Protestas en Murcia y aplausos en Aragón

La derogación del trasvase del Ebro previsto en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) ha llegado de alegría a las poblaciones de la cuenca del Ebro y a las organizaciones ecologistas, lo que contrasta con el sentir de comunidades como la murciana, donde se ha celebrado una multitudinaria concentración de protesta. Por su parte, el Gobierno valenciano ha anunciado que también presentará un recurso de inconstitucionalidad.

El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, ha señalado que "hoy es un día de gran satisfacción después de tres años de una intensa batalla y gran resistencia a que se llevaran el agua del Ebro de Aragón". En declaraciones a los periodistas, Iglesias ha señalado que "hoy podemos respirar tranquilos gracias a la tenacidad de los aragoneses que durante este tiempo no han querido rendirse y han resistido saliendo a la calle". Para Iglesias, "el sentido común se ha abierto camino y se hará una política diferente del agua que resolverá los problemas sin que haya necesidad de sacrificar el río Ebro".

Para el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, las medidas alternativas del Gobierno, centradas en la construcción de desaladoras, van a facilitar agua para Almería "en mayor cantidad, prácticamente el doble de lo que se había previsto" en el PHN y resuelven además "el déficit hídrico que teníamos en la Costa del Sol". También han aplaudido la medida los grupos ecologistas, pero al mismo tiempo han rechazado la alternativa propuesta por el Gobierno, basada en la desalinización de agua, por considerar que sigue apostando por un modelo agrario, turístico y económico "insostenible".

Protesta en Murcia

Así, Greenpeace ha acogido con "gran satisfacción" la medida, pero ha expresado su "preocupación con respecto a las propuestas alternativas, ya que más que solucionar el supuesto déficit de agua, proponen una oferta similar a la planteada por el trasvase". Para el director de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, la derogación del trasvase constituye una "victoria histórica" que han liderado los movimientos sociales y, aunque ha considerado que la alternativa planteada es menos impactante, no satisface las demandas conservacionistas. En el mismo sentido se ha pronunciado el director de conservación de WWF-Adena, Enrique Segovia, quien ha valorado la derogación, pero ha subrayado que la alternativa no implica un replanteamiento del modelo de gestión del agua.

Por su parte, el portavoz de la Generalitat valenciana, Alejandro Font de Mora, ha anunciado que su Ejecutuvo se reunirá de forma "extraordinaria y urgente" el lunes para aprobar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto. Font de Mora ha señalado que su comunidad "tiene derecho" a presentarlo porque se "vulnera el principio de solidaridad" contemplado en la Constitución española. Font de Mora ha argumentado que esta iniciativa se hace "en defensa del derecho del pueblo valenciano a ver atendida su necesidad de agua". Por su parte, el presidente de la región, Francisco Camps, ha calificado la medida de "fracaso político socialista" y ha asegurado que "agrede" no sólo a las autonomías afectadas directamente, sino a todo el territorio español.

Mientras tanto, este mediodía se ha celebrado una concentración convocada por el Consorcio de Usuarios del Agua de Murcia para protestar por la derogación del trasvase y manifestar la "indignación, repulsa y rechazo" de los murcianos "frente al decretazo" que les va "a quitar 450 hectómetros cúbicos de agua sin proponer a cambio ninguna alternativa creíble ni viable", en palabras del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara. El alcalde ha subrayado: "El Gobierno socialista nos ha quitado el agua a la que teníamos derecho. Se trata de la mayor agresión que ha sufrido Murcia en los últimos tiempos y nos quieren engañar diciendo que nos cambian agua dulce por agua del mar". La Comunidad de Murcia ya anunció ayer que va a recurrir hoy las tarifas sobre el agua que prevé el decreto ante el Constitucional. A este respecto, el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, ha apuntado que El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha atribuido a una "una razón política" la decisión del Gobierno.