El PP tacha de "dictatorial" la decisión del Gobierno de derogar el trasvase y descalifica la alternativa

El PP redobló ayer sus críticas al Gobierno socialista ante el anuncio de que hoy el Consejo de Ministros derogará el trasvase del Ebro y adoptará un plan de medidas urgentes que incluye, entre otras medidas, 15 desaladoras a lo largo de la costa mediterránea y precios del agua en función de su uso agrícola, industrial, urbano o turístico. La portavoz del Grupo Popular del Congreso para el asunto del agua, María Ángeles Ramón-Llin, calificó de "actuación dictatorial" la decisión del Ejecutivo y consideró la derogación del trasvase fruto "de un alocado e inconsciente compromiso electoral". Ramón-Llin acusó de nuevo a los socialistas de no presentar una alternativa, sino "medidas complementarias" ya recogidas en los anexos del Plan Hidrológico Nacional (PHN) que no ofrecen "garantías reales para resolver el déficit hídrico de la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería".

En esa línea, y tras impulsar desde el Consell la constitución de una comisión promotora en la que se integran cargos institucionales del PP de las tres autonomías junto con asociaciones de regantes, agricultores y empresarios para construir el trasvase del Ebro, los populares presentaron ayer en el Ministerio de Medio Ambiente un documento para obtener la autorización a esta iniciativa. El escrito, entregado por el consejero de Infraestructuras, José Ramón García Antón, y el consejero murciano de Agricultura, Antonio Cerdá, solicita que a la mencionada comisión promotora se le otorgue "la concesión de construcción y explotación de las obras hidráulicas que tengan por objeto la conducción de aguas desde el Bajo Ebro" a las cuencas del Júcar, Segura y Sur.

El escrito ignora la revisión de los datos del PHN realizada por el Ministerio de Medio Ambiente, que califica de inviable económica y ambientalmente el trasvase y considera infladas sus previsiones de recursos a transferir, y pide "aguas superficiales a captar" del Ebro. El agua, insiste el PP, provendría de la "reserva legal existente", o sea el caudal de 1.050 hectómetros cúbicos asignados al trasvase en el PHN, de los que pide 860. También exige que el Gobierno solicite a Bruselas fondos comunitarios. Las desaladoras, denostadas por el PP, se citan en el documento con la petición de que se ubiquen cerca de la conducción que promueven, de forma que las aguas se viertan a ese hipotético trasvase."Es una pena presentar este documento", dijo García Antón al salir del ministerio, pero no queda "más remedio", informó Efe. Según el consejero, la propuesta "no es un brindis al sol". El PP encontró apoyo en la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, pendiente de la decisión sobre el trasvase del Júcar, y en la Cámara de Comercio de Castellón.

Los populares también criticaron ayer la propuesta de precios del agua de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, una horquilla de 0,12 a 1,30 euros el metro cúbico de agua -el mayor coste será para nuevas urbanizaciones, campos de golf y el turismo-. Para Ramón-Llin, esos precios son "absolutamente irreales", mientras que el portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Serafín Castellano, dirigió sus ataques hacia el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, a quien acusó de plegarse "a los intereses del Gobierno socialista" aunque "perjudiquen" al sector turístico. El consejero de Industria, Miguel Peralta, consideró que el régimen tarifario "es una vergüenza, ya que ataca directamente a los sectores turístico e industrial".

Pla defendió que los precios para la agricultura (de 0,12 a 0,30 euros) se "pueden pagar" y que el resto son "razonables y asumibles". Destacó, además, que las medidas alternativas se ajustan "más a las necesidades reales" y suponen "garantizar agua y hacerlo a precios que puedan ser adecuados para cada sector y zona", frente al coste previsto en el trasvase, "que los agricultores no podrían haber pagado". También apoyó la derogación del trasvase el portavoz de EU-L'Entesa en las Cortes, Joan Ribó, si bien matizó que "no se puede abusar de la desalación" para cubrir los déficits hídricos.

Futuro litigio

Rafael Ferrando, presidente de la patronal, recordó ayer que los empresarios valencianos solicitaron "la transferencia de agua" hacia la Comunidad Valenciana en la cumbre de Orihuela, celebrada en 1988, cuando se constituyó Cierval, la asociación de ámbito autonómico, y que han mantenido ese criterio, informa Miguel Olivares. "Hoy nos parece bien que se consideren prioritarias otras obras complementarias para mejoras de riego o construir desaladoras, pero anular los artículos sobre el trasvase que recoge el PHN por criterios políticos no nos parece lo más conveniente", afirmó.

Ferrando explicó que la patronal "aprueba la posibilidad de hacer las obras de forma autónoma" al margen de la decisión del Gobierno central. Pero a renglón seguido concedió que tal posición expresa, que coincide con la última iniciativa del Consell, responde en exclusiva a una estrategia jurídica, puesto que, ante un futuro litigio en el Tribunal Constitucional, tiene relevancia el hecho de que "antes la derogación de la ley se expresa la voluntad de ejecutarla".

El presidente de la patronal también destacó la oposición de la institución a las tarifas variables. "El coste del agua debe ser único aunque ciertos usos se pueden subvencionar", dijo Ferrando.