Miguel Soler: “La educación pública puede convertirse en marginal en núcleos urbanos potentes”

Miguel Soler (Valencia, 70 años) fue profesor de matemáticas, ha ocupado diversos cargos en el Ministerio de Educación y la Generalitat Valenciana, es coautor de los actuales currículos educativos y un referente en materia de enseñanza dentro del PSOE. La entrevista tiene lugar poco después de cumplirse un año de las elecciones autonómicas que dieron un vuelco al poder territorial. La mayor parte de las comunidades (11) pasaron a estar presididas por el PP, en algunos casos, como en la Comunidad Valenciana, en coalición con Vox.

Pregunta. En mayo hubo jornadas de huelga en educación en Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana en defensa de la escuela pública. La respuesta de la Generalitat valenciana fue, al día siguiente, anular la contratación de 5.000 docentes para la pública que el anterior Ejecutivo, del que usted formaba parte, había acordado.

Respuesta. Nada más llegar al Gobierno de la Generalitat valenciana el PP dijo que sobraban profesores. Y han tardado un año en buscar una excusa para recortarlos. La que han encontrado incluye el argumento de que la decisión que tomamos condicionaba varios ejercicios presupuestarios, lo cual es ridículo, porque cualquier contratación pública estable en la Administración es por definición plurianual.

P. Tanto en la Comunidad Valenciana como en Andalucía y Madrid se reducen unidades (clases) de la educación pública argumentando que el alumnado está descendiendo. ¿No es inevitable?

R. La caída de la natalidad lo que tiene que permitir es mejorar la atención educativa, y, por tanto, mejorar la ratio en infantil y primaria, donde son muy elevadas. Tener 25 niños de tres años en un aula, por ejemplo, es mucho. Es indiscutible que bajar la ratio es bueno. Luego hay diferentes formas de hacerlo. Tener dos profesores en un aula es como partir un aula en dos. Unas veces es mejor que estén dos profesores simultáneamente en la clase y otras no. En cualquier caso, supone aprovechar la disminución de alumnos para dar una atención más individualizada. Y esa reducción de la ratio se puede hacer, como hicimos en la Comunidad Valenciana, municipio por municipio, atendiendo a la evolución del padrón. Suprimir unidades de la pública va dirigido, por un lado, a reducir la inversión en educación, pero casualmente no cierran aulas en la concertada.

P. Las comunidades gobernadas por el PP están reimplantando el llamado distrito único en la admisión escolar. ¿Por qué lo quitaron los ejecutivos autonómicos de izquierdas, como el valenciano, del que usted formó parte?

R. En muchos países funciona un principio general que establece que la escuela debe estar enraizada en su barrio. Se intenta que los niños vayan andando al cole, que forme parte de su entramado cultural, y recoja la variedad social que existe en la zona. Salvo casos muy concretos, como los barrios gueto, que pueden requerir actuaciones específicas, lo que mejor recoge la pluralidad es que las familias que vivan cerca de un centro educativo tengan más puntos a la hora de matricularse. Es importante dejarlo claro, porque se ha generado confusión interesada con este tema: no se trata de obligar a nadie a elegir un centro. Cada familia puede pedir ir al que quiera. Lo que decimos es que, en aquellos centros donde la demanda supera el número de plazas, el que viva enfrente tenga algún punto más para entrar que el que viva a cinco kilómetros.

P. ¿Por qué cree que ahora la derecha elimina el criterio de proximidad en la admisión escolar?

R. Hay que pensar por qué es una reivindicación de la enseñanza concertada de toda la vida. El distrito único suele ir acompañado de otros mecanismos. Lo primero es: que pueda pedirlo cualquiera, independientemente de donde viva, con la misma puntuación. Y así, en lugar de tener, pongamos, 1.000 peticiones potenciales, son 50.000. Lo segundo que han hecho ha sido introducir otros criterios de acceso. Por ejemplo, puntos por ser hijo de antiguo alumno, o por haber llevado al niño a una determinada escuela infantil, que suele ser privada y muchas veces cara… La combinación de estas nuevas reglas con la eliminación del criterio de proximidad lleva a que, en lugar de ser la familia la que elija colegio, sea el centro el que elija a la familia. Esto lo hacen muchos centros concertados, y algunos públicos. Los centros deben tener mayor autonomía en muchos aspectos para atender mejor al alumnado. Y al mismo tiempo no deben tener ninguna para seleccionar al alumnado que se quiere matricular.

P. ¿No se suponía que la actual ley educativa, la Lomloe, impedía estas prácticas?

R. Cualquier ley estatal que requiere un desarrollo autonómico en un ámbito donde, como en educación, las comunidades tienen amplias competencias, tiene difícil evitar ciertas cosas. Aun así, la Lomloe deja claro cuáles son los criterios prioritarios en la admisión de alumnos: hermanos en el centro, proximidad del domicilio o lugar de trabajo del padre o de la madre, nivel de renta de la unidad familiar…

P. En el contexto actual, de fuerte caída del alumnado como consecuencia de la natalidad, ¿cree que estos cambios pueden alterar el equilibrio entre la red escolar pública y la concertada?

R. En todos los núcleos urbanos con una masa social suficiente, sí. En muchos municipios de toda España solo hay oferta pública y, por tanto, no se va a notar. Pero en la mayoría de capitales de provincia, y en muchos núcleos urbanos potentes, puede provocar un retroceso importante de la pública. Puede haber casos donde la pública se convierta en marginal y dirigida solo a los sectores más desfavorecidos. También puede perjudicar a la concertada que no selecciona al alumnado, que la hay.

P. ¿Debe actuar el Ministerio de Educación?

R. Debe responder analizando bien las cuestiones. El criterio de proximidad del centro, por ejemplo, ha estado en vigor en todas las leyes educativas, incluida la Lomce (la anterior ley educativa, aprobada por el PP). Y si se comprueba que su aplicación se está adulterando, que las normativas autonómicas están dejando en la práctica sin efecto los criterios de escolarización que la ley dice que deben ser prioritarios, hay que actuar. Y si los tribunales están interpretando, como han hecho, que una vez establecidos los conciertos no se pueden retirar mientras el colegio tenga demanda, lo que puede llegar a provocar que en un municipio cierren dos colegios públicos y se quede solo uno concertado, habrá que modificar la normativa estatal.

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