El Gobierno quiere prohibir que la FP privada pague a las empresas para que sus alumnos hagan prácticas

El Ministerio de Educación ha decidido intervenir para cortar la expansión de los nuevos centros privados de Formación Profesional, parte de ellos en manos de grandes fondos de inversión, a base de pagar hasta 500 euros a las empresas para que reservaran puestos donde realizar las prácticas a sus estudiantes, con la consecuencia de que cientos de alumnos de centros públicos se han quedado ya sin sitio para poder realizarlas y, al formar las mismas parte del currículo obligatorio, no están pudiendo completar sus titulaciones. El problema ha saltado en la Comunidad de Madrid, sobre todo en los ciclos formativos de salud, cuyos estudiantes llevan meses movilizándose y denunciando la inacción del Ejecutivo autonómico. Pero en el ministerio creen que, de no actuar rápido, se corre el riesgo de que el problema adquiera una envergadura mucho mayor, tanto en número de familias de FP como en los territorios afectados, a partir del curso que viene, cuando entre en vigor la nueva Ley de Formación Profesional, que multiplica las horas de prácticas en empresas en todas las titulaciones, lo que hace prever una batalla por conseguir puestos donde hacer prácticas.

Para frenar esa deriva, los grupos parlamentarios socialista y de Podemos presentaron el martes una enmienda ―que salió adelante en la comisión de Educación con el apoyo de otros grupos y con la oposición del PP― a la nueva Ley de Enseñanzas Artísticas, que está tramitándose en el Congreso, que prohíbe dichos pagos. El texto señala que los centros autorizados para impartir enseñanzas de Formación profesional no podrán “vincular el periodo de formación en empresa u organismo equiparado a contraprestación o donación por parte del centro de formación profesional, ni directamente ni a través de fundaciones u organizaciones vinculadas con ellos, cuando la citada estancia de formación en empresa u organismo equiparado forme parte del currículo de la oferta formativa”.

“El problema”, afirma Clara Sanz, secretaria general de Formación Profesional del ministerio de Educación, “es que los nuevos centros de FP que han surgido en los últimos años, algunos de ellos fondos de inversión, han pervertido el sistema al abonar dinero a las empresas. De esa forma, copan todos los puestos que las empresas podían ofrecer, perjudicando a los estudiantes de los centros públicos y también a los de centros privados que tradicionalmente han hecho ofertas de Formación Profesional y nunca han pagado por las prácticas”. Los estudiantes afectados, prosigue Sanz, al no obtener respuesta en el Ejecutivo regional se han dirigido directamente al ministerio, que ha instado a los grupos parlamentarios a actuar, aprovechando la tramitación de la Ley de Enseñanzas Artísticas, que decayó la legislatura pasada cuando estaba a punto de aprobarse por la convocatoria de elecciones, para retocar la Ley de Formación Profesional. Sanz considera “difícil de entender” que el grupo parlamentario de PP, un partido que gobierna en 12 comunidades autónomas, se haya opuesto a un cambio que, en su opinión, defiende al alumnado de la enseñanza pública, a la integridad del sistema educativo, a la igualdad de oportunidades y al derecho a la educación.

La mayor parte de los pagos a cambio de plazas de prácticas se han producido, asegura la secretaria general de Formación Profesional, a empresas privadas del ámbito sanitario (por ejemplo, laboratorios), y, en menor medida, en empresas públicas de gestión privada. También se han detectado pagos en otro tipo de titulaciones, como en las de Informática. Y todo indica que el curso que viene, cuando la entrada en vigor de la nueva Ley de FP multiplique las horas que los estudiantes deben pasar en la empresa ―estarán en ellas entre un 25% y un 50% de las horas que duran los cursos, cuando ahora el promedio es del 15%―, la competencia por encontrar plazas se dispare.

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