Los empresarios catalanes reclaman un pacto para favorecer la inmigración: “La necesitamos como el aire para respirar”

España camina imparable hacia los 50 millones de habitantes, y rebasar esa frontera, tan redonda, conllevará múltiples consecuencias, del mercado de trabajo, al acceso a la vivienda, la sanidad, o la planificación del transporte. Esos números de récord, sin embargo, se quedan cortos para los empresarios: un informe publicado este jueves por el servicio de estudios de la patronal catalana Foment del Treball (SBEES) calcula que serán necesarios 140.000 inmigrantes al año en edad laboral para que el empleo no se resienta.

“Sin inmigración no podemos producir y no somos competitivos. Los poderes públicos nos tienen que escuchar”, ha insistido su presidente, Josep Sánchez Llibre, quien ha reclamado un pacto social entre los poderes públicos y la sociedad civil para favorecer la llegada de trabajadores foráneos. Durante su intervención en el centro cultural CaixaForum de Madrid, el máximo representante de la patronal catalana ha advertido de que las empresas están teniendo problemas para cubrir los puestos vacantes, y ha anunciado que enviará el documento a la CEOE, los sindicatos, el Gobierno central y las comunidades autónomas para iniciar un diálogo al respecto.

El texto, elaborado por Opina360, concluye que sin inmigración habría un déficit en la próxima década de 1,4 millones de trabajadores, y un 6,3% de los empleos no podría ser cubierto, un porcentaje que se elevaría hasta el 12% en comunidades como Galicia y Castilla y León. “Las empresas necesitamos sí o sí de la inmigración para ser más productivos y competitivos, y para generar riqueza y empleo, con el objetivo último de reducir las desigualdades económicas”, ha dicho Sánchez Llibre, que ha repetido el mismo mensaje una y otra vez.

El empresario barcelonés ha dicho ser consciente de la dificultad para alcanzar pactos en un momento de polarización política como el actual, donde además las encuestas muestran un crecimiento electoral de opciones políticas xenófobas, pero no rehúye la batalla: la semana que viene volverá a tratar el tema en una intervención conjunta con su homólogo de la CEOE, Antonio Garamendi. “La inmigración a veces se asocia a delincuencia, vandalismo y violencia. Los poderes públicos deben resolver estas situaciones. No se pueden generalizar, pero es cierto que la opinión pública tiene esta percepción”, ha lamentado.

El aumento de la inseguridad es precisamente el punto negativo que la encuesta que acompaña al estudio asocia a la inmigración, concretamente un 27,9% de los preguntados vinculan ambas realidades. En el lado positivo, más de un 40% cree que su llegada contribuye positivamente a la economía.

La publicación señala que España se encuentra inmersa en un profundo cambio demográfico. En 2035, apunta, la suma de población originaria del extranjero y sus descendientes nacidos en España podrían superar el 34% del total. Es decir, un tercio de la población estaría vinculada a la inmigración directa o indirectamente, como primera o segunda generación.

Su incorporación al mercado laboral, aseguran, se antoja muy relevante para la sostenibilidad de las pensiones y rejuvenecer una población española que ya supera los 84 años de esperanza de vida al nacer, la tercera mayor del mundo, porque tres de cada cuatro llegados del exterior tiene menos de 40 años.

El director de Opina 360 y coordinador del informe, Juan Francisco Caro, ha remarcado que es hora de plantearse qué necesidades formativas y qué perfiles necesita España, para que su integración en el mercado laboral sea más rápida. “En la construcción no puede trabajar cualquiera”, ha puesto como ejemplo.

Una de las preocupaciones que sobrevoló la jornada es cómo cubrir la próxima jubilación de millones de trabajadores. Según el estudio, una de cada cinco personas activas tiene 55 años o más, con casos extremos como el 29,8% de Zamora.

En España, las muertes superan ampliamente a los nacimientos —en 2024 hubo 433.547 defunciones, pero solo se dio a luz a 322.034 bebés—. La tendencia no es nueva, sin embargo, según el estudio, España registra el quinto crecimiento demográfico más intenso de la UE, un 20,1% entre 2000 y 2024, frente al 4,7% del conjunto de los socios, algo que se debe en buena medida a la inmigración.

En ese crecimiento existen ciertos desequilibrios, porque las provincias costeras mediterráneas, los archipiélagos y el área alrededor de Madrid concentra el 89,1% del aumento de habitantes registrado en el primer cuarto de siglo. “La población se concentra cada vez más en ciudades, las más grandes mantienen su peso, mientras las pequeñas y medianas, en muchos casos capitales de provincias, ganan protagonismo a costa de los pueblos. Como resultado, amplios espacios de la España interior siguen despoblándose lentamente”, resume el texto.

¿Es la inmigración la solución a ese problema? Félix Riera, director de la SBEES, estima que en buena medida, sí. “La actual situación económica del país está definida por el potencial de la inmigración”, afirmó. “La economía va en la buena dirección, pero necesitamos de mano de obra cualificada y no cualificada, y tenemos verdaderos problemas para absorber la demanda de nuestras empresas. [...] La inmigración es necesaria para la sostenibilidad de la sociedad del bienestar. Las empresas la necesitamos como el agua para beber o el aire para respirar”, subrayó Sánchez Llibre.