Trabajar sin cobrar o paralizar la tesis: 779 investigadores reciben sus contratos predoctorales tras un limbo de meses

Incertidumbre, frustración y desesperación. Son las palabras que se repiten en cada conversación con los investigadores solicitantes de los contratos predoctorales para la Formación de Profesorado Universitario (FPU), unas ayudas económicas destinadas a impulsar la redacción de tesis doctorales, y que se han resuelto de forma definitiva este jueves tras meses de retraso. De los 900 que se ofertaban, se han adjudicado 779. Durante el tiempo de demora, los candidatos vieron cómo su vida quedó trastocada: ni buscaban trabajo por la exclusividad laboral que exigen las ayudas ni se metían de lleno en su tesis. Algunos, incluso, empezaron a trabajar sin cobrar.

La jerezana de 25 años Ana Ramos llevaba inmiscuida en este proceso desde finales de 2021, cuando solicitó la ayuda por primera vez. Ramos, graduada en Educación Infantil, fue excluida por falta de méritos, recurrió la decisión y, ocho meses más tarde, en agosto de 2022, le notificaron que seguía sin entrar, a pesar de subir unas décimas. Así que lo volvió a intentar en la siguiente convocatoria, la actual. “Sientes que estás perdiendo el tiempo, que no puedes avanzar, y es frustrante”, cuenta Ramos, y añade que tuvo que rechazar otros proyectos personales mientras esperaba la resolución definitiva.

El proceso burocrático para ser beneficiario de las FPU se inició hace casi un año, el pasado 30 de diciembre de 2022. En ese momento se abrió la convocatoria, que se publicó de manera oficial unos días más tarde en el Boletín Oficial del Estado. La resolución estaba prevista que saliera entre julio y septiembre, pero el Ministerio de Universidades ―ahora integrado en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades― anunció un nuevo calendario de plazos, explicando que la concesión definitiva se posponía hasta octubre. Una promesa que tampoco se cumplió. El 29 de septiembre se publicó la lista de contratos provisionales, que sirve de referencia para ver quiénes han sido admitidos, pero que no autoriza el inicio de los contratos. Y, tras dos meses y medio de demora, la resolución definitiva se ha publicado este jueves en la página del ministerio.

El retraso en la adjudicación de los contratos predoctorales no es nuevo de este año. Ya ocurrió en la convocatoria anterior, cuando se publicó la lista oficial con dos meses de dilación, el 30 de noviembre. Con el objetivo de reducir el tiempo de espera, el ministerio cambió el procedimiento de elección, de modo que se dejaba de valorar el equipo de investigación elegido y los méritos del director de la tesis para reducir el proceso de dos fases a una.

Desde el ministerio alegan distintos motivos para excusar la tardanza. Uno de ellos es la aplicación del nuevo proceso, que en teoría iba a servir para recortar tiempos, pero que ha supuesto un aumento del 80% en las solicitudes de las FPU, que han pasado de 2.500 a 4.500, y un incremento en el número de alegaciones, que se han multiplicado por seis, según explican. Sobre la no actualización de plazos, justifican que puede deberse a un error por la transición entre gobiernos tras las elecciones generales del 23 de julio.

Cristina Rodríguez, portavoz de FJI-Precarias (una plataforma en defensa de los derechos del personal investigador), arguye que esta situación es “la tónica general” de los doctorandos. “Tenemos un calendario de plazos vago, que no siempre se cumple, con convocatorias que tardan bastante en resolverse”, espeta.

Los aspirantes han pasado dos meses y medio en un limbo burocrático. A pesar de no tener la resolución definitiva de las ayudas FPU, se tuvieron que matricular en sus respectivos doctorados. En ese momento, el tiempo para elaborar su tesis empezó a correr y algunos se vieron obligados a iniciar la investigación de manera gratuita, según corrobora la portavoz de FJI-Precarias.

Exclusividad laboral

Uno de los requisitos para acceder a los contratos FPU, cuya cuantía mensual es de unos 1.450 euros de media durante los cuatro años de duración, es no tener otro trabajo complementario. Los candidatos, una vez publicada la resolución provisional, se vieron abocados a abandonar sus empleos por la expectativa de empezar a recibir la ayuda. Así le ocurrió a Patricia Beltrán0(24 años, Benicasim, Castellón), que estuvo trabajando en una empresa privada de prevención contra la violencia de género entre junio y septiembre y no quiso renovar para no comprometer a la corporación. “Me ofrecieron seguir, pero no lo acepté porque pensaba que empezaría con el contrato predoctoral unos días más adelante y no les quería dejar tirados”, explica Beltrán, que hubiera seguido en su empleo de haber sabido el tiempo de retraso.

También Miguel Fortes (26 años, Vélez-Málaga) rechazó una renovación en la empresa de tecnología educativa en la que estuvo contratado durante los últimos tres años. “Trabajé hasta junio y decidí no seguir, creyendo que el proceso sería más rápido”, espeta. Fortes, que está matriculado en el doctorado de Educación y Comunicación social, comenta que ha pasado unos meses de “inestabilidad emocional e incertidumbre” y que tuvo que “echar mano de los ahorros”.

Más allá de las consecuencias económicas, el retraso en la concesión definitiva ha afectado también a los estudios doctorales. A Beltrán, cuya tesis versa sobre el consumo pornográfico y la rumiación, le surgió la oportunidad de asistir a un congreso de “mucho prestigio” en Gibraltar al que acudían investigadores que admira, pero tuvo que rechazarlo. “Había que pagar 380 euros para poder exponer tu trabajo y, sin tener contrato, no me lo podía permitir”, lamenta. Fortes comenta que no pudo empezar con algunas de las tareas que implica la FPU, como “colaborar con el grupo de investigación”. “Mi directora de tesis me dijo que me esperara hasta firmar el contrato”, arguye.

Coordinados a través de un grupo de WhatsApp, los candidatos a recibir las ayudas FPU enviaron un correo conjunto al ministerio para conocer en qué punto se encontraba la resolución definitiva. La respuesta, según cuenta el investigador Ismael Martos (23 años, Granada), fue “un copia y pega” para todos igual en el que se atenían a que quedaban “trámites administrativos por resolver”. La falta de información es una queja recurrente en las conversaciones con la media docena de entrevistados. Este jueves, finalmente, el ministerio envió un correo a los candidatos confirmando la publicación de la lista definitiva. Tienen 20 días desde el anuncio para incorporarse y formalizar su contrato, pero no cobrarán los meses de forma retroactiva.

En la rueda de prensa del Consejo de Ministros de este martes, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, hizo alusión a las ayudas FPU para la convocatoria del próximo año. “Aumentaremos el presupuesto un 18% y ampliaremos los contratos hasta 950″, presumió Morant, que no hizo ninguna referencia a la resolución definitiva de las ayudas de este año.

La odisea iniciada en 2021 por la jerezana Ramos ha terminado. “Desesperación es la palabra que ha definido todo este camino”, resume, y agrega que se siente aliviada. Su satisfacción es común entre el resto de candidatos, que pronto empezaran a recibir las ayudas. Han conseguido salir del laberinto burocrático.

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