El Gobierno deroga el trasvase del Ebro y aprueba un plan alternativo que cuesta 400 millones menos

El Consejo de Ministros ha derogado esta mañana por decreto ley el trasvase del Ebro previsto en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) y ha aprobado en su lugar un paquete de cien medidas alternativas cuyo coste será 400 millones inferior al presupuestado para el trasvase, incluyendo nueve millones de indemnización por paralizar los dos tramos ya adjudicados, según ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la responsable de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

Así, el Gobierno ha derogado los artículos 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 y parte del 36 de la Ley del PHN, que eran los referentes al trasvase del Ebro. El plan alternativo prevé una aportación de 1.063 hectómetros cúbicos anuales a Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía, 621 de los cuales serán producto de la desalación y, el resto, de una mejor gestión de los regadíos y la demanda. El nuevo proyecto recoge una serie de actuaciones, como la construcción de 20 plantas desaladoras, y unas inversiones cercanas a los 4.000 millones de euros. La medida va acompañada de una memoria económica que plantea unos precios que oscilarán entre 0,12 y 0,30 euros por metro cúbico para uso agrícola; entre 0,5 y 0,7 para uso industrial; entre 0,7 y 0,9 para abastecimiento urbano; y entre 1,1 y 1,3 para nuevas concesiones urbanísticas y actividades como turismo y golf.

El decreto ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La alternativa del Gobierno al trasvase del Ebro "aportará más agua, con unos resultados más baratos y de forma más respetuosa con el medio ambiente", según ha reiterado la ministra Narbona. La titular de Medio Ambiente ha destacado que las medidas alternativas al trasvase "no sólo generarán más agua de la que preveía el trasvase, sino también una mejora en su calidad", así como la restauración de cuencas y mejoras en la gestión y prevención de inundaciones. Narbona ha justificado la urgencia en la adopción de esta medida por el Gobierno en la necesidad de "evitar perjuicios adicionales al erario público", de paralizar lo antes posible las obras ya adjudicadas y de interrumpir una situación que además genera inseguridad jurídica y social.

Fondos europeos "asegurados"

"Mantener el trasvase sin derogarlo podría interpretarse como que quizás se haga y esa obra no se va a hacer", ha añadido la ministra, que ha insistido en que el trasvase era "absolutamente inviable y injustificado" y "mantenerlo vivo" creaba "inseguridad jurídica y social". También ha justificado la urgencia por la demanda de agua de las cuencas mediterráneas. La ministra ha querido dejar claro que se han iniciado gestiones para obtener los 1.200 millones de euros en fondos europeos solicitados para el trasvase, con el fin de destinarlos a las nuevas medidas, que se ajustan plenamente a la directiva marco de aguas en contra de lo que ocurría con la infraestructura ahora derogada, según Narbona, que considera que estos fondos están "asegurados".

En cuanto a la concesión de aguas del Ebro que han pedido varias instituciones y organizaciones murcianas, "la respuesta es no", ha señalado la ministra, quien ha interpretado que se trata de "un gesto de cara a la galería" al tiempo que ha lamentado la "pura demagogia" de quienes ahora ofrecen agua gratis y antes habían "ocultado" a los potenciales usuarios del agua que se iba a trasvasar desde el Ebro el precio que tendrían que pagar por ella.

También ha descartado que estas comunidades puedan ejecutar por su cuenta el trasvase desde el Ebro.

Respecto a la decisión del Gobierno de la Región de Murcia de recurrir ante el Tribunal Constitucional las tarifas del agua, la ministra ha reconocido el derecho y la legitimidad de cualquier persona o institución de recurrir lo que consideran injusto, pero se ha mostrado convencida de que el Gobierno ha hecho "las cosas bien". Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que ha presidido el consejo en sustitución de Zapatero, ha subrayado que esta normativa inicia "un nuevo rumbo" en la política hídrica.