el secretario general del Grupo Socialista, Diego López Garrido, pero también el pasado lunes el presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, aportó informes jurídicos de la Junta para explicar que no era posible. Varios miembros de la ejecutiva preguntaron a Chaves y a Zapatero por la certeza de que no era posible. Se les aseguró que no había margen. Una vez conocido el informe del Consejo de Estado, el responsable del Grupo Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, pidió al PP que "rectifique", olvide "intereses partidistas y electorales y cumpla la ley".
El PSOE tratará de que el PP no incluya también este asunto entre las materias de enfrentamiento, pero los indicios apuntan a que no será posible. En la sesión de control al Gobierno, el PP acusó a los socialistas de "connivencia" con la corrupción. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, fue el miembro del Gobierno interpelado y su respuesta satisfizo al Grupo Parlamentario Socialista. El ministro preguntó qué había hecho el Gobierno del PP durante ocho años, enumeró las acciones de la Junta de Andalucía y sentenció: "Va a ser el Gobierno socialista el que disuelva el Ayuntamiento [de Marbella]".
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