El Consejo Escolar del Estado aprueba por unanimidad el veto de los móviles en primaria y su limitación en secundaria

El Consejo Escolar de Estado ha aprobado este jueves por unanimidad una propuesta para prohibir el uso de los móviles en primaria y para limitar su uso a fines exclusivamente pedagógicos o médicos en secundaria, donde se recomienda que permanezcan apagados desde el momento de entrada a los centros hasta la salida. Por su parte, la ministra de Educación, Pilar Alegría, se ha mostrado de acuerdo con este documento de recomendaciones sobre el uso de dispositivos móviles en los centros educativos y ha asegurado que trasladará a las autonomías esta propuesta en la reunión prevista el próximo 31 de enero.

El texto del Consejo Escolar de Estado ―máximo órgano consultivo en materia educativa del Gobierno―, que recoge los problemas derivados del uso inadecuado de teléfonos móviles, tabletas o relojes inteligentes por las distracciones que ocasionan y las conductas que propicia “contra la convivencia”, recalca que avanzar hacia una educación digital responsable implica establecer “ciertos límites de tiempos y espacios de uso dentro y fuera de los centros” y sostiene que en la educación infantil y primaria el alumnado “no necesita llevar móviles” a la escuela, salvo que se autorice por razones individuales “muy específicas” relacionadas con la salud u otras circunstancias personales o familiares debidamente justificadas. El tiempo medio que tarda un alumno en recuperar la atención después de recibir una notificación ronda los 20 minutos, según el informe GEM 2023 de la Unesco.

La restricción para secundaria implica que los móviles deberán permanecer apagados en los periodos lectivos, recreos y otros tiempos de descanso, actividades complementarias y extraescolares, señala el documento. Según el mismo informe, los móviles sí se podrán emplear en secundaria con fines educativos supervisados o cuando la utilización individual de los mismos sea necesaria por razones de salud “debidamente justificadas”. En enseñanzas postobligatorias, considera que serán las direcciones de los centros las que regulen.

El pasado 13 de diciembre, el Ministerio de Educación propuso a las comunidades autónomas restringir el uso del teléfono móvil en los centros educativos, tanto de primaria como de secundaria, aunque con diferente intensidad. Mientras que en primaria ―una etapa en la que el móvil no supone un problema, porque la mayoría de las familias empiezan a comprárselo a sus hijos al pasar a la secundaria, con 11 o 12 años―, el veto sería completo, en secundaria se dejaría abierto al proyecto educativo de cada centro con fines pedagógicos, dijo entonces Alegría. El impacto del uso personal del móvil en el rendimiento académico y su empleo para grabar vídeos o lanzar mensajes en redes sociales para hacer bullying a algún compañero han llevado a uno de cada cuatro países a aprobar leyes o decretos para prohibir su uso en las aulas, señala el último informe GEM 2023 de la Unesco.

El Consejo considera que regular el uso de móviles en los centros es una medida que debería contar con “criterios básicos comunes” y, al igual que en otros países europeos, regularse en el reglamento de régimen interior de cada centro educativo. Aconseja acompañar la regulación con otras acciones ―refuerzo de departamentos de orientación y tutorías, revisión de tiempos y horarios, alternativas de ocio en el recreo― y un proceso de formación que contribuya a una educación digital del alumnado, un liderazgo digital por parte del profesorado y una participación de las familias en el uso adecuado del móvil dentro y fuera del ámbito escolar.

El aumento de la preocupación y el debate público sobre el uso del móvil entre los niños y adolescentes ha atropellado a la mayor parte de comunidades autónomas. Murcia fue la última autonomía en sumarse a la regulación de los móviles en los centros educativos y desde enero está prohibido su uso en horario lectivo, excepto para fines estrictamente didácticos. La región se sumó así a otras que ya lo regularon hace años, como Castilla-La Mancha (que fue pionera en 2014), Galicia (2015) y Madrid (2020). Desde el pasado noviembre, cuando Cataluña anunció que se planteaba una regulación y para ello había encargado un informe a la Sociedad Catalana de Pediatría, diferentes autonomías se han lanzado a limitar el uso. Andalucía fue la primera, y este mismo enero Asturias y Baleares anunciaron que ya tienen un borrador y que la medida podría empezar a aplicarse el próximo febrero.

Puedes seguir EL PAÍS Educación en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.