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Narbona defiende en el Senado que su alternativa al trasvase es más barata

El Partido Popular acusa a los socialistas de "ladrones" por "robar la ilusión" a Murcia

El Senado vivió ayer un debate autonómico en toda regla sobre la política del agua, en el que participaron tres presidentes autonómicos -los de Aragón, Murcia y la Comunidad Valenciana-, además de representantes de todas las demás comunidades. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y el presidente de Aragón, el socialista Marcelino Iglesias, defendieron la derogación del trasvase del Ebro, que tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros en su reunión de hoy, y la alternativa de las desaladoras porque, dijeron, es más barata, más ecológica y además garantiza agua todos los años, llueva o no.

Los presidentes de la Comunidad Valenciana y de Murcia, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, del PP, pidieron al PSOE que les conceda la autorización para que sus Gobiernos puedan hacer el trasvase por sí mismos. El portavoz del PP acusó a los socialistas de "ladrones" por "robar la ilusión" a Murcia.

"Es la primera vez que puedo hablar sobre la política del agua en una institución nacional", dijo Iglesias para demostrar la importancia del debate. Fue una sesión inédita, derivada del interés del Gobierno por revitalizar el Senado, en la que intervinieron las 17 comunidades autónomas y todos los grupos parlamentarios, y que terminó tras casi ocho horas de debate al filo de la medianoche.

El presidente aragonés recordó que en el siglo XX su comunidad perdió la mitad de su población, que se fue hacia la costa. Con el trasvase seguiría ese goteo, sostuvo en tono grave tras recordar que a los aragoneses les ha "dolido" que se les acuse de "deslealtad".

El debate tuvo dos ejes. Uno de legitimidad, y otro técnico. Narbona e Iglesias se empeñaron en recordar una evidencia: los socialistas han ganado las elecciones, y se presentaron prometiendo que pararían el trasvase del Ebro, así que tienen todo el derecho de cambiarlo. Camps y Valcárcel replicaron que las comunidades más afectadas están de acuerdo con el trasvase, y que éste se aprobó con el apoyo de la mayoría del Consejo del Agua.

Desaladoras

En la parte técnica, la discusión principal se centró en las desaladoras. Para Narbona, son la "tecnología del futuro". Tanto ella como Iglesias destacaron que es lo que se utiliza en países más avanzados en el tratamiento del agua, como Israel o Estados Unidos, especialmente en el Estado de California. Narbona destacó que las 15 desaladoras que el Gobierno va a poner en marcha para sustituir al trasvase no sólo son más baratas (409 millones de euros menos), sino también más ecológicas y sobre todo más "racionales". "Cualquiera puede entender que es más lógico hacer una desaladora cerca de donde se necesita que llevar agua durante 900 kilómetros desde Tortosa hasta Almería", explicó. El trasvase del Ebro, que tiene previsto derogar hoy el Consejo de Ministros -ayer presentó la memoria económica del proyecto el departamento de Medio Ambiente- era para Narbona "una irracionalidad económica, con graves deficiencias técnicas y aprobado sin consenso con la cuenca cedente". Además, recordó, iba en contra de la normativa de la Unión Europea, tanto que ésta rechazó financiarlo. La ministra destacó también que, según los datos a los que ha tenido acceso al llegar al ministerio, las otras obras al margen del trasvase, las que el PSOE considera prioritarias, no estaban ni siquiera presupuestadas.

Los presidentes de la Comunidad Valenciana y de Murcia se explayaron en explicaciones para demostrar su principal acusación: que las desaladoras tienen un impacto ecológico superior al del trasvase. Sobre todo por la dañina devolución de salmuera al mar. Camps también sostuvo que el consumo de energía será el doble que con el trasvase. Según sus cálculos, la alternativa de las desaladoras supondrá "el doble de impacto ambiental". Y añadió: "Cada año se van al mar 12 trasvases mientras hay territorios que pasan sed". Tanto defendieron el trasvase los presidentes del PP, que llegaron a pedirle a la ministra que les deje hacerlo a ellos.

Camps explicó que su Gobierno y el de Murcia están dispuestos a pagar el trasvase si el PSOE renuncia a él. La mayoría de los representantes autonómicos evitaron entrar en una batalla contra otras autonomías, y prefirieron centrar sus críticas en la ministra. Aunque el portavoz del PP, el murciano Pedro José Pérez Ruiz, llamó a los socialistas "ladrones" porque "quieren robar la ilusión, la esperanza y el futuro de Murcia".

A partir de ahí, el reparto de los representantes autonómicos fue el presumible. Las autonomías gobernadas por el PP apoyaron el trasvase y las de los socialistas lo denostaron. El País Vasco excusó su presencia. Pero no hubo votación, algo de lo que se quejaron los populares.

La principal acusación política del PP tenía que ver con los pactos en Cataluña. Camps y otros compañeros de su partido sostuvieron que los socialistas están parando el trasvase sólo para "contentar" a ERC, socio en la Generalitat y en el Congreso. El PP también buscó las contradicciones dentro de las diferentes federaciones del PSOE. Camps destacó, por ejemplo, que el ministro de Defensa, José Bono, que hoy tendrá que apoyar la derogación, votó a favor cuando era presidente de Castilla- La Mancha.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 18 de junio de 2004