Valcárcel anuncia que Murcia recurrirá las tarifas de agua ante el Constitucional
Narbona afirma que la alternativa al trasvase del Ebro "es más barata y garantiza más agua"
El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha anunciado esta tarde que mañana su comunidad recurrirá ante el Tribunal Constitucional las tarifas del agua recogidas en el proyecto alternativo al trasvase del Ebro que aprobará el Gobierno y que oscilarán, según los usos, entre 0,1 y 1,3 euros por metro cúbico.
Valcárcel, que ha comparecido en la Comisión de las Comunidades Autónomas del Senado, ha considerado que las tarifas son "discriminatorias" respecto a otras zonas de España. En la misma sesión, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha confirmado que el Consejo de Ministros aprobará un decreto ley que derogará el trasvase del Ebro y dará luz verde a su alternativa al plan aprobado por el anterior Gobierno del PP, respecto al cual "será más barato y garantizará una mayor disponibilidad del agua". El presidente murciano ha asegurado que Narbona "tiene una habilidad extraordinaria para no decir nada", al dar unos datos "cuya procedencia desconocemos" y argumentos "que carecen de rigor en sus contenidos", por lo que "son poco creíbles".
Ante el anuncio de la derogación del trasvase del Ebro, ha aludido a "las sedientas cuencas mediterráneas" y ha expresado sus dudas constitucionales ante ese decreto ley, ya que "no hay motivos de extraordinaria y urgente necesidad que exige la Constitución". Para Valcárcel, el trasvase forma parte de un todo, el PHN, "respaldado por la inmensa mayoría y por autoridades científicas", entre las que ha citado los informes de técnicos y funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente. El presidente murciano ha destacado que el PHN "garantizaba" un trasvase de 450 hectómetros cúbicos para la cuenca del Segura al tiempo que ha mostrado sus dudas de que las desalinizadoras previstas en la alternativa del Gobierno aporten esta cantidad.
El respaldo de Aragón
Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha pedido a la ministra que no derogue el trasvase y que, si lo hace, deje que ésta comunidad lo acometa. El presidente valenciano ha añadido que ya se han ido al mar 12 trasvases "mientras hay territorios que pasan sed". Camps ha rechazado las desaladoras porque, a su juicio, "no son la alternativa" al trasvase dado que "su impacto ambiental es brutal", por la producción de salmuera y emisiones de dióxido de carbono (CO2). El presidente valenciano ha acusado al Gobierno de derogar un trasvase "sin diálogo y sin inmutarse", lo que, en su opinión, "demuestra el talante del Gobierno, que no busca ni el consenso ni el diálogo".
Para el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, la gestión del agua debe ser sostenible a largo plazo y hay que utilizar nuevas tecnologías, como por ejemplo, la desalación que se emplea en California o Israel. El jefe del Ejecutivo aragonés se ha mostrado de acuerdo con la ministra en derogar el trasvase, porque le es "muy difícil explicar a los que viven al lado del Ebro cómo se puede llevar el agua a 900 kilómetros mientras que a ellos no les llega". "Queremos que se resuelvan los problemas del agua en todas partes, pero no con una sola manera que son los trasvases. La nueva política desarrollará Aragón y el Levante, sin que pague el pato nadie", ha añadido Iglesias.
Por su parte, la ministra ha subrayado que el PHN "ni se deroga ni se paraliza, entre otras cosas porque sería difícil paralizarlo más de lo que está", al tiempo que ha acusado al PP de haber tratado el trasvase desde el Ebro como si fuera "la panacea" y de no haber impulsado el resto de obras previstas en esa ley. Sin embargo, Narbona ha asegurado que si finalmente fuera necesario plantearse la necesidad de trasferencias de agua de unas cuencas a otras "nunca" se harían sin el consenso de las comunidades cedentes.
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