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El Gobierno propone 15 plantas desaladoras como alternativa al trasvase del Ebro

El Ejecutivo tiene previsto derogar mañana la obra diseñada por el PP para "evitar un despilfarro"

El Gobierno tiene previsto aprobar mañana la derogación del trasvase del Ebro y dar vía libre a la alternativa que ha diseñado el Ministerio de Medio Ambiente, según informó ayer la titular del departamento, Cristina Narbona. Dicha alternativa prevé una aportación de 1.058 hectómetros cúbicos anuales a Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía, 621 de los cuales serán producto de la desalación y el resto, de una mejor gestión de los regadíos y la demanda. El nuevo proyecto recoge una serie de actuaciones, como la construcción de 15 plantas desaladoras, y unas inversiones de 3.747 millones de euros.

El Consejo de Ministros planea derogar mañana los artículos 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 y parte del 36 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN), que son los referentes al trasvase del Ebro, según recoge el borrador del Real Decreto-Ley de Modificación del PHN que ayer debatió el Consejo Nacional del Agua y hoy debatirá la Comisión Mixta del Congreso y el Senado, en la que participarán los presidentes murciano, Ramón Luis Valcárcel, y valenciano, Francisco Camps, ambos del PP, así como la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

La ministra explicó ayer que su departamento ha fijado, en su nuevo proyecto, un precio del agua para uso agrícola de entre 0,12 y 0,30 euros por metro cúbico; entre 0,50 y 0,70 para uso industrial; entre 0,70 y 0,90 para abastecimiento urbano, y entre 1,10 y 1,30 para nuevas urbanizaciones, campos de golf y turismo, informa Efe.

En el decreto-ley, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el Gobierno explica las razones por las que ha decidido la derogación, que se resumen en "evitar la realización de actuaciones que pueden implicar un despilfarro de recursos e impedir o retrasar la realización de medidas estructurales de inversión y de gestión, que son necesarias para satisfacer las necesidades hídricas de las cuencas mediterráneas y asegurar la estabilidad de un desarrollo más equilibrado, sostenible y concertado en todos los territorios a los que hubiera afectado el trasvase del Ebro".

El decreto-ley insiste en los argumentos del Ejecutivo de Zapatero para tumbar el trasvase, como son la supuesta exageración de los beneficios, así como la infravaloración de sus costes. También pone como motivo que la estructura de precios para la industria, la agricultura o los consumidores no ha sido bien explicada y que se han sobrestimado las previsiones de creación de empleo.

En cuanto a las repercusiones medioambientales, el Gobierno considera que en el PHN del PP no se han analizado los efectos de una posible reducción de las cantidades de agua a trasvasar, "no estando despejadas las incertidumbres sobre el caudal futuro del Ebro, al mismo tiempo que no se han adoptado las medidas necesarias para la protección del río y del Delta". Tampoco recoge, según el decreto-ley, el consumo de energía y su impacto en el cumplimiento por España del Protocolo de Kioto, ni tampoco el aumento de la salinidad en la cuenca cedente y en las receptoras.

Sin el rigor necesario

Sobre los aspectos técnicos, el decreto-ley subraya la ausencia del "rigor necesario en los estudios sobre la disponibilidad efectiva de agua para trasvasar, de forma que no es posible determinar cuánta agua puede ser transferida, ni con qué garantías, existiendo por otra parte un margen de duda excesivo sobre la capacidad de los embalses previstos para almacenar el agua en las cuencas receptoras".

"Estas graves deficiencias", prosigue el documento, "han quedado corroboradas en buena medida por la valoración crítica que ha merecido el proyecto a las autoridades comunitarias, lo que resulta determinante para estimar que las posibilidades de obtener financiación con cargo a Fondos de Cohesión como Feder resultan prácticamente inexistentes". Por todo ello, para el Gobierno, de realizarse el trasvase, se vería comprometido el desarrollo de la cuenca cedente, especialmente Aragón y Cataluña, al mismo tiempo que no quedaría garantizada la circulación del caudal ambiental aguas abajo de la toma de derivación y el mantenimiento de los ecosistemas asociados, tal y como exige la Directiva Marco sobre Política de Aguas". Además, el Ejecutivo de Zapatero considera que el principio de recuperación de los costes asociados al trasvase haría inviable la utilización de los recursos aportados para el regadío, mientras que existen alternativas técnicamente más recomendables, ligadas a la gestión de la demanda, a la utilización de desaladoras y a la reutilización de recursos. Todas estas alternativas pueden subsanar, manifiestan, los déficit estructurales, paliar la sobreexplotación y contaminación de los acuíferos y asegurar el mantenimiento de los ecosistemas de interés natural, garantizando un uso más racional y sostenible de los recursos hidráulicos. Por ello, desde el Gobierno central consideran que el trasvase del Ebro cuestiona gravemente los principios, que la propia ley establece, de solidaridad, sostenibilidad, racionalidad económica y vertebración del territorio. Para evitar todos los problemas que, según el Ejecutivo, vendrían asociados al trasvase, el decreto-ley incluye dos anexos en los que se especifican todas las actuaciones.

Entre las medidas urgentes que se recogen de forma definitiva en el decreto-ley el Gobierno se incluyen unos 14 millones de euros para desarrollar "medidas urgentes para dotar de recursos al Altiplano y al Alto Guadalentín" (Murcia), que, según argumentan fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, podrían consistir en la construcción de un minitrasvase desde el embalse del Talave al Altiplano, en el caso de Yecla y Jumilla, y la construcción de una desaladora que consolide los regadíos del Alto Guadalentín, tal y como se comprometió la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ante los sindicatos agrarios.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 17 de junio de 2004